jueves, 29 de diciembre de 2011

Mínimas e insultantes condenas por la Causa Hospital Posadas

El último dictador, Reynaldo Bignone fue condenado este jueves a 15 años de prisión, en su tercera condena por crímenes de lesa humanidad, esta vez por 15 privaciones ilegales de la libertad cometidos en el centro clandestino de detención “El Chalet” que funcionó en el Hospital Posadas de Haedo.
 
El Tribunal Oral Federal 2 de esta Capital condenó también a 8 años de prisión y ordenó la inmediata detención del ex brigadier Hipolito Rafael Mariani, quien fuie arrestado y cumplirá prisión domiciliaria.

El tribunal aplicó además la pena de 13 años al ex custodio del hospital Luis Muiña, todos por privaciones ilegales de la libertad y tomentos a trabajadores del establecimiento, pero no por desapariciones ni asesinatos.

Un cuarto acusado, Argentino Ríos, que integraba junto a Muiña el autodenominado comando de seguridad interna o Grupo SWAT, fue separado del juicio por "razones de salud", pero será juzgado cuando se restablezca, según el fallo.

La lectura del fallo de los jueces Pablo Daniel Bertuzzi, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini fue seguida en silencio y decepción por decenas de médicos y empleados del hospital presentes en la sala, muchos de ellos ataviados con remeras con la nómina de desaparecidos, una lista que duplica el número de casos juzgados.

En la madrugada del 28 de marzo de 1976 un operativo militar con tanques y helicópteros comandado personalmente por Bignone ocupó el hospital “Alejandro Posadas” de Haedo y capturó, entre otros, al director del establecimiento, Julio Cesar Rodriguez Otero (ya fallecido), que habitaba el llamado “Chalet”, que fue convertido en centro de detención y torturas.

En los primeros días se produjeron las 15 privaciones ilegales de la libertad y tomentos juzgados en este juicios, incluidas las del médico infectólogo Jorge Roitman, y el empleado administrativo Jacobo Chester, cuyo cuerpos asesinados aparecieron luego.

Los desaparecidos y asesinados en el Posadas denunciados por el personal : Jacobo Chester (administrativo, asesinado), Jorge Roitman (médico, asesinado), Julio César Quiroga (administrativo), Maria Esther Goulecdzian (psicóloga), María Teresa García de Cuello (técnica sanitaria), Ignacio Luna Sanchez (técnico sanitario), Eduardo Carla Sala (médico), Josefina Pedemonte (docente), Daniel Eduardo Calleja (médico psiquiatra), Osvaldo Fraga (enfermero), María Angela Cairo (enfermera).

Mariani era jefe de la Brigada Aérea de El Palomar, y ya fue condenado a 8 años de prisión como jefe de la llamada Mansión Seré, pero llegó en libertad a este juicio.

Ahora sólo fue condenado por la privación ilegal de la libertad agravada de Gladis Ester Cuervo, un enfermera sobreviviente y querellante, torturada en la base.

Al termino de la lectura del veredicto quedó detenido, pero cumplirá su pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, de la que también goza el dictador Bignone, con dos condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en la guarnición de Campo de Mayo, bajo su jefatura cuando fue Comandante de Institutos Militares.

Compañeras y compañeros secuestrados y asesinados Hospital Posadas

Jacobo Chester Osvaldo Fraga Maria Esther Goulecdzian
Jacobo Chester
Empleado Estadística
Desaparecido y asesinado
27 - 11 - 1976
Osvaldo Fraga
Enfermero Emergencia
Desaparecido
01 - 12 - 1976
María Esther Goulecdzian
Psicóloga
Desaparecida
01 - 08 - 1977
Josefina Pedemonte Julio Quiroga Daniel Calleja
Josefina Pedemonte
Empleada de Guardería
Desaparecida
10 - 08- 1976
Julio Quiroga
Empleado de Imprenta
Desaparecido
05 - 01 - 1977
Daniel Eduardo Calleja
Médico Psiquiatra
Desaparecido
22 - 03 - 1977
Eduardo Carla Salas Jorge Roitman Ignacio Luna Sanchez
Eduardo Carlas Salas
Médico
Desaparecido
14 - 01 - 1977
Jorge Roitman
Médico
Desaparecido
02 - 12 - 1976
Ignacio Jesús Luna Sánchez - Estudiante Técnico de Hemoterapia
Desaparecido
25 - 07 - 1976
maría teresa de cuello María Ángela Cairo
María Teresa de Cuello
Técnica de Esterilización
Desaparecida
26 - 11 - 1976
María Ángela Cairo
Enfermera Emergencia
Desaparecida
27 - 11 - 1976

jueves, 3 de noviembre de 2011

Declararon tres médicos en la causa sobre el Hospital Posadas

La represión contra la salud

Los profesionales contaron cómo era la vida en el hospital los primeros días después del golpe de Estado. Los secuestros y la instalación, poco después, de un centro de detención en la casa que era residencia de los directores.

