jueves, 11 de febrero de 2010

Justicia Ya pide penas por genocidio para los genocidas

Penas entre 25 y 50 años para Bignone y otros, por los crímenes cometidos en el. Sólo 6 querellas por 58 víctimas, de las miles que fueron detenidas desaparecidas en el Centro Clandestino de Detención de Campo de Mayo.

Iguales penas pidieron todos los querellantes contra los generales Santiago Omar Riveros, entonces comandante de Institutos Militares, y su jefe de inteligencia, Fernando Verplaetsen, quienes ya fueron condenados el año pasado a prisión perpetua por el asesinato del adolescente Floreal Avellaneda, también en Campo de Mayo.

La ronda de alegados de la querella se completó con los de los abogados de Justicia Ya, quienes pidieron que se aplique medio siglo de prisión a cinco de los siete acusados, 42 a otro y 21 al último.
Los abogados Pablo Dinami, Luis Bonomi y Liliana Molinari reclamaron que se considere que los imputados cometieron el delito de "genocidio", duplicando así los montos pedidos por las otras cinco representaciones de las víctimas.

Los otros acusados son los generales Jorge García, Eugenio Guañabens Perelló y Alberto Roque Tepedino, ex jefe del batallón 601 de inteligencia del ejército y el ex comisario de Bella Vista, Germán Montenegro.

En Campo de Mayo, donde Bignone fue subjefe, funcionaron cuatro centros clandestinos de detención por los que se estima que pasaron unas 5 mil personas, que en su mayoría permanecen desaparecidas.

Las otras querellas sólo pidieron condenas de 25 años, argumentando que es el máximo previsto por del delito de "privación ilegal de la libertad agravada por el tiempo transcurrido", es decir la desaparición forzada, todos como "autores mediatos".

Las mismas penas reclamó el miércoles el abogado de las Abuelas de Plaza Mayo, Mariano Gaitán, quien pidió además que sean de cumplimiento efectivo y no domiciliario.
Los fiscales Juan Patricio Murray, Javier De Luca y Marcelo García Berro compartieron el pedido para Bignone, Riveros y Verplaetsen, pero para los restantes acusados pidieron penas escalonadas.

La semana próxima no habrá audiencias y el 25 darán sus alegatos los defensores oficiales de los acusados, con fecha probable de sentencia a partir de la segunda semana de marzo.

Una vez más las fuentes oficiales omitieron mencionar el pedido por GENOCIDIO

martes, 9 de febrero de 2010

Pueden obviarnos y silenciarnos, pero estamos y estaremos


Por Andrea Benites-Dumont

Para este miércoles 10/02/10 se prevé el inicio del alegato de la querella representada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Luego arrancará la exposición de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. En tanto, durante la semana próxima no se realizarán audiencias y el jueves 25 de febrero comenzarán los alegatos de las defensas.
El debate arrancó en noviembre pasado y prestaron declaración testimonial más de 100 personas. Se trata de la segunda causa que llega a esa instancia procesal por violaciones a los derechos humanos cometidas en el ámbito de Campo de Mayo, durante el último gobierno militar.
Los represores imputados son :
Santiago Omar Riveros (comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo)
- Fernando Exequiel Verplaetsen (jefe del departamento de inteligencia de Campo de Mayo)
- Jorge Osvaldo García (director de la escuela de infantería de Campo de Mayo)
(Cabe recordar que los tres acusados ya fueron condenados por el mismo tribunal en agosto pasado a las penas de prisión perpetua, 25 y 18 años de prisión respectivamente, en el juicio por la muerte de Floreal Avellaneda y el secuestro de su madre, Iris Pereyra de Avellaneda).
- Carlos Alberto Tepedino (jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General  del Ejercito durante el año 1978)
- Germán A. Montenegro (comisario de la Comisaría de Bella Vista en 1977).
Los delitos que se les imputan son: allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, durante los años 1976 a 1978, ocurridos en el Centro Clandestino de detención de Campo de Mayo.
Si bien los medios de comunicación oficiales y no tanto, han dado debida cobertura al número de años pedidos por tanto por el Ministerio Fiscal como de la Secretaría de Derechos Humanos, con lujo de detalle de abogados y fiscales, esquivando las peticiones e incidencias varias presentadas por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, y han obviado en cada comunicación la calificación del delito de genocidio argumentado minuciosa y contundentemente en cada escrito del procedimiento.
Y como debería ser, las pruebas ubicarían el espacio de referencia sustancial, y quienes las aportan, no son los funcionarios estatales que acumulan curriculum para su institución. Las pruebas las aportan con voz memoriosa, detallada y desgarrada los sobrevivientes.
Por el sufrimiento –y la incomprensión- de haber custodiado los detalles de la remembranza; por los padecimientos en los campos clandestinos de detención, y por presentarse ante la soledad social -cuando no rehuidos- con el mismo pacto fraterno de porque luchábamos nos desaparecieron; porque aparecimos seguimos luchando”, deberían tener la consideración y respeto, y el agradecimiento sino operaran los cánones de competición y protagonismo que denigra a todos y cada los sectores y actores que reducen la presencia, cuando lo hacen,  de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos a media línea de mención. Este síntoma de salud moral de quienes así actúan, marcan la diferencia sustancial de quienes califican Genocidio al plan de exterminio aplicado por las fuerzas represivas; marca la diferencia de encarar todos y cada uno de los segmentados y desmembrados procedimientos judiciales.
Marca la diferencia de continuar el compromiso de la búsqueda de justicia y construir la memoria, no solo del horror sino también de la lucha de nuestro pueblo y sus organizaciones por construir una sociedad más justa., que excede los ámbitos judiciales, los agrupamientos políticos, está en el compromiso inquebrantable por los 30.000.  
Y por esto, nada más ni nada menos, los juicios van a seguir adelante. 
Andrea Benites-Dumont (10/02/10)




