miércoles, 15 de septiembre de 2010

Derechos humanos: realizarán allanamiento en centro clandestino de detención en Campo de Mayo

Lo dispuso un juez federal de San Martín. El operativo se realizará en el predio donde funcionó "El Campito". Es en el marco de una investigación por delitos de lesa humanidad cometidos en aquella jurisdicción durante el último gobierno militar
 
El juez Juan Manuel Yalj, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de San Martín, dispuso el allanamiento del predio donde habría funcionado el Centro Clandestino de Detención conocido como “El Campito”, en el marco de una causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar en jurisdicción de Campo de Mayo.

Se trata de una medida dispuesta con el objeto de que miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense realicen excavaciones y obtengan evidencias de interés para la investigación. El operativo se ordenó como consecuencia de un pedido formal realizado por la familia de Mario Roberto Santucho, a raíz de haberse obtenido información de que sus restos podrían encontrarse enterrados en alguna de las “piletas” que existían en ese lugar.

Asimismo, el juzgado informó que, más allá de la búsqueda de los restos mortales de Santucho, las tareas “resultan de sumo interés para el objeto de la causa, ya que se tiende a comparar los múltiples testimonios sobre la estructura del centro clandestino con las evidencias que podrán encontrarse en el lugar”.

Está previsto que las excavaciones se realicen en aproximadamente dos semanas, dependiendo de las condiciones climáticas.

Allanamiento de una vivienda

En el marco de la misma causa, y por orden del juez, se realizó un allanamiento en un domicilio del conurbano bonaerense, en el que se secuestró documentación que podría estar vinculada a delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de Campo de Mayo. La información obtenida será analizada en los próximos días por el juez Yajl.

lunes, 5 de abril de 2010

Últimos días del juicio oral contra Bignone

El 6 de abril el Tribunal Federal Nº1 de San Martín escuchará las dúplicas de las defensas. Luego arrancarán las últimas palabras de los imputados. Una vez finalizadas esas audiencias, los jueces estarán en condiciones de leer la sentencia

El Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín escuchará este martes las dúplicas de los abogados defensores en el juicio oral contra el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros seis imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar en jurisdicción de Campo de Mayo.

Luego de las exposiciones, los jueces Marta Milloc, Héctor Sagretti y Daniel Alberto Cisneros ofrecerán a los acusados la posibilidad de expresar sus últimas palabras. Una vez finalizada esta instancia, el tribunal estará en condiciones de fijar fecha para la lectura de la sentencia.

Además de Bignone, en la causa están imputados:  Santiago Omar Riveros (comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo), Fernando Exequiel Verplaetsen (jefe del departamento de inteligencia de Campo de Mayo), Carlos Alberto Tepedino (jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General  del Ejercito durante el año 1978), Jorge Osvaldo García (director de la escuela de infantería de Campo de Mayo), Eugenio Guañabens Perelló (director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “General Lemos”) y Germán Montenegro (comisario de la Comisaría de Bella Vista en 1977).

Cabe recordar que los delitos que se les imputan a los acusados son: allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, durante los años 1976 a 1978, ocurridos en el Centro Clandestino de detención de Campo de Mayo. El debate arrancó en noviembre pasado y prestaron declaración testimonial más de 100 personas.

Tanto la Fiscalía como las demás partes querellantes han solicitado penas de prisión mucho más reducidas que los pedidos de la AEDD, en coherencia, por una parte a la gravedad de los crímenes cometidos -genocidio-, y por otra, respondiendo a la demanda elemental de prisión perpetua y cárcel común a los responsables, ejecutores y cómplices del genocidio perpetrado; y finalmente, las pruebas condenatorias son argumentos abrumadores que sustentan el pedido de las penas.


Es por ello que la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, demanda :

- 50 años de prisión para Bignone , Riveros, Tepedino, Verplaetsen y García, por considerar que es posible la aplicación de la actual redacción del art 55 del Código Penal, que permite imponer