lunes, 30 de noviembre de 2009

Aportan documentación sobre la actuación de Mercedes Benz durante la dictadura


Con expertise represivo internacional

El Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, con sede en Alemania, entregó antecedentes a la Justicia sobre cómo la empresa automotriz colaboró con totalitarismos en procura de “beneficios”. Los antecedentes de Carlos Ruckauf.

Por Gustavo Veiga

Las denuncias contra la empresa Mercedes Benz por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura se robustecieron la semana pasada con la presentación de un informe del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (Ecchr), con sede en Alemania. A modo de amicus curiae –un trámite judicial en el que terceros ajenos a un juicio ofrecen de manera voluntaria su opinión respecto del litigio para colaborar con el tribunal–, el organismo aportó antecedentes internacionales sobre hechos semejantes a los que se investigan en la Argentina y en los que estuvo involucrada la automotriz. Por caso, una denuncia que pesa sobre ella en la Justicia de Estados Unidos por haber colaborado con el apartheid sudafricano, además de antecedentes similares durante el régimen nazi que gobernó desde Berlín entre 1933 y 1945.

El largo y tortuoso camino recorrido por los familiares y compañeros de los catorce delegados y activistas desaparecidos de la compañía ahora parece más diáfano, según la abogada de la querella, Florencia Arieto: “Con la presentación del amicus curiae quedan muy claras algunas cosas. ¿Podía haber evitado la Mercedes Benz el secuestro de sus propios trabajadores? La respuesta es sí, aunque hubiera sido a costa de su propia producción. Por eso se aprovechó de una coyuntura política de totalitarismo para hacer desaparecer gente que pensaba distinto, por eso es cómplice de delitos de lesa humanidad”, dice Arieto, quien patrocina a Héctor Aníbal Ratto, uno de los sobrevivientes que declaró ante el Tribunal Oral Federal Nº 1. Junto a él, también se presentó la periodista alemana Gaby Weber, quien investigó las desapariciones de trabajadores en la compañía y aportó documentación desclasificada.

La causa de la Mercedes Benz ya tiene once cuerpos y el objetivo de la querella es que los jueces citen a declaración indagatoria al responsable de producción de la fábrica durante la dictadura, Juan Rolando Tasselkraut. “Está vivo y muy lúcido. Lo ubicamos en San Fernando”, señala Arieto. Según los denunciantes, los otros dos responsables de lo que ocurrió entre abril de 1976 y agosto del ’77 –período en el que desaparecieron los catorce obreros– son el ex ministro de Trabajo de Isabel Perón Carlos Ruckauf y el histórico gremialista del Smata José Rodríguez, quien falleció el pasado 6 de noviembre.

Los trabajadores desaparecidos son Rubén Oscar Caddeo, José Antonio Vizzini, Miguel Grieco, Esteban Alfredo Reimer, Víctor Hugo Ventura, Carlos Adolfo Cienciala, Oscar Alberto Alvarez Bauman, Fernando Omar Del Conte, Héctor Alberto Belmonte, Alberto Gigena, Diego Eustaquio Núñez, Jorge Alberto Leichner, Juan José Mosquera y Alberto Francisco Arenas. El primero desapareció el 5 de abril de 1976 y el último el 19 de agosto de 1977. A Juan José Martín, Alfredo Martín y a Ratto se los llevaron desde la planta de González Catán, pero fueron liberados tiempo después.

El informe presentado por el Ecchr alemán que firma su secretario general, el abogado Wolfgang Kaleck, fue realizado con el objetivo de señalar que la Argentina tiene la obligación “de perseguir y condenar a los responsables –sea cual fuere su forma de participación– de las violaciones de derechos humanos, incluyendo cuando se trata de actores no estatales”. El Centro es una organización registrada en el juzgado municipal de Berlín-Charlottenburg, trabaja con un equipo internacional de abogados y cuenta con expertos mundialmente reconocidos como Theo Van Boven, de la Universidad de Maastricht y comisionado especial de las Naciones Unidas contra la tortura.