 Por Alejandra Dandan

Las voces de los sobrevivientes del Hospital Posadas abren la puerta a una nueva faceta de la dictadura: la destrucción del paradigma del sistema de salud pública. Ayer declararon en el juicio oral que se lleva a cabo en los tribunales de Retiro tres médicos secuestrados por horas o días apenas iniciada la última dictadura. Era la primera vez que hablaban en un juicio oral. Una de ellos no dejó de tener los ojos en lágrimas hasta horas después. Otro intentó pensar si los médicos que siguieron trabajando sabían que a metros funcionó un centro clandestino. Y se detuvo en la estructura del grupo SWAT, la patota que a partir de junio de 1976 entró para meter miedo en el edificio: “Desaparecieron en la época otros compañeros, uno iba conociendo historias en el hospital –dijo Carlos Heraldo Bevila-cqua—, esto metía terror porque a uno le tocaban el timbre y no sabía si venían por uno, por razones que uno ignoraba por completo, y esto los sabíamos por otros”.

A la cabeza de los acusados de un juicio que lleva años esperando el debate está Reynaldo Bignone y parte de la patota del grupo que operó dentro del hospital, instalado en “el chalet”, la casa que hasta ese momento servía de morada a los directores y con la dictadura se convirtió en centro clandestino. Ayer declararon Lidia Albano, Bevilacqua y Camilo Campos.

El Posadas es un espacio históricamente simbólico: proyectado por el primer peronismo, paralizado con “la Libertadora”, terminó de abrirse como centro de investigación y hospital modelo en 1971. Buena parte de los médicos marcados por la dictadura habían ingresado en 1973, y estaban identificados, dicen las querellas, “porque formaban parte de una línea de profesionales y científicos comprometidos con el pueblo”. En ese lugar, el pueblo eran personas concretas, como los habitantes de la villa Carlos Gardel, también politizada durante esos años.
Lidia

Para el ’76, Lidia hacía la residencia en pediatría. El 28 de marzo terminaba una guardia de 24 horas. Descansaba. De pronto, sintió golpes en la puerta y gritos que le ordenaban a ella y a otra compañera que salieran como estaban. En la entrada del hospital había dos filas: una con los que entraban, otra con los que salían. Los militares chequeaban nombres con un listado preparado de antemano. En medio del trámite, Lidia vio en la cola de enfrente al médico que iba a reemplazarla. Se cruzó de fila para darle un papel con el estado de los pacientes. La secuestraron tres horas. La obligaron a sacarse la ropa. Quien la requisó miraba el bretel de su corpiño a contraluz y le decía: “Usted no sabe dónde se guardan las cosas los subversivos”. Lloró en la sala cuando habló de ese momento: “Mi único objetivo era volver a mi casa, yo tenía un bebé de seis meses, por lo cual estaba dispuesta a sacarme la ropa para irme”. El hombre las dejó solas con la promesa de mandarles personal femenino para un tacto. “Esperamos, nos dejó encerradas, sentíamos pasos en la puerta. Habremos estado unas tres horas, hasta que vino alguien diciéndonos que no habían podido encontrar personal, que podíamos retirarnos. Nos vestimos y acompañadas por este militar, nos pusimos a hacer la cola y salimos del hospital.”

La fiscalía que encabeza Javier De Luca le preguntó por la relación con la Carlos Gardel. En uno de los interrogatorios, los militares habían preguntado si era cierto que operaban a los guerrilleros del barrio. “Era un hospital muy joven, de gente muy joven, sobre todo del servicio de pediatría, desarrollábamos la idea de un hospital abierto a la comunidad. El edificio era muy lujoso y la gente no entraba mucho porque no parecía accesible. Entonces, teníamos pocas pacientes. Se estableció un sistema para atender a la comunidad y se abrió un consultorio en el barrio, donde los pediatras rotábamos, informábamos y derivábamos al hospital. También participábamos de campañas de control en la escuela de la zona, para informar del servicio de pediatría.” Con el tiempo, algunos de esos vecinos se sumaron a las asambleas del hospital, como actores con derecho a la palabra. 

Carlos
A Carlos lo secuestraron ese mismo día. Sabía que podía pasar porque habían detenido un día antes a otra persona con un apellido parecido y cuando lo soltaron le dijeron que había sido un error. A él y a Campos se los llevaron a Coordinación Federal. Los dos estuvieron unos días.

La represión en el hospital tuvo dos etapas. La primera parte, en la que no hubo desaparecidos, por la que está acusado Bignone. La segunda, cuando el lugar pasó a depender de la Fuerza Aérea (antes estaba bajo órbita del Ejército) y empezó a operar el grupo SWAT, dejó como saldo los seis desaparecidos que integran esta causa, entre ellos Jacobo Chester y Jorge Roitman. Por esta etapa están acusados Luis Muiña y Argentino Ríos.

“No puedo precisar desde cuándo, pero durante esos años era evidente la circulación de personal armado con actitud intimidante. Podía aparecer en los lugares más insólitos: interrumpía en el consultorio o entraban en pleno ateneo exhibiendo las armas”, dijo Bevilacqua.

¿Qué se decía de las personas que de un día para el otro no estaban más?, preguntó una abogada del colectivo Kaos. “Por cosas que uno leía en el diario y cosas que iba sabiendo, uno se imaginaba que serían futuros desaparecidos. Así que se decía, hoy cayó fulanito, Jorge Roitman por ejemplo, otras personas que sin ser médicos eran detenidos y, como Chester, que había sido secretario de la terapia intensiva, una persona muy buena, muy agradable.” También preguntaron por el chalet. ¿Se sabía? “No, en ningún momento. Ni lo imaginaba”, dijo él. “Y ahora que usted me lo plantea pienso que hubiese sido terrible saber que estaban detenidos ahí, y como me enteré con los testimonios, saber de las calamidades que pasaron en ese lugar, no sé cómo decir que me preservó un poco el no saberlo.”

