lunes, 28 de febrero de 2011

Inicio del juicio contra Videla, Bignone y otros, por el robo de bebés hijos de desaparecidos

 ARRANCA HOY EL JUZGAMIENTO POR EL PLAN SISTEMATICO DE LA ULTIMA DICTADURA
El robo de bebés llega al juicio oral

Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone y otros seis represores serán juzgados desde hoy por el robo de los hijos de desaparecidos. Pasarán unos 370 testigos. Entre otros casos, se ventilarán los de la nieta del poeta Juan Gelman y el de Estela de Carlotto.
Por Alejandra Dandan

“Nada nos devolverá lo irrecuperable porque muchas abuelas murieron sin sus nietos, porque no hay manera de recuperar los años que no pudimos compartir con nuestros hermanos, pero la justicia es reparadora”, escribieron desde la agrupación HIJOS durante el fin de semana, en medio de una circular que recuerda que hoy finalmente comienza el debate oral del esperado Juicio por el Plan Sistemático de Robo de Bebés durante la última dictadura. Con las bajas de Cristino Nicolaides y Emilio Massera, muertos antes del comienzo, serán juzgados ocho represores, entre ellos los dos ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. El debate que estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 6, presidido por María del Carmen Roqueta, se extenderá por lo menos durante ocho meses en los Tribunales de Retiro. Pasarán unos 370 testigos que declararán sobre los 34 casos, entre otros la apropiación de la nieta del poeta Juan Gelman, el nieto de Estela de Carlotto y el de María “Chicha” Chorobik de Mariani.

Los casos son sólo una parte de los más de cien nietos recuperados y de los 400 que aún faltan por encontrar, una muestra que intentará dejar en claro con el correr de las audiencias el robo de niños como parte de un plan sistemático del Estado terrorista.

“Esto es producto de un largo reclamo de justicia, estos hechos habían quedado excluidos del alcance de las leyes de impunidad pero recién ahora, después de todos estos años de democracia, se logra que lleguen a juicio”, indicó Alejo Ramos Padilla, abogado de la Fundación Anahí, de la que es parte Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, querellante de la causa y quien luego de pedir una audiencia extraordinaria declaró el año pasado temerosa de no estar en condiciones de hacerlo para el demorado comienzo del juicio.

Además de Videla y Bignone, en el espacio destinado a los acusados se sentará Antonio Vañek, ex jefe del Comando de Operaciones Navales; Jorge Eduardo Acosta, que estuvo a cargo de la Unidad de Inteligencia del GT 3.3.2 de la ESMA; Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo; Rubén Oscar Franco, comandante en jefe de la Armada desde el 19 de octubre de 1982 hasta el 10 de diciembre de 1983. Como autores materiales serán juzgados además Juan Antonio Azic y el médico Jorge Luis Magnacco. Todos acusados por sustracción, retención y ocultamiento de menores y sustitución de sus identidades.

Pese a eso, la lista de acusados no está cerrada. Como se trata de una causa “viva” porque existen expedientes que avanzan en forma paralela en distintos juzgados de primera instancia –por el impulso principalmente de muchas de las víctimas–, a lo largo del debate podrían incorporarse más acusados.

Las audiencias estarán a cargo del TOF 6 con Roqueta, Julio Luis Panelo, Domingo Luis Altieri y Pablo García de la Torre como juez sustituto. De la formación quedó excluido José Valentín Martínez Sobrino, recusado por Chicha Mariani y finalmente apartado de la causa. Los fiscales serán Martín Niklison, Félix Crous y la adjunta María Saavedra, hija de una de las víctimas de la represión en Tucumán. Entre los querellantes además de la Fundación Anahí, está Abuelas de Plaza de Mayo –representada por Luciano Hazan, Alan Iud y Emanuel Lovelli–; el poeta Juan Gelman, representado por Marcelo Buigo; Cecilia Pilar Fernández de Viñas, Norma Quintela Dallasta y María Victoria Moyano Artigas, representadas por Alcira Ríos.

Las audiencias se harán los lunes, martes y miércoles, con intervalos de quince días, en uno de los auditorios del subsuelo de Comodoro Py.

viernes, 4 de febrero de 2011

Alegato de querellantes : "señor juez, queremos decir que acá en Argentina hubo un genocidio.”