El Ecchr, en su escrito de 36 páginas, describe que la querella presentada ante el tribunal “se dirige, entre otros, contra Juan Ronaldo Tasselkraut, quien habría cometido –si es que los hechos acusados llegan a ser probados como ciertos– actos criminales no como persona privada, sino en su función como ejecutivo de la empresa Mercedes Benz Argentina SA”. A continuación señala que “la empresa tiene antecedentes de colaboración con regímenes represivos y violadores de los derechos humanos, sobre todo en la época del nacionalsocialismo en Alemania”. Y describe que “utilizó el trabajo forzado de cerca de 50.000 prisioneros de guerra y presos de los campos de concentración ofrecidos por el régimen nazi”. Trazando un paralelo con las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Argentina, el Ecchr dice que la automotriz alemana “aparentemente tampoco habría dudado, en Sudáfrica, en entregar a las fuerzas de seguridad en bandeja a sus propios trabajadores con tendencias críticas o sindicalistas”.

El amicus curiae señala en sus conclusiones que “si no se judicializa directamente a las empresas y a sus representantes, la impunidad por las violaciones de derechos humanos sigue y se produce una situación de permisividad tácita que puede ser interpretada por las empresas en el sentido de que pueden seguir actuando en perjuicio a personas sin límites ni morales ni legales, lo cual generaría graves contradicciones y pondría en riesgo lo que aquí se ha podido determinar como principios fundamentales del derecho internacional penal: la responsabilidad penal de empresas y sus representantes por participación y colaboración en violaciones de derechos humanos”.

Arieto destacó que la audiencia en la que declararon Ratto y Weber “fue una bisagra muy interesante porque les permitió a los tres jueces del tribunal acotar el objeto de su pesquisa con el caso Ratto, como también preguntarle y solicitarle a Weber que entregara documentación como los archivos desclasificados de la Cancillería con el pedido de Ruckauf de que se echara a los trabajadores de Mercedes Benz en octubre de 1975. Smata y la empresa trabajaban como una sola unidad, legitimados por el entonces ministro, que preparó el terreno para el general Santiago Omar Riveros”, el primer condenado a prisión perpetua en la megacausa Campo de Mayo, por la desaparición del estudiante Floreal Avellaneda.

martes, 3 de noviembre de 2009

En la Justicia se tiran la pelota


Por Diego Martínez

El Tribunal Oral Federal 1 (TOF-1) de San Martín dedicó ayer un párrafo especial a la cabeza del Poder Judicial y a otros poderes del Estado por las dificultades para conseguir una sala adecuada para juzgar a Bignone & Cía., situación que obligó a postergar una semana el inicio del debate. “Desde que recibimos la causa comenzamos las gestiones”, relató su presidenta, Marta Milloc. “Libramos oficio al Consejo de la Magistratura, a la Corte Suprema y al Ministerio de Justicia con el fin de que se alquile una sala acorde, sin perjuicio de las gestiones oficiosas y pacientes del doctor (Héctor) Sagretti. No obtuvimos ninguna alternativa favorable”, afirmó. “Quien no tenía obligación institucional de resolver el problema ofreció estas instalaciones”, agregó, en referencia al intendente de Vicente López, Osvaldo García.

La postura del TOF-1, en línea con las críticas de las querellas, no se condice con el relato del tribunal supremo, para el cual “el tema estaba solucionado” y, “en cualquier caso, la solución pasaba por el Consejo de la Magistratura y por el propio tribunal” de San Martín. Según explicó a Página/12 el coordinador de la unidad de superintendencia de la Corte para juicios de lesa humanidad, Walter Venditti, “la situación fue abordada en varias reuniones y, según información del propio tribunal oral del 21 de septiembre, el inicio del debate estaba garantizado en la sala del Centro Cultural Munro”, que había “facilitado la Municipalidad de Vicente López”. Todo ello “sin perjuicio de que la Intendencia de la Cámara Federal de San Martín había conseguido un salón que reunía todas las condiciones en jurisdicción del municipio de San Martín, que finalmente fue rechazado porque al tribunal no le convenía, tal como nos lo hizo saber el Consejo de la Magistratura a través de la Dirección de Administración”, agregó.