Acusados por homicidio

En el juicio se reconstruirán los casos de 21 víctimas, seis de las cuales permanecen desaparecidas. Las imputaciones incluyen privación ilegal de la libertad y tormentos, pero hasta ahora no hay imputaciones por homicidios. Los fiscales del juicio –Javier de Luca y Guillermo Silva, como adjunto– pidieron que se amplíe la acusación por dos de ellos como homicidios. Son los casos de Jacobo Chester y Jorge Roitman, uno de ellos sigue desaparecido y otro fue identificado. Los testimonios de dos sobrevivientes que declararon la semana pasada, Gladys Cuervo y Marta Graif, permitieron fundamentar este pedido. La defensa dio su opinión ayer y se espera que hoy se pronuncie el Tribunal Oral Federal 2.

jueves, 20 de octubre de 2011

Un acusado admitió que durante la última dictadura funcionó en el Hospital Posadas, un centro clandestino de detención

Con la intención de despegarse de los cargos en su contra, el ex brigadier Hipólito Rafael Mariani confirmó ayer la existencia del centro clandestino El Chalet. Fue en el inicio del juicio por la represión en el Hospital Posadas, que tiene cuatro acusados.

En su intento por despegarse de los delitos que se le imputan, el ex brigadier Hipólito Rafael Mariani confirmó ayer la existencia del centro clandestino El Chalet, que funcionó en el predio del Hospital Posadas. El oficial de la Fuerza Aérea, quien ya fue condenado como responsable de secuestros, torturas y asesinatos en Mansión Seré, fue el único de los cuatro acusados que aceptó prestar declaración indagatoria, ante una sala repleta en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py. Por guardar silencio optaron el último dictador, Reynaldo Benito Bignone, y los civiles Luis Muiña y Argentinos, únicos ex miembros del denominado “grupo Swat” que llegaron vivos el juicio. Mientras Mariani aseguraba que ordenó detener a los represores al asumir como jefe de la Brigada Aérea de Palomar, en enero de 1977, Ríos sufrió un dolor en el pecho y debió abandonar los tribunales de Retiro en ambulancia. El proceso oral y público ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 continuará hoy a las 14.

El juicio por delitos de lesa humanidad en el Hospital Posadas se inició ayer, luego de dos postergaciones y a casi tres años desde que el juez Daniel Rafecas concluyera la instrucción de la causa. La audiencia comenzó con la lectura de elevación, en la que se resumen los hechos y las acusaciones, y al mediodía los jueces les dieron la palabra a los represores. Bignone, de 83 años, ex delegado de la Junta Militar en el área de Bienestar Social, pasó al frente caminando con bastón sólo para dejar en claro que no iba a declarar. Ríos, de 66 años, que se ganó algunos gritos de “cobarde” cuando entró a la sala con muletas, se limitó a dar sus datos personales, igual que Muiña, de 57 años.

Mariani, de 84 años, reiteró el discurso con el que intentó defenderse durante las indagatorias de los últimos años. Dijo que en enero de 1977 supo “por un anónimo” de la existencia de un grupo parapolicial “al que llamaban Swat”, que hacía “ostentación visible de armas y perturbaba la tranquilidad del hospital” y que “respondía al entonces director del hospital, coronel (médico Julio) Estévez”. “Intenté morigerar la actuación de ellos, pero dijeron que tenían sus propias órdenes a las que atenerse y entonces ordené la detención de todos y los entregué a Inteligencia de la Fuerza Aérea”, declaró Mariani. Aseguró que, una vez trasladados a Palomar, ordenó liberar a todas los cautivos de El Chalet. “No tuve absolutamente nada que ver con ese tema”, intentó defenderse el militar, que a su manera confirmó la existencia del centro de detención en un área militar que el Ejército había delegado a la Fuerza Aérea y que a pesar de múltiples evidencias niega la existencia de detenidos en la base de El Palomar, unidad militar desde la que también partieron vuelos de la muerte, según la investigación del fiscal federal Federico Delgado.

Las certezas de Mariani, igual que en la etapa de instrucción, comenzaron a diluirse ante las preguntas de los fiscales federales Javier de Luca y Guillermo Silva. Indagado sobre el destino de los miembros del grupo de tareas que operaba en El Chalet, el ex brigadier dijo ignorarlo. Sobre los secuestrados, respondió de forma ambigua, invocando la falta de memoria que achaca a sus 84 abriles. “Se los mandó a su casa”, sugirió, aunque dijo ignorar los más elementales pormenores de las supuestas liberaciones. Mariani también insistió sobre una supuesta “confusión histórica” respecto de la orden de operaciones Provincia 2/76, por la cual la Fuerza Aérea se hizo cargo de la “lucha contra la subversión” en la subzona militar 16, que abarcó los partidos de Merlo, Moreno y Morón. El condenado octogenario niega esa delegación de funciones, por la cual incluso las comisarías bonaerenses quedaron bajo su jurisdicción.