“Quisieron que el miedo nos paralizara”

El abogado Pablo Llonto pidió prisión perpetua para los represores acusados de los secuestros y asesinatos de Gastón Gonçalves y Diego Muniz Barreto. Hizo hincapié en el carácter de “genocidio” del plan sistemático aplicado por la dictadura.  
 Por Alejandra Dandan

“Quisieron que tuviéramos miedo de la ideología y que ese miedo nos paralizara, pero queremos decir que Gastón Gonçalves era un cuadro de Montoneros; que los hermanos Guillermo y Luis Rodolfo D’Amico eran orgullosamente militantes de la JP y Diego Muniz Barreto, diputado de la Tendencia y un militante político que luchó contra todo tipo de injusticias: ésos son nuestros héroes y desaparecidos –dijo Pablo Llonto– y quienes en la ausencia nos enseñaron a vivir pensando en construir un mundo más justo, más libre y más igualitario.”

Con uno de los ejes puestos en la militancia política de las víctimas de la represión, se abrió la última etapa de alegatos del juicio a Luis Abelardo Patti, y los generales Omar Riveros y Reynaldo Bignone entre otros represores. En el auditorio municipal de José León Suárez, las querellas representadas por Pablo Llonto y Ana Oberlín retomaron la condición de militantes políticos de las víctimas para fundamentar un pedido de condena a prisión perpetua para todos los acusados en el marco de un genocidio. En la lectura del marco general y de las pruebas, pidieron en distintos momentos a los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que, como viene sucediendo en otros juicios, mencionen la palabra genocidio en la condena y además exhorten a los legisladores a avanzar con una legislación penal que empiece a mirar desde ese lugar la historia reciente en Argentina. Un genocidio definido a su vez como político: “Preferimos calificarlo como genocidio político reconociendo que todos los genocidios son ideológicos, pero los genocidas, entre los que se encuentran los cinco que se están juzgando aquí, querían exterminar a quienes querían impulsar una revolución en la sociedad”, dijo Llonto. El rol de la prensa durante la dictadura y la discusión sobre cómo avanzar con las condenas a perpetua cuando para hacerlo la Justicia todavía requiere de cuerpos o de la materialidad a los desaparecidos.

Las audiencias de José León Suárez recomenzaron después de un mes. El debate había terminado en diciembre con el alegato de los fiscales que pidieron perpetua a los cinco acusados de la causa: Riveros, Bignone, Patti pero además Fernando Meneghini que era el jefe de la comisaría de Escobar durante la dictadura y superior directo de Patti y Martín “El Toro” Rodríguez, torturador de Campo de Mayo y uno de los jefes del centro clandestino. La sala estuvo repleta desde temprano de militantes, integrantes de los organismos de derechos humanos y de la Comisión de Campo de Mayo, hijos y familiares de las víctimas. Del lado de los acusados, estuvo Meneghini y como en cada una de las audiencias, volvió a faltar la figura de Patti. El represor permaneció alojado en una ambulancia durante las primeras tres horas, luego de las cuales uno de los médicos anunció que debía irse por problemas de presión.

Llonto habló poco más de tres horas. Explicó especialmente por qué se estaba hablando de genocidio. Antes de arrancar, sin embargo, detalló una de las particularidades del juicio con un dato: entre las víctimas –dijo– no hay ningún sobreviviente: los dos que no murieron durante la represión, lo hicieron más tarde. Son Juan José Fernández, secretario privado del ex diputado Diego Muniz Barreto que se escapó del auto en el que los arrojaron al río y murió en España. Y también murió el secuestrado y luego liberado Osvaldo Ariosti.

“Las víctimas no están, los victimarios son los que están vivos –marcó Llonto–, pero a las víctimas no las derrotaron, van a retornar sus pensamientos, sus vidas, sus rostros.” Este juicio, siguió, tiene entre los acusados a uno de los represores más jóvenes que tuvo la dictadura: Luis Abelardo Patti que entonces tenía 28 años y acaso uno de los más viejos: Omar Riveros, el general de la muerte, dijo, que entonces tenía 53 años y ahora tiene 87.

Luego de algunos acuerdos, la querella descartó la idea de acusar por el delito de genocidio cuya tipificación en el país está en discusión y que fue un camino de avanzada que usó la fiscalía de Alejandro Alagia en la causa ABO (Atlético, Banco y Olimpo). Optó, en cambio, por el modelo abierto a partir de la sentencia de Carlos Rozanski en La Plata y reforzado por el fallo del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero en el juicio de Cecilio Kamenetzky del año pasado. Ambos fallos, con diferencia de matices, incluyeron la palabra genocidio en la condena: lo que ahora las querellas pidieron al tribunal.