“La Corte se enteró del nuevo inconveniente el viernes 23 de octubre por un llamado del doctor Sagretti, y desde ese momento se reactivaron en la emergencia las gestiones con los organismos pertinentes”, explicó Venditti. Tal como informó Página/12 ayer, la marcha atrás del Japonés García se produjo ante las quejas de vecinos y comerciantes de la avenida Vélez Sarsfield, quienes adujeron que el proceso “complicaría la circulación y bajaría las ventas”. “Finalmente, a partir de la nueva gestión –continuó el funcionario de la Corte–, el intendente de Vicente López, que había negado de manera repentina el auditorio antes citado, facilitó el lugar” donde ayer comenzó el juicio. “No existieron reclamos formales o informales a esta Corte, ni de los jueces actuantes ni de organismos de derechos humanos o querellas de la causa”, concluyó.

lunes, 2 de noviembre de 2009

Bignone empezó a ser juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo


El último dictador es juzgado desde ayer junto a otros cinco generales y un comisario bonaerense, acusados de 58 secuestros, desapariciones y tormentos cometidos hace tres décadas en Campo de Mayo, el mayor centro clandestino de detención del país. Julio Alak presenció el proceso y afirmó que "se trata de uno de los juicios más esperados".

Centenares de familiares levantaron las fotos de las víctimas apenas los imputados ingresaron en fila a la sala de audiencias, donde se destacaba la presencia del ministro de Justicia, Julio Alak, y miembros de organismos de derechos humanos, entre ellos Taty Almeida, Angela Boitano e HIJOS.

"Se trata de uno de los juicios mas esperados por la comunidad y por los organismos de derechos humanos, por la magnitud de lo crímenes allí cometidos", dijo Alak, quien se declaró interesado "personalmente" por haber patrocinado, tras la restauración democrática, denuncias de enterramientos clandestinos en le cementerio de Boulogne.

En los alrededores de tinglado de la localidad de Florida, conseguido a último momento por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín para sesionar, un centenar de manifestantes de la Corriente 26 de Julio, y el PC agitaban banderas.

A último momento fue excluido del juzgamiento el ex jefe de la escuela de ingenieros, Eduardo Alfredo Espósito, a quien el tribunal declaró "sin las facultades mentales plenas", aunque recomendó rehacer las pericias en seis meses.

En cambio, solo autorizó a abandonar la audiencia por la jornada inicial al ex jefe de inteligencia, Fernando Verplaetsen, afectado por un "cuadro de diarreas" con certificado médico.

Los restantes acusados son los ya condenados generales Jorge Omar Riveros, que fue jefe del Comando de Instituto Militares de Campo de Mayo, y Jorge Osvaldo García, que comandó la escuela de infantería; el ex jefe de la inteligencia militar Carlos Tepedino, y Eugenio Guañabens Perelló, ex director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate "General Lemos".

Este es el segundo juicio donde se ventilan delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, donde funcionaron al menos cuatro centros clandestinos de detención de los cuales, a diferencia de la ESMA, hubo muy pocos sobrevivientes, la mayoría de los cuales comenzará a testimoniar en los próximos días.

Los primeros casos leídos ayer referían a detenidos que lograron identificar su lugar de cautiverio a los conocidos como "El Campito" y La Casita", de donde fueron "blanqueados" en la comisaría de Bella Vista, a cargo del también imputado comisario Germán Montenegro.

El TOF 1de San Martín, que integran jueces Marta Isabel Milloc, Héctor Sagretti, Daniel Alberto Cisneros y Lidia Soto (sustituto), sesionará los martes, miércoles y jueves, con un máximo de cinco horas, para preservar la salud de los acusados, en su mayoría octogenarios que tras eludir la justicia durante tres décadas, llegan al juicio bajo el régimen atenuado de prisión preventiva domiciliaria.

domingo, 1 de noviembre de 2009

Bignone, el último presidente de la dictadura


El ex dictador Reynaldo Bignone será juzgado por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo. Riveros y Verplaetsen van por su segunda condena. Debuta el coronel Tepedino, ex jefe del Batallón de Inteligencia 601.

Por Diego Martínez

Un cuarto de siglo después de colocarle la banda presidencial a Raúl Alfonsín, el último dictador rendirá cuentas ante la Justicia. Reynaldo Benito Bignone, el general que ordenó incinerar los archivos de las Fuerzas Armadas sobre la guerra sucia y que confesó ante una periodista francesa que los desaparecidos “sólo fueron ocho mil”, comenzará a ser juzgado mañana por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, el mayor centro de torturas y exterminio del país durante la última dictadura. El ex presidente de facto tras la aventura de Malvinas, de 81 años, estará acompañado por cinco generales, incluidos tres condenados en agosto por el asesinato de Floreal Avellaneda, más el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601, coronel Carlos Alberto Tepedino, y el ex comisario Germán Montenegro. Están imputados por 56 casos de secuestros, tormentos y homicidios.

