martes, 9 de febrero de 2010

Pueden obviarnos y silenciarnos, pero estamos y estaremos


Por Andrea Benites-Dumont

Para este miércoles 10/02/10 se prevé el inicio del alegato de la querella representada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Luego arrancará la exposición de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. En tanto, durante la semana próxima no se realizarán audiencias y el jueves 25 de febrero comenzarán los alegatos de las defensas.
El debate arrancó en noviembre pasado y prestaron declaración testimonial más de 100 personas. Se trata de la segunda causa que llega a esa instancia procesal por violaciones a los derechos humanos cometidas en el ámbito de Campo de Mayo, durante el último gobierno militar.
Los represores imputados son :
Santiago Omar Riveros (comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo)
- Fernando Exequiel Verplaetsen (jefe del departamento de inteligencia de Campo de Mayo)
- Jorge Osvaldo García (director de la escuela de infantería de Campo de Mayo)
(Cabe recordar que los tres acusados ya fueron condenados por el mismo tribunal en agosto pasado a las penas de prisión perpetua, 25 y 18 años de prisión respectivamente, en el juicio por la muerte de Floreal Avellaneda y el secuestro de su madre, Iris Pereyra de Avellaneda).
- Carlos Alberto Tepedino (jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General  del Ejercito durante el año 1978)
- Germán A. Montenegro (comisario de la Comisaría de Bella Vista en 1977).
Los delitos que se les imputan son: allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, durante los años 1976 a 1978, ocurridos en el Centro Clandestino de detención de Campo de Mayo.
Si bien los medios de comunicación oficiales y no tanto, han dado debida cobertura al número de años pedidos por tanto por el Ministerio Fiscal como de la Secretaría de Derechos Humanos, con lujo de detalle de abogados y fiscales, esquivando las peticiones e incidencias varias presentadas por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, y han obviado en cada comunicación la calificación del delito de genocidio argumentado minuciosa y contundentemente en cada escrito del procedimiento.
Y como debería ser, las pruebas ubicarían el espacio de referencia sustancial, y quienes las aportan, no son los funcionarios estatales que acumulan curriculum para su institución. Las pruebas las aportan con voz memoriosa, detallada y desgarrada los sobrevivientes.
Por el sufrimiento –y la incomprensión- de haber custodiado los detalles de la remembranza; por los padecimientos en los campos clandestinos de detención, y por presentarse ante la soledad social -cuando no rehuidos- con el mismo pacto fraterno de porque luchábamos nos desaparecieron; porque aparecimos seguimos luchando”, deberían tener la consideración y respeto, y el agradecimiento sino operaran los cánones de competición y protagonismo que denigra a todos y cada los sectores y actores que reducen la presencia, cuando lo hacen,  de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos a media línea de mención. Este síntoma de salud moral de quienes así actúan, marcan la diferencia sustancial de quienes califican Genocidio al plan de exterminio aplicado por las fuerzas represivas; marca la diferencia de encarar todos y cada uno de los segmentados y desmembrados procedimientos judiciales.
Marca la diferencia de continuar el compromiso de la búsqueda de justicia y construir la memoria, no solo del horror sino también de la lucha de nuestro pueblo y sus organizaciones por construir una sociedad más justa., que excede los ámbitos judiciales, los agrupamientos políticos, está en el compromiso inquebrantable por los 30.000.  
Y por esto, nada más ni nada menos, los juicios van a seguir adelante. 
Andrea Benites-Dumont (10/02/10)




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