“La represión nazi no incluyó sólo a los judíos”, dijo Llonto cuando intentó explicar por qué el exterminio al enemigo político debería ingresar en la misma categoría. La represión nazi, dijo, incluyó además a “comunistas, anarquistas, homosexuales, gitanos, discapacitados, como aquí sucedió donde miles de ellos estuvieron secuestrados en los campos de concentración”. Para marcar el carácter político del exterminio nazi habló de la Operación Barba Roja y del caso de Margaret Neumann, miembro del Partido Comunista que tras exiliarse en la Unión Soviética a pedido de Hitler fue devuelta a las cárceles alemanas por Stalin. Nombró, además, las presiones de la Unión Soviética y Estados Unidos para retirar la mención de “grupo político” de la definición de genocidio de la Convención de 1948. “Entonces nos quedó el fatídico artículo dos –dijo–: cualquiera de los actos mencionados a continuación para destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso son considerados genocidio y ya no hay más grupo político”, indicó. “Pero aun usando esa estrecha definición, señoras juezas y señor juez, queremos decir que acá en Argentina hubo un genocidio.” Pero, aclaró, “a no preocuparse: porque no discutimos la tipificación, discutimos el concepto para saber si hubo o no”.

Durante las audiencias, uno de los testigos contó que alguna vez Patti le explicó por qué se habían llevado a su hermano: “Tu hermano era peligroso –le dijo– porque avivaba giles”. Llonto lo retomó para hablar de ese mismo rol político de los militantes y recuperar palabras como la lógica revolucionaria. “Un término muy argentino que marca a este genocidio político –dijo– al que le molestaba que hubiera jóvenes que avivaran a otros jóvenes, que era despertarles una conciencia de militancia; los genocidas querían giles; querían jóvenes que no discutieran de política, de derechos laborales, de revolución o de lo que pasaba en Latinoamérica.”

El alegato que incluyó la construcción sobre qué sucedió con cada una de las víctimas y la evaluación de las pruebas, se detuvo en asuntos pendientes que están siendo revisados en los juicios. Uno de ellos fue el rol de la Justicia durante la dictadura y la prensa: “Nunca fue debidamente publicado cómo murió Diego Muniz Barreto”, dijo Llonto. Los medios publicaron la falaz noticia del accidente, y eso no era cierto. Habló de “esta vergüenza de la prensa” y también de las escasas excepciones como la agencia Ancla y Rodolfo Walsh que 17 días después del crimen llegó a incluir el dato del asesinato en su Carta a las Juntas. También, el caso de Robert Cox que desde el Buenos Aires Herald “abrió una pequeña ventana para que las penas de los familiares se convirtieran en gritos de auxilio”.
Los cuerpos

La ausencia de cuerpos hizo que los fiscales primero y luego Llonto y Oberlín no pudieran pedir condenas a perpetua por cuatro homicidios, sino por dos porque los otros dos cuerpos no están, son desaparecidos. “Los hermanos D’Amico están desaparecidos pero no vamos a negar que están muertos, sin embargo no vamos a poder reclamar por el homicidio de ellos.” Es la paradoja, dijo, de tener que pedir dos condenas por homicidio por el caso de Gonçalves y de Muniz Barreto, mientras habrá que seguir buscando los otros restos. En ese sentido, también pidió al Tribunal una revisión hacia atrás: que exhorte a los juzgados de instrucción para entender que en los casos de genocidio y terrorismo de Estado, el hecho de que los cuerpos de las personas asesinadas no hayan sido encontrados no impida que se encare la instrucción por homicidio: “Penal y procesalmente se sabe que la ausencia de un cadáver no impide tener probado un homicidio”.

Luego de describir la responsabilidad de cada uno de los acusados con las víctimas, indicó que en Escobar “hubo un circuito que comenzaba en la comisaría de Escobar o Garín, seguía en la Unidad Regional y terminaba en Campo de Mayo, como le pasó a Muniz Barreto. Allí se decidía el destino final del secuestrado o a veces se lo decidía en la misma comisaría, como les ocurrió a Gonçalves y los hermanos D’Amico”, concluyó Llonto.

En la sala se escuchó un “uh” cuando los defensores de Patti anunciaron que debía irse por su estado de salud. Luego un aplauso cuando estaba hablando Llonto. La jueza Lucila Larrandart a cargo del TOF1 pidió silencio en la sala mientras se acercaba el final.