Ultima escala de miles de desaparecidos, Campo de Mayo es tal vez la mayor deuda del Poder Judicial con la sociedad argentina. A diferencia de la causa ESMA, con setenta procesados y ninguna condena, la mayor guarnición del Ejército va por su segundo juicio con el noventa por ciento de sus represores libres e impunes. La escasez de sobrevivientes es uno de los motivos, tan real como las deficiencias en la instrucción y los obstáculos de la Cámara Federal de San Martín. El condenado más famoso es el general Santiago Riveros, ex jefe del Comando de Institutos Militares, de la ex Zona IV, y responsable de los centros clandestinos El Campito, Las Casitas, el Hospital Militar donde funcionó la maternidad clandestina, y la ex Cárcel de Encausados, que hoy aloja a represores con preventiva pero donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular.

Riveros, de 86 años, quien purga su sentencia en el penal de Marcos Paz, volverá a ser juzgado junto con otros dos condenados: los generales Fernando Ezequiel Verplaetsen, 84 años, ex jefe de inteligencia, y Jorge Osvaldo García, 82 años, que esta vez no será juzgado como ex director de la Escuela de Infantería sino del Colegio Militar de la Nación, escala previa al “Campito” de varios secuestrados. García lamentó hace dos meses la pasividad de sus cómplices civiles, “entusiastas de las Fuerzas Armadas de entonces” a quienes “no se les pide adhesión pero sí memoria”. El nuevo juicio le permitirá seguir pensando el tema, ya que incluirá el caso de Héctor Ratto, obrero de Mercedes Benz. Su gerente de producción Juan Rolando Tasselkraut entregó en presencia de Ratto la dirección de uno de los catorce delegados de la firma que permanecen desaparecidos.

Los otros dos generales tienen 83 años. Eugenio Guañabens Perelló será juzgado como autor mediato de secuestros y homicidios cuando dirigía en 1977 la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate General Lemos y comandaba el área militar 470, en el partido de General Sarmiento. Eduardo Alfredo Espósito fue ese mismo año director de la Escuela de Ingenieros y jefe del área 410, que abarcaba Escobar y Tigre, pagos del preso más famoso de la causa: el ex intendente y torturador confeso Luis Patti.

El séptimo militar es Tepedino, a quien Página/12 fotografió y denunció en 2003 por violar su arresto domiciliario. El coronel retirado de 82 años fue director de Inteligencia Interior de la SIDE entre 1975 y 1977 y comandó el Batallón de Callao y Viamonte en 1978 y 1979. El 601 procesaba y redistribuía la información que los destacamentos de inteligencia del Ejército de todo el país arrancaban en las mesas de torturas. Tanto Bignone como Riveros destacaron en sus indagatorias el rol de los subordinados de Tepedino. “El traslado de detenidos era decidido por personal de inteligencia del Batallón 601 destinado en Campo de Mayo, ya que eran los especialistas en interrogatorios. Gracias a ellos se ganó la guerra”, celebró Riveros.

Uno de los torturadores más recordados entre los sobrevivientes fue Néstor León López, miembro de Prefectura Naval a quien el 601 destinó en comisión a El Campito, donde se especializó en militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. “El Alemán”, que usaba una fusta para realzar su autoridad, fue identificado cuando ya había muerto por Juan Carlos Scarpati, que no dudó al ver las fotos de su legajo. También murió a tiempo el teniente coronel Jorge Voso, alias “Ginebrón” o “Víctor”, ex responsable del centro clandestino.

Otro interrogador impune pero vivo es Carlos Eduardo Somoza, alias “Gordo” o “Fito”, ex miembro de Gendarmería y de la Central de Reunión del 601. Hace treinta años usaba el nombre de cobertura César Ernesto Segal y se especializaba en militantes de Montoneros. Tal como informó Página/12, Somoza se fugó hace tres meses con la colaboración de un agente de la División Operaciones del Departamento Seguridad del Estado de la Policía Federal, que tocó timbre en su casa y fue a un locutorio a avisar que no estaba. La captura frustrada la había requerido el juez Ariel Lijo por su rol en el Operativo Murciélago. Su detención en la causa Campo de Mayo fue solicitada hace dos años, pero ni el ex juez Martín Suares Araujo ni su subrogante Juan Manuel Yalj la ordenaron aún.