miércoles, 3 de febrero de 2010

Los alegatos en el juicio contra los represores de Campo de Mayo

Sólo queda pedir las condenas.
Con los rostros de los desaparecidos en blanco y negro sobre decenas de sillas de plástico y ante la mirada inexpresiva de los imputados, encabezados por el último dictador Reynaldo Benito Bignone, comenzó ayer en Vicente López la ronda de alegatos del juicio oral y público a los ex jerarcas de Campo de Mayo, el mayor campo de exterminio de la última dictadura. Durante casi seis horas los abogados Ciro Annichiarico y Mariana Maurer describieron los 25 casos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas que integran la acusación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN). Hoy a partir de las 9.30 desmenuzarán la responsabilidad de cada acusado y pedirán las condenas. Luego comenzará el alegato de la abogada Alcira Ríos y de los fiscales federales Javier De Luca, Marcelo García Berro y Juan Patricio Murray.
La jornada se inició con una hora de demora, ante un par de reporteros gráficos y poco más de veinte personas. La mayoría eran integrantes de la agrupación Peronismo 26 de Julio, que fundó y condujo hasta su muerte Juan Carlos Scarpatti, el sobreviviente que logró fugarse de Campo de Mayo y denunció ante el mundo las atrocidades que bajo la supervisión de Riveros, Verplaetsen & Cía. se cometían en El Campito y los otros tres centros clandestinos que funcionaron en la mayor unidad del Ejército.
Los chaparrones sobre el techo de chapas de la sociedad de fomento José Hernández obligaron al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín a realizar varios cuartos intermedios. Junto a Bignone, de 82 años, se sentaron en el banquillo los ex generales Santiago Riveros, Jorge Osvaldo García (ambos condenados por las torturas y el asesinato de Floreal Avellaneda), Eugenio Guañabens Perelló y, con sus anteojos negros reglamentarios, el coronel Alberto Roque Tepedino, ex jefe del Batallón de Inteligencia 601. Estuvieron ausentes el ex jefe de inteligencia del Comando de Instituto Militares general Fernando Verplaetsen, que prefirió seguir el alegato desde una sala contigua, y el ex comisario Germán Montenegro, que no figura entre los acusados de los casos que lleva la SDHN.
Annichiarico y Maurer se alternaron en la tarea de describir de manera pausada los casos que forman parte del juicio. El representante del Poder Ejecutivo se detuvo en el caso Scarpatti. Lo definió como “un verdadero héroe que permitió echar luz sobre el pozo negro de Campo de Mayo, el más grande de los centenares de centros clandestinos del país, por el que pasaron más de cinco mil personas”. Recordó que varios de los jerarcas de Campo de Mayo se jactaban de comandar “el más efectivo” de los centros de detención y contrapuso su imagen con “la valentía de Cacho Scarpatti, que logró recuperarse después de recibir ocho balazos, simuló colaborar para poder acceder a todos los rincones de Campo de Mayo y, luego de fugarse, permitió conocer el funcionamiento interno, saber de muchos cautivos que luego desaparecieron, y echó luz sobre los victimarios”.
Los abogados destacaron el ejemplo del psiquiatra Eduardo Covarrubias y su esposa, Beatriz Castiglione, sobrevivientes y testigos en el juicio. El hombre figuraba en la agenda de un amigo junto a la sigla FAP, que en su caso no significaba Fuerzas Armadas Peronistas sino Federación Argentina de Psiquiatría. Por ese motivo fue secuestrado y torturado junto a su mujer durante dos semanas, hasta que la denominada “inteligencia militar” admitió su torpeza y los liberó. Anicchiarico destacó que, “pese a no tener una militancia previa, su compromiso solidario los llevó a aportar nombres y datos fundamentales para armar el rompecabezas de Campo de Mayo”.
Uno de los casos más estremecedores fue el de la familia Meza Niella, secuestrados y torturados en el Colegio Militar de la Nación y luego en El Campito. En enero de 1978, cuando un grupo de tareas del Ejército se lo llevó encapuchado junto a su mamá y sus hermanos, Walter Meza Niella tenía apenas 14 años. Durante las semanas siguientes no sólo tuvo que soportar los tormentos, también escuchar los gritos de dolor de su madre. Antes de liberarlo un militar le dio un consejo: “Olvidate de todo lo que viste, leé mucho la Biblia y no te metas en política”.
Igual que durante las testimoniales, Bignone & Cía. siguieron el alegato como quien escucha una historia ajena y desconocida. “La gente recuerda a Bignone como el militar bueno que permitió las elecciones y le puso la banda presidencial a Alfonsín. Este juicio permite conocer su verdadero rostro, el del personaje siniestro que actuó en plena dictadura en el Comando de Institutos Militares y que a varios familiares de víctimas les sugirió olvidarse de sus seres queridos porque, decía, ‘no se puede hacer nada’”, destacó Anichiarico. Hoy la Secretaría concluirá el alegato y pedirá las condenas. Luego será el turno de la acusación de Alcira Ríos, abogada de la familia Quintela Dallasta, y del Ministerio Público Fiscal.