El juicio ante el tribunal que integran Pablo Bertuzzi, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini continuará hoy con la declaración testimonial del Cristina Pfluger, integrante de la Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Hospital Posadas, que tiene a su cargo actualmente la muestra permanente Construyendo Memoria en el Hospital Posadas. La comisión se reúne en el aula “Los Compañeros” de la Escuela de Enfermería, que desde 1999 y con el lema “Por una enfermería con compromiso social” funciona en la casa de dos pisos donde hace 35 se instaló el centro clandestino El Chalet.

Bignone se negó a declarar en el inicio del juicio por secuestros y desapariciones en el Posadas

El ex dictador Reynaldo Bignone se negó a declarar en el inicio del juicio oral por privaciones ilegales de la libertad y tormentos ocurridos en el hospital público Alejandro Posadas durante la última dictadura.

Bignone pasó al banquillo de los acusados tras la lectura de los requerimientos de elevación a juicio y se negó a declarar al igual que otro acusado, Argentino Ríos, mientras que sí lo hizo el ex brigadier Hipólito Mariani.

El procesado admitió que existió en el Posadas, ubicado en la localidad bonaerense de Haedo Norte, un grupo "al que llamaban Swat" con "ostentación visible de armas" y que "respondía al entonces director del hospital, coronel Estevez".

"Intenté morigerar la actuación de ellos pero dijeron que tenían sus propias órdenes a las que atenerse y entonces ordené la detención de todos y los entregué a Inteligencia de la Fuerza Aérea", aseguró Mariani, quien dijo además que liberó a todos los que estaban cautivos en la casa conocida como "El chalet", centro clandestino de detención que funcionó en el hospital.

Junto a Bignone, el Tribunal Oral Federal 2 inició el juicio contra el ex brigadier Mariani, de 84 años, y dos integrantes de un grupo parapolicial que funcionó en el hospital de Haedo secuestrando y torturando médicos, enfermeras y empleados.

Se trata de Luis Muiña, de 57 años y Argentino Ríos, de 66 años, únicos sobrevivientes del grupo que en el hospital se conoció como "Swat", creado por uno de sus directores militares.

Mientras comenzaba el juicio, organismos de derechos humanos junto a sobrevivientes y familiares de víctimas del Posadas realizaron un acto frente a los tribunales federales de Retiro en Comodoro Py 2002.

El hospital Posadas sufrió la "feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder", consignó la fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio leído este jueves.

Bignone, de 83 años, ya acumula dos condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad y es juzgado ahora por 16 casos de privaciones ilegales de la libertad agravada, en su mayoría de médicos del centro asistencial retenidos durante varias horas en los días siguientes al golpe militar del 24 de marzo de 1976.

El entonces delegado de la Junta Militar en Bienestar Social arribó al hospital en Martínez de Hoz y Marconi de Haedo Norte el domingo 28 de marzo de ese año en un operativo militar que derivó en la intervención.

Según la acusación fiscal, comenzó entonces una etapa de "detenciones anómalas" de profesionales basados en informes de inteligencia del Batallón 601 del Ejército para supuestamente "descubrir actividades subversivas".

El 14 de abril de 1976 el entonces interventor ya fallecido, coronel médico Julio Estevez, pide la creación de un cuerpo de seguridad de 20 miembros, que inició una segunda etapa de represión ilegal en el hospital con secuestros y torturas en una casa ubicada en el predio, conocida como "El Chalet".

El grupo parapolicial fue bautizado como "SWAT" por los empleados del hospital y secuestraba en base a "listas previamente confeccionadas" para torturar en la que fue la casa del director del hospital destituido tras el golpe.

Las torturas se disimulaban con música "a alto volumen", apuntó la fiscalía sobre lo hecho por los acusados Muiña y Rios, quien entró a la sala de audiencias usando bastones y fue repudiado por el público bajo los gritos de "cobarde" y "zapato" hasta que el tribunal llamó al orden.

En la platea ubicada en la planta baja del auditorio de los tribunales federales de Retiro se ubicaron sobrevivientes del centro asistencial y familiares de víctimas que permanecen desaparecidas.

A Mariani se le imputa la privación ilegal de la libertad agravada de Gladis Cuervo, una enfermera secuestrada desde el 16 de diciembre de 1976 al 22 de enero de 1977, que ahora es querellante en el juicio y estuvo presente en la apertura del proceso.

La profesional fue llevada al "Chalet" y torturada reiteradamente.

"Tuvo poder decisivo a partir de su posición en el comando de la subzona como jefe de la Primera Brigada Aérea del Palomar" cuando ocurrieron los hechos y esa era la zona física donde se emplazaba el "Chalet", recordó en su requerimiento de elevación a juicio el fiscal de instrucción Federico Delgado.

Muiña y Ríos están acusados de los secuestros y tormentos de víctimas llevadas al "Chalet" entre noviembre de 1976 y enero del 77, cuando el lugar fue desmantelado.

Otro de los casos es el de Jacobo Chester, un médico secuestrado en su casa de Haedo el 26 de noviembre de 1976, trasladado al "Chalet" dentro del Posadas, torturado y luego fallecido, aunque su homicidio no forma aún parte de la acusación, algo que se intentará agregar en el debate.

Y también será ventilado lo ocurrido a Jorge Roitman, otro médico del hospital secuestrado en su casa de Ramos Mejía el 2 de diciembre de 1976, llevado al "Chalet" para ser torturado y que permanece desaparecido.

Ríos está procesado además por el secuestro del desaparecido Julio Quiroga, detenido ilegalmente por la "patota" en su casa en Castelar.

martes, 15 de marzo de 2011

Finalizó la defensa de los represores en el juicio a Bignone, Riveros y Patti

Todo para confundir justicia con venganza

Pedidos de absolución, acortamiento de eventuales penas y reclamo de prisión domiciliaria fueron el eje de las defensas.
Por Alejandra Dandan

Durante los alegatos, las querellas ya habían dicho que una de las secuelas de la dictadura era obligarlas a montar no sólo la estructura de las pruebas, sino a desmontar cada una de las mentiras que se habían construido para aniquilarlas. Cuando se pronuncian los alegatos de las defensas en los juicios orales de estos días, suele parecer que todo ese mismo proceso sigue poderosamente en pie. En José León Suárez, ayer se escuchó el alegato de la defensa oficial de Omar Riveros, Reynaldo Bignone y Martín “El Toro” Rodríguez. El abogado Juan Carlos Tripaldi intentó mostrarse deferente con las víctimas, pero una y otra vez hizo una marcha atrás en el tiempo para cuestionar la legitimidad del Estado como ámbito de recolección de pruebas en los procesos de verdad y justicia. Y como si no hubiese habido causa 13, con cierta ironía criticó el valor de los relatos aportados por los testigos: “Les propongo a cualquiera de ustedes –dijo– que intenten recordar dónde y cómo festejaron sus cumpleaños cuatro años atrás”.

Como sucedió sólo en los primeros días de audiencia, en el auditorio municipal de San Martín –donde se lleva adelante el juicio oral a Luis Abelardo Patti y los otros imputados–, se sentó Reynaldo Bignone, en su calidad de ex jefe del Comando de Instituto Militares con asiento en Campo de Mayo. Al lado se acomodó Martín “El Toro” Rodríguez, uno de los torturadores del centro clandestino, y Fernando Meneghini, ex comisario de Escobar. No estuvo Riveros y Patti se mantuvo como siempre, metros atrás de la sala, en medio del descampado, dentro de una ambulancia.

Antes del comienzo, los militantes y víctimas del terrorismo de Estado de Escobar colgaron los carteles con los nombres de los más de cuarenta desaparecidos en territorio de Patti. Dos de los antiguos militantes cuelgan y descuelgan esos enormes carteles cada uno de los días de audiencia, y se los vuelven a llevar a veces en auto, muchas a bordo de los maltrechos espacios del tren.
Sobre los testigos

Adentro, la presidenta del Tribunal Oral Federal 1, Lucila Larrandart, vapuleada en las jornadas anteriores por los dichos del ex camarista Alfredo Bisordi, reconvertido en abogado de Patti, encabezó la audiencia. Era la segunda y última jornada de alegatos de la defensa oficial. Tripaldi y Carlos Palermo defienden a los tres militares procesados. Además de pedir absoluciones y disminución de las eventuales condenas, adelantaron un pedido para que la prisión se cumpla en los domicilios. En ese contexto, Tripaldi habló de la reclusión como “una venganza” y que la decisión de mandarlos a una cárcel común es “condena a muerte encubierta, vedada por la Constitución y las políticas de derechos humanos”.

Algo de esa lógica atravesó todo el alegato: hubo un discurso que parecía perfectamente cuidado en sus tonos, con una marcada idea de respeto hacia las víctimas y los familiares, pero que finalmente terminaba desbarrancando y mostrando posiciones como ésas.

Uno de los puntos de su alegato fue una evaluación de las pruebas de los casos. El defensor debía los elementos con los que la acusación construyó la prueba para sostener que las víctimas fueron secuestradas, asesinadas o desa-parecidas por los acusados. Entre los casos de ayer, evaluó la prueba sobre el homicidio del diputado Diego Muniz Barreto. Las querellas sostienen que lo secuestraron en Escobar, que primero estuvo en la comisaría, luego en Campo de Mayo y finalmente lo inyectaron y arrojaron al cauce de un arroyo encerrado adentro de un auto. Con él estaba su secretario privado Juan José Fernández, que sobrevivió. Le contó a un escribano amigo lo que le había pasado, escribió todo en una carta y peleó durante años en contra de la teoría oficial que decía que aquella muerte había sido producto de un accidente.

Tripaldi no sólo insistió con la teoría del accidente, negó que hayan estado en Campo de Mayo y en Escobar; cuestionó cada línea de la carta, no admitió siquiera que la haya escrito Fernández, pero se detuvo especialmente en dos testimonios que sostuvieron durante el juicio las presencias en Campo de Mayo. Uno es el testimonio del sargento Víctor Ibáñez y otro el de Cacho Scarpati, uno de los pocos sobrevivientes del Campo.

Con Scarpati se remitió a una vieja resolución de la Cámara de Apelaciones que rechazó en una ocasión su testimonio como si luego no hubiese sido objeto de prueba, una y otra vez, en muchos otros juicios. A Ibáñez, en cambio, intentó descalificarlo y lo ubicó como eventual arrepentido, pero uno de los principales problemas no técnicos sino políticos de su argumentación es que para eso socavó o cuestionó peligrosamente (dado que es un defensor oficial y no privado) espacios construidos desde el Estado o desde los organismos de derechos humanos para acumular documentos y pruebas durante años sobre la represión ilegal mientras se se había mutilado el camino de la Justicia.

Una de las veces le disparó a la ex Dipba, hoy a cargo de la Comisión Provincial por la Memoria, donde trabajan peritos del Poder Judicial, alguno de los cuales declaró en el juicio. Un testimonio que el abogado cuestionó porque el empeño que pusieron los peritos para encontrar las pruebas –empeño del que hablaron– no garantizaría el derecho de justicia y defensa de sus defendidos. El otro espacio cuestionado fue el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el primer espacio en el que Ibáñez dio testimonio. A tono con lo que había sucedido en otro de los juicios, entre los problemas que enumeró se refirió a que la Secretaría de Derechos Humanos “está fuera del control judicial”.

La causa 13 suele ser criticada, entre otras cosas, porque consagró en su fallo la teoría de los dos demonios. Uno de los aportes que nadie discute, en cambio, es la elaboración que hizo el Tribunal sobre el peso de la prueba testimonial. El relato de los sobrevivientes se tomó como prueba superlativa de la existencia de los campos y de lo que sucedió con los desaparecidos. Este es otro de los puntos contra los que apuntó el defensor oficial. Cuestionó el testimonio de un médico, por ejemplo, preguntándose cómo era posible que recuerde 34 años después detalles de lo que había sucedido con uno de los cuerpos. Pero, además, explicó que la mayoría de los relatos de quienes declararon no podrían usarse como prueba porque pertenecen a familiares, a víctimas o amigos de las víctimas, no pueden ser consideradas pruebas “independientes” ni “indiscutibles”.

Uno de los cuestionados fue nuevamente Ibáñez. En ese caso, dijo que lo suyo había sido producto de una “astuta preparación”, porque recordó que a las tres de la mañana del día en el que asesinaron a Diego Muniz Barreto un compañero lo despertó para decirle que lo habían mandado con dos prisioneros a la puerta. Tiempo después ambos se dieron cuenta de que los dos prisioneros eran Muniz Barreto y Fernández. La hora coincide con el momento en el que deberían haber salido de Campo de Mayo para llegar al arroyo a la hora en la que lo sitúan los otros testigos. Allí fue cuando Tripaldi mencionó lo de la fiesta de cumpleaños.

Pero el problema es que de lo que se acordó no era de un cumpleaños, sino de la preparación de un homicidio, decía afuera la hija de una de las víctimas. Cuestiones que de momento y afortunadamente no parecen intercambiables.

lunes, 28 de febrero de 2011

Inicio del juicio contra Videla, Bignone y otros, por el robo de bebés hijos de desaparecidos

 ARRANCA HOY EL JUZGAMIENTO POR EL PLAN SISTEMATICO DE LA ULTIMA DICTADURA
El robo de bebés llega al juicio oral

Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone y otros seis represores serán juzgados desde hoy por el robo de los hijos de desaparecidos. Pasarán unos 370 testigos. Entre otros casos, se ventilarán los de la nieta del poeta Juan Gelman y el de Estela de Carlotto.
Por Alejandra Dandan

“Nada nos devolverá lo irrecuperable porque muchas abuelas murieron sin sus nietos, porque no hay manera de recuperar los años que no pudimos compartir con nuestros hermanos, pero la justicia es reparadora”, escribieron desde la agrupación HIJOS durante el fin de semana, en medio de una circular que recuerda que hoy finalmente comienza el debate oral del esperado Juicio por el Plan Sistemático de Robo de Bebés durante la última dictadura. Con las bajas de Cristino Nicolaides y Emilio Massera, muertos antes del comienzo, serán juzgados ocho represores, entre ellos los dos ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. El debate que estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 6, presidido por María del Carmen Roqueta, se extenderá por lo menos durante ocho meses en los Tribunales de Retiro. Pasarán unos 370 testigos que declararán sobre los 34 casos, entre otros la apropiación de la nieta del poeta Juan Gelman, el nieto de Estela de Carlotto y el de María “Chicha” Chorobik de Mariani.

Los casos son sólo una parte de los más de cien nietos recuperados y de los 400 que aún faltan por encontrar, una muestra que intentará dejar en claro con el correr de las audiencias el robo de niños como parte de un plan sistemático del Estado terrorista.

“Esto es producto de un largo reclamo de justicia, estos hechos habían quedado excluidos del alcance de las leyes de impunidad pero recién ahora, después de todos estos años de democracia, se logra que lleguen a juicio”, indicó Alejo Ramos Padilla, abogado de la Fundación Anahí, de la que es parte Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, querellante de la causa y quien luego de pedir una audiencia extraordinaria declaró el año pasado temerosa de no estar en condiciones de hacerlo para el demorado comienzo del juicio.

Además de Videla y Bignone, en el espacio destinado a los acusados se sentará Antonio Vañek, ex jefe del Comando de Operaciones Navales; Jorge Eduardo Acosta, que estuvo a cargo de la Unidad de Inteligencia del GT 3.3.2 de la ESMA; Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo; Rubén Oscar Franco, comandante en jefe de la Armada desde el 19 de octubre de 1982 hasta el 10 de diciembre de 1983. Como autores materiales serán juzgados además Juan Antonio Azic y el médico Jorge Luis Magnacco. Todos acusados por sustracción, retención y ocultamiento de menores y sustitución de sus identidades.

Pese a eso, la lista de acusados no está cerrada. Como se trata de una causa “viva” porque existen expedientes que avanzan en forma paralela en distintos juzgados de primera instancia –por el impulso principalmente de muchas de las víctimas–, a lo largo del debate podrían incorporarse más acusados.

Las audiencias estarán a cargo del TOF 6 con Roqueta, Julio Luis Panelo, Domingo Luis Altieri y Pablo García de la Torre como juez sustituto. De la formación quedó excluido José Valentín Martínez Sobrino, recusado por Chicha Mariani y finalmente apartado de la causa. Los fiscales serán Martín Niklison, Félix Crous y la adjunta María Saavedra, hija de una de las víctimas de la represión en Tucumán. Entre los querellantes además de la Fundación Anahí, está Abuelas de Plaza de Mayo –representada por Luciano Hazan, Alan Iud y Emanuel Lovelli–; el poeta Juan Gelman, representado por Marcelo Buigo; Cecilia Pilar Fernández de Viñas, Norma Quintela Dallasta y María Victoria Moyano Artigas, representadas por Alcira Ríos.

Las audiencias se harán los lunes, martes y miércoles, con intervalos de quince días, en uno de los auditorios del subsuelo de Comodoro Py.

viernes, 4 de febrero de 2011

Alegato de querellantes : "señor juez, queremos decir que acá en Argentina hubo un genocidio.”

“Quisieron que el miedo nos paralizara”

El abogado Pablo Llonto pidió prisión perpetua para los represores acusados de los secuestros y asesinatos de Gastón Gonçalves y Diego Muniz Barreto. Hizo hincapié en el carácter de “genocidio” del plan sistemático aplicado por la dictadura.  
 Por Alejandra Dandan

“Quisieron que tuviéramos miedo de la ideología y que ese miedo nos paralizara, pero queremos decir que Gastón Gonçalves era un cuadro de Montoneros; que los hermanos Guillermo y Luis Rodolfo D’Amico eran orgullosamente militantes de la JP y Diego Muniz Barreto, diputado de la Tendencia y un militante político que luchó contra todo tipo de injusticias: ésos son nuestros héroes y desaparecidos –dijo Pablo Llonto– y quienes en la ausencia nos enseñaron a vivir pensando en construir un mundo más justo, más libre y más igualitario.”

Con uno de los ejes puestos en la militancia política de las víctimas de la represión, se abrió la última etapa de alegatos del juicio a Luis Abelardo Patti, y los generales Omar Riveros y Reynaldo Bignone entre otros represores. En el auditorio municipal de José León Suárez, las querellas representadas por Pablo Llonto y Ana Oberlín retomaron la condición de militantes políticos de las víctimas para fundamentar un pedido de condena a prisión perpetua para todos los acusados en el marco de un genocidio. En la lectura del marco general y de las pruebas, pidieron en distintos momentos a los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que, como viene sucediendo en otros juicios, mencionen la palabra genocidio en la condena y además exhorten a los legisladores a avanzar con una legislación penal que empiece a mirar desde ese lugar la historia reciente en Argentina. Un genocidio definido a su vez como político: “Preferimos calificarlo como genocidio político reconociendo que todos los genocidios son ideológicos, pero los genocidas, entre los que se encuentran los cinco que se están juzgando aquí, querían exterminar a quienes querían impulsar una revolución en la sociedad”, dijo Llonto. El rol de la prensa durante la dictadura y la discusión sobre cómo avanzar con las condenas a perpetua cuando para hacerlo la Justicia todavía requiere de cuerpos o de la materialidad a los desaparecidos.

Las audiencias de José León Suárez recomenzaron después de un mes. El debate había terminado en diciembre con el alegato de los fiscales que pidieron perpetua a los cinco acusados de la causa: Riveros, Bignone, Patti pero además Fernando Meneghini que era el jefe de la comisaría de Escobar durante la dictadura y superior directo de Patti y Martín “El Toro” Rodríguez, torturador de Campo de Mayo y uno de los jefes del centro clandestino. La sala estuvo repleta desde temprano de militantes, integrantes de los organismos de derechos humanos y de la Comisión de Campo de Mayo, hijos y familiares de las víctimas. Del lado de los acusados, estuvo Meneghini y como en cada una de las audiencias, volvió a faltar la figura de Patti. El represor permaneció alojado en una ambulancia durante las primeras tres horas, luego de las cuales uno de los médicos anunció que debía irse por problemas de presión.

Llonto habló poco más de tres horas. Explicó especialmente por qué se estaba hablando de genocidio. Antes de arrancar, sin embargo, detalló una de las particularidades del juicio con un dato: entre las víctimas –dijo– no hay ningún sobreviviente: los dos que no murieron durante la represión, lo hicieron más tarde. Son Juan José Fernández, secretario privado del ex diputado Diego Muniz Barreto que se escapó del auto en el que los arrojaron al río y murió en España. Y también murió el secuestrado y luego liberado Osvaldo Ariosti.

“Las víctimas no están, los victimarios son los que están vivos –marcó Llonto–, pero a las víctimas no las derrotaron, van a retornar sus pensamientos, sus vidas, sus rostros.” Este juicio, siguió, tiene entre los acusados a uno de los represores más jóvenes que tuvo la dictadura: Luis Abelardo Patti que entonces tenía 28 años y acaso uno de los más viejos: Omar Riveros, el general de la muerte, dijo, que entonces tenía 53 años y ahora tiene 87.

Luego de algunos acuerdos, la querella descartó la idea de acusar por el delito de genocidio cuya tipificación en el país está en discusión y que fue un camino de avanzada que usó la fiscalía de Alejandro Alagia en la causa ABO (Atlético, Banco y Olimpo). Optó, en cambio, por el modelo abierto a partir de la sentencia de Carlos Rozanski en La Plata y reforzado por el fallo del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero en el juicio de Cecilio Kamenetzky del año pasado. Ambos fallos, con diferencia de matices, incluyeron la palabra genocidio en la condena: lo que ahora las querellas pidieron al tribunal.

“La represión nazi no incluyó sólo a los judíos”, dijo Llonto cuando intentó explicar por qué el exterminio al enemigo político debería ingresar en la misma categoría. La represión nazi, dijo, incluyó además a “comunistas, anarquistas, homosexuales, gitanos, discapacitados, como aquí sucedió donde miles de ellos estuvieron secuestrados en los campos de concentración”. Para marcar el carácter político del exterminio nazi habló de la Operación Barba Roja y del caso de Margaret Neumann, miembro del Partido Comunista que tras exiliarse en la Unión Soviética a pedido de Hitler fue devuelta a las cárceles alemanas por Stalin. Nombró, además, las presiones de la Unión Soviética y Estados Unidos para retirar la mención de “grupo político” de la definición de genocidio de la Convención de 1948. “Entonces nos quedó el fatídico artículo dos –dijo–: cualquiera de los actos mencionados a continuación para destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso son considerados genocidio y ya no hay más grupo político”, indicó. “Pero aun usando esa estrecha definición, señoras juezas y señor juez, queremos decir que acá en Argentina hubo un genocidio.” Pero, aclaró, “a no preocuparse: porque no discutimos la tipificación, discutimos el concepto para saber si hubo o no”.

Durante las audiencias, uno de los testigos contó que alguna vez Patti le explicó por qué se habían llevado a su hermano: “Tu hermano era peligroso –le dijo– porque avivaba giles”. Llonto lo retomó para hablar de ese mismo rol político de los militantes y recuperar palabras como la lógica revolucionaria. “Un término muy argentino que marca a este genocidio político –dijo– al que le molestaba que hubiera jóvenes que avivaran a otros jóvenes, que era despertarles una conciencia de militancia; los genocidas querían giles; querían jóvenes que no discutieran de política, de derechos laborales, de revolución o de lo que pasaba en Latinoamérica.”

El alegato que incluyó la construcción sobre qué sucedió con cada una de las víctimas y la evaluación de las pruebas, se detuvo en asuntos pendientes que están siendo revisados en los juicios. Uno de ellos fue el rol de la Justicia durante la dictadura y la prensa: “Nunca fue debidamente publicado cómo murió Diego Muniz Barreto”, dijo Llonto. Los medios publicaron la falaz noticia del accidente, y eso no era cierto. Habló de “esta vergüenza de la prensa” y también de las escasas excepciones como la agencia Ancla y Rodolfo Walsh que 17 días después del crimen llegó a incluir el dato del asesinato en su Carta a las Juntas. También, el caso de Robert Cox que desde el Buenos Aires Herald “abrió una pequeña ventana para que las penas de los familiares se convirtieran en gritos de auxilio”.
Los cuerpos

La ausencia de cuerpos hizo que los fiscales primero y luego Llonto y Oberlín no pudieran pedir condenas a perpetua por cuatro homicidios, sino por dos porque los otros dos cuerpos no están, son desaparecidos. “Los hermanos D’Amico están desaparecidos pero no vamos a negar que están muertos, sin embargo no vamos a poder reclamar por el homicidio de ellos.” Es la paradoja, dijo, de tener que pedir dos condenas por homicidio por el caso de Gonçalves y de Muniz Barreto, mientras habrá que seguir buscando los otros restos. En ese sentido, también pidió al Tribunal una revisión hacia atrás: que exhorte a los juzgados de instrucción para entender que en los casos de genocidio y terrorismo de Estado, el hecho de que los cuerpos de las personas asesinadas no hayan sido encontrados no impida que se encare la instrucción por homicidio: “Penal y procesalmente se sabe que la ausencia de un cadáver no impide tener probado un homicidio”.

Luego de describir la responsabilidad de cada uno de los acusados con las víctimas, indicó que en Escobar “hubo un circuito que comenzaba en la comisaría de Escobar o Garín, seguía en la Unidad Regional y terminaba en Campo de Mayo, como le pasó a Muniz Barreto. Allí se decidía el destino final del secuestrado o a veces se lo decidía en la misma comisaría, como les ocurrió a Gonçalves y los hermanos D’Amico”, concluyó Llonto.

En la sala se escuchó un “uh” cuando los defensores de Patti anunciaron que debía irse por su estado de salud. Luego un aplauso cuando estaba hablando Llonto. La jueza Lucila Larrandart a cargo del TOF1 pidió silencio en la sala mientras se acercaba el final.