El rostro final

Tras la guerra de las Malvinas, el general Cristino Nicolaides designó en nombre del Ejército al entonces general retirado Reynaldo Benito Antonio Bignone en el Poder Ejecutivo. Las crónicas de la época hablaban de la designación por “un solo voto”, el voto del Ejército, en una estructura en la que la Junta de Comandantes se disolvía. Bignone asumió el 1º de julio de 1982 como cuarto jefe del gobierno de la última dictadura. Tenía 54 años. A fuerza del trabajo de los organismos de derechos humanos, en el país se abría el camino de la recuperación democrática. En ese contexto, Bignone inició la negociación con los partidos políticos nucleados en la multisectorial que lideraba Raúl Alfonsín y preparaba la firma de un paquete de leyes de amnistía a los militares.

“¿Cualquier gobierno surgido de las elecciones es mejor que un gobierno militar?”, preguntó por aquellos días la revista Gente. “¡No!”, respondió el general Bignone. “El fundamento esencial del sistema democrático es que surja el mejor gobierno y entonces le digo que sí, que el mejor gobierno surgido de elecciones, es mejor que un gobierno militar.”

Los sobrevivientes de los campos clandestinos recordaron años después otras frases. “En una guerra sucia, el inocente paga por los culpables.” Y Bignone es la misma persona que años más tarde, en 2003, admitió ante una cámara oculta que los instructores franceses enseñaron a los militares argentinos el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina de personas. O que el Episcopado argentino aprobó aquella práctica. “Fue una copia”, le dijo a la periodista Marie-Monique Robin, intentando comparar la batalla de Argel con la Argentina. “Inteligencia, cuadriculación del territorio dividido en zonas. La diferencia era que Argelia era una colonia y lo nuestro fue dentro del país, era una diferencia de fondo pero no de forma en la aplicación de la doctrina.”

Bignone nació en Morón, el 21 de enero de 1928. A los 19 años entró a la Infantería de Marina del Ejército, estudió en la Escuela Superior de Guerra y en la España de Franco. En 1964 ascendió a jefe del VI Regimiento de Infantería, en 1975 a secretario del Estado Mayor del Ejército y quedó como director del Colegio Militar del Palomar. Tras participar del derrocamiento de Isabel Perón, el 28 de marzo de 1976 envió a una patota que ocupó el policlínico Posadas de Haedo, convertido en centro clandestino en un operativo que terminó con 40 secuestrados. Fue subjefe del Comando de Institutos Militares debajo de Santiago Omar Riveros. Dicen que su retiro en 1981, tras la caída de Videla y el distanciamiento con las cúpulas militares que siguieron, le dio una imagen ideal a la que apeló el Ejército para la transición.

Ante la sociedad, dijo que venía a restaurar la democracia. Pero su mandato iba a incluir una tarea clave: la negociación con las fuerzas políticas para el retiro ordenado, sin investigaciones ni sanciones de los dictadores, como recuerdan Eduardo Kimel y María del Carmen Ruiz en 20 años de historia política argentina. El 28 de abril de 1983 firmó el decreto 2726 para destruir la documentación sobre detenciones, tortura y asesinato de desaparecidos. Y dictó el documento final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo, que dictaminaba la muerte de los desaparecidos. El 23 de septiembre firmó la ley de Amnistía o Pacificación Nacional para los miembros de las FF.AA. sobre todos los actos cometidos en la guerra contra la subversión que el Congreso después anulará.

El Juicio a las Juntas de diciembre de 1985 juzgó a nueve integrantes de las tres primeras juntas. La última, presidida por Bignone, fue excluida. En 1984 quedó detenido por la desaparición de dos conscriptos, pero quedó en libertad por las leyes de la impunidad. Fue detenido nuevamente en 1999, en el marco de la investigación por el robo de bebés y el secuestro y desaparición de médicos del Hospital Posadas.