La represión contra la salud
Los profesionales contaron cómo era la vida en el hospital los primeros días después del golpe de Estado. Los secuestros y la instalación, poco después, de un centro de detención en la casa que era residencia de los directores.
Por Alejandra Dandan
Las voces de los sobrevivientes del Hospital Posadas abren la puerta a una nueva faceta de la dictadura: la destrucción del paradigma del sistema de salud pública. Ayer declararon en el juicio oral que se lleva a cabo en los tribunales de Retiro tres médicos secuestrados por horas o días apenas iniciada la última dictadura. Era la primera vez que hablaban en un juicio oral. Una de ellos no dejó de tener los ojos en lágrimas hasta horas después. Otro intentó pensar si los médicos que siguieron trabajando sabían que a metros funcionó un centro clandestino. Y se detuvo en la estructura del grupo SWAT, la patota que a partir de junio de 1976 entró para meter miedo en el edificio: “Desaparecieron en la época otros compañeros, uno iba conociendo historias en el hospital –dijo Carlos Heraldo Bevila-cqua—, esto metía terror porque a uno le tocaban el timbre y no sabía si venían por uno, por razones que uno ignoraba por completo, y esto los sabíamos por otros”.
A la cabeza de los acusados de un juicio que lleva años esperando el debate está Reynaldo Bignone y parte de la patota del grupo que operó dentro del hospital, instalado en “el chalet”, la casa que hasta ese momento servía de morada a los directores y con la dictadura se convirtió en centro clandestino. Ayer declararon Lidia Albano, Bevilacqua y Camilo Campos.
El Posadas es un espacio históricamente simbólico: proyectado por el primer peronismo, paralizado con “la Libertadora”, terminó de abrirse como centro de investigación y hospital modelo en 1971. Buena parte de los médicos marcados por la dictadura habían ingresado en 1973, y estaban identificados, dicen las querellas, “porque formaban parte de una línea de profesionales y científicos comprometidos con el pueblo”. En ese lugar, el pueblo eran personas concretas, como los habitantes de la villa Carlos Gardel, también politizada durante esos años.
Lidia
Para el ’76, Lidia hacía la residencia en pediatría. El 28 de marzo terminaba una guardia de 24 horas. Descansaba. De pronto, sintió golpes en la puerta y gritos que le ordenaban a ella y a otra compañera que salieran como estaban. En la entrada del hospital había dos filas: una con los que entraban, otra con los que salían. Los militares chequeaban nombres con un listado preparado de antemano. En medio del trámite, Lidia vio en la cola de enfrente al médico que iba a reemplazarla. Se cruzó de fila para darle un papel con el estado de los pacientes. La secuestraron tres horas. La obligaron a sacarse la ropa. Quien la requisó miraba el bretel de su corpiño a contraluz y le decía: “Usted no sabe dónde se guardan las cosas los subversivos”. Lloró en la sala cuando habló de ese momento: “Mi único objetivo era volver a mi casa, yo tenía un bebé de seis meses, por lo cual estaba dispuesta a sacarme la ropa para irme”. El hombre las dejó solas con la promesa de mandarles personal femenino para un tacto. “Esperamos, nos dejó encerradas, sentíamos pasos en la puerta. Habremos estado unas tres horas, hasta que vino alguien diciéndonos que no habían podido encontrar personal, que podíamos retirarnos. Nos vestimos y acompañadas por este militar, nos pusimos a hacer la cola y salimos del hospital.”
La fiscalía que encabeza Javier De Luca le preguntó por la relación con la Carlos Gardel. En uno de los interrogatorios, los militares habían preguntado si era cierto que operaban a los guerrilleros del barrio. “Era un hospital muy joven, de gente muy joven, sobre todo del servicio de pediatría, desarrollábamos la idea de un hospital abierto a la comunidad. El edificio era muy lujoso y la gente no entraba mucho porque no parecía accesible. Entonces, teníamos pocas pacientes. Se estableció un sistema para atender a la comunidad y se abrió un consultorio en el barrio, donde los pediatras rotábamos, informábamos y derivábamos al hospital. También participábamos de campañas de control en la escuela de la zona, para informar del servicio de pediatría.” Con el tiempo, algunos de esos vecinos se sumaron a las asambleas del hospital, como actores con derecho a la palabra.
Los profesionales contaron cómo era la vida en el hospital los primeros días después del golpe de Estado. Los secuestros y la instalación, poco después, de un centro de detención en la casa que era residencia de los directores.
Por Alejandra Dandan
Las voces de los sobrevivientes del Hospital Posadas abren la puerta a una nueva faceta de la dictadura: la destrucción del paradigma del sistema de salud pública. Ayer declararon en el juicio oral que se lleva a cabo en los tribunales de Retiro tres médicos secuestrados por horas o días apenas iniciada la última dictadura. Era la primera vez que hablaban en un juicio oral. Una de ellos no dejó de tener los ojos en lágrimas hasta horas después. Otro intentó pensar si los médicos que siguieron trabajando sabían que a metros funcionó un centro clandestino. Y se detuvo en la estructura del grupo SWAT, la patota que a partir de junio de 1976 entró para meter miedo en el edificio: “Desaparecieron en la época otros compañeros, uno iba conociendo historias en el hospital –dijo Carlos Heraldo Bevila-cqua—, esto metía terror porque a uno le tocaban el timbre y no sabía si venían por uno, por razones que uno ignoraba por completo, y esto los sabíamos por otros”.
A la cabeza de los acusados de un juicio que lleva años esperando el debate está Reynaldo Bignone y parte de la patota del grupo que operó dentro del hospital, instalado en “el chalet”, la casa que hasta ese momento servía de morada a los directores y con la dictadura se convirtió en centro clandestino. Ayer declararon Lidia Albano, Bevilacqua y Camilo Campos.
El Posadas es un espacio históricamente simbólico: proyectado por el primer peronismo, paralizado con “la Libertadora”, terminó de abrirse como centro de investigación y hospital modelo en 1971. Buena parte de los médicos marcados por la dictadura habían ingresado en 1973, y estaban identificados, dicen las querellas, “porque formaban parte de una línea de profesionales y científicos comprometidos con el pueblo”. En ese lugar, el pueblo eran personas concretas, como los habitantes de la villa Carlos Gardel, también politizada durante esos años.
Lidia
Para el ’76, Lidia hacía la residencia en pediatría. El 28 de marzo terminaba una guardia de 24 horas. Descansaba. De pronto, sintió golpes en la puerta y gritos que le ordenaban a ella y a otra compañera que salieran como estaban. En la entrada del hospital había dos filas: una con los que entraban, otra con los que salían. Los militares chequeaban nombres con un listado preparado de antemano. En medio del trámite, Lidia vio en la cola de enfrente al médico que iba a reemplazarla. Se cruzó de fila para darle un papel con el estado de los pacientes. La secuestraron tres horas. La obligaron a sacarse la ropa. Quien la requisó miraba el bretel de su corpiño a contraluz y le decía: “Usted no sabe dónde se guardan las cosas los subversivos”. Lloró en la sala cuando habló de ese momento: “Mi único objetivo era volver a mi casa, yo tenía un bebé de seis meses, por lo cual estaba dispuesta a sacarme la ropa para irme”. El hombre las dejó solas con la promesa de mandarles personal femenino para un tacto. “Esperamos, nos dejó encerradas, sentíamos pasos en la puerta. Habremos estado unas tres horas, hasta que vino alguien diciéndonos que no habían podido encontrar personal, que podíamos retirarnos. Nos vestimos y acompañadas por este militar, nos pusimos a hacer la cola y salimos del hospital.”
La fiscalía que encabeza Javier De Luca le preguntó por la relación con la Carlos Gardel. En uno de los interrogatorios, los militares habían preguntado si era cierto que operaban a los guerrilleros del barrio. “Era un hospital muy joven, de gente muy joven, sobre todo del servicio de pediatría, desarrollábamos la idea de un hospital abierto a la comunidad. El edificio era muy lujoso y la gente no entraba mucho porque no parecía accesible. Entonces, teníamos pocas pacientes. Se estableció un sistema para atender a la comunidad y se abrió un consultorio en el barrio, donde los pediatras rotábamos, informábamos y derivábamos al hospital. También participábamos de campañas de control en la escuela de la zona, para informar del servicio de pediatría.” Con el tiempo, algunos de esos vecinos se sumaron a las asambleas del hospital, como actores con derecho a la palabra.
Carlos
A Carlos lo secuestraron ese mismo día. Sabía que podía pasar porque habían detenido un día antes a otra persona con un apellido parecido y cuando lo soltaron le dijeron que había sido un error. A él y a Campos se los llevaron a Coordinación Federal. Los dos estuvieron unos días.
La represión en el hospital tuvo dos etapas. La primera parte, en la que no hubo desaparecidos, por la que está acusado Bignone. La segunda, cuando el lugar pasó a depender de la Fuerza Aérea (antes estaba bajo órbita del Ejército) y empezó a operar el grupo SWAT, dejó como saldo los seis desaparecidos que integran esta causa, entre ellos Jacobo Chester y Jorge Roitman. Por esta etapa están acusados Luis Muiña y Argentino Ríos.
“No puedo precisar desde cuándo, pero durante esos años era evidente la circulación de personal armado con actitud intimidante. Podía aparecer en los lugares más insólitos: interrumpía en el consultorio o entraban en pleno ateneo exhibiendo las armas”, dijo Bevilacqua.
¿Qué se decía de las personas que de un día para el otro no estaban más?, preguntó una abogada del colectivo Kaos. “Por cosas que uno leía en el diario y cosas que iba sabiendo, uno se imaginaba que serían futuros desaparecidos. Así que se decía, hoy cayó fulanito, Jorge Roitman por ejemplo, otras personas que sin ser médicos eran detenidos y, como Chester, que había sido secretario de la terapia intensiva, una persona muy buena, muy agradable.” También preguntaron por el chalet. ¿Se sabía? “No, en ningún momento. Ni lo imaginaba”, dijo él. “Y ahora que usted me lo plantea pienso que hubiese sido terrible saber que estaban detenidos ahí, y como me enteré con los testimonios, saber de las calamidades que pasaron en ese lugar, no sé cómo decir que me preservó un poco el no saberlo.”
Acusados por homicidio
En el juicio se reconstruirán los casos de 21 víctimas, seis de las cuales permanecen desaparecidas. Las imputaciones incluyen privación ilegal de la libertad y tormentos, pero hasta ahora no hay imputaciones por homicidios. Los fiscales del juicio –Javier de Luca y Guillermo Silva, como adjunto– pidieron que se amplíe la acusación por dos de ellos como homicidios. Son los casos de Jacobo Chester y Jorge Roitman, uno de ellos sigue desaparecido y otro fue identificado. Los testimonios de dos sobrevivientes que declararon la semana pasada, Gladys Cuervo y Marta Graif, permitieron fundamentar este pedido. La defensa dio su opinión ayer y se espera que hoy se pronuncie el Tribunal Oral Federal 2.
A Carlos lo secuestraron ese mismo día. Sabía que podía pasar porque habían detenido un día antes a otra persona con un apellido parecido y cuando lo soltaron le dijeron que había sido un error. A él y a Campos se los llevaron a Coordinación Federal. Los dos estuvieron unos días.
La represión en el hospital tuvo dos etapas. La primera parte, en la que no hubo desaparecidos, por la que está acusado Bignone. La segunda, cuando el lugar pasó a depender de la Fuerza Aérea (antes estaba bajo órbita del Ejército) y empezó a operar el grupo SWAT, dejó como saldo los seis desaparecidos que integran esta causa, entre ellos Jacobo Chester y Jorge Roitman. Por esta etapa están acusados Luis Muiña y Argentino Ríos.
“No puedo precisar desde cuándo, pero durante esos años era evidente la circulación de personal armado con actitud intimidante. Podía aparecer en los lugares más insólitos: interrumpía en el consultorio o entraban en pleno ateneo exhibiendo las armas”, dijo Bevilacqua.
¿Qué se decía de las personas que de un día para el otro no estaban más?, preguntó una abogada del colectivo Kaos. “Por cosas que uno leía en el diario y cosas que iba sabiendo, uno se imaginaba que serían futuros desaparecidos. Así que se decía, hoy cayó fulanito, Jorge Roitman por ejemplo, otras personas que sin ser médicos eran detenidos y, como Chester, que había sido secretario de la terapia intensiva, una persona muy buena, muy agradable.” También preguntaron por el chalet. ¿Se sabía? “No, en ningún momento. Ni lo imaginaba”, dijo él. “Y ahora que usted me lo plantea pienso que hubiese sido terrible saber que estaban detenidos ahí, y como me enteré con los testimonios, saber de las calamidades que pasaron en ese lugar, no sé cómo decir que me preservó un poco el no saberlo.”
Acusados por homicidio
En el juicio se reconstruirán los casos de 21 víctimas, seis de las cuales permanecen desaparecidas. Las imputaciones incluyen privación ilegal de la libertad y tormentos, pero hasta ahora no hay imputaciones por homicidios. Los fiscales del juicio –Javier de Luca y Guillermo Silva, como adjunto– pidieron que se amplíe la acusación por dos de ellos como homicidios. Son los casos de Jacobo Chester y Jorge Roitman, uno de ellos sigue desaparecido y otro fue identificado. Los testimonios de dos sobrevivientes que declararon la semana pasada, Gladys Cuervo y Marta Graif, permitieron fundamentar este pedido. La defensa dio su opinión ayer y se espera que hoy se pronuncie el Tribunal Oral Federal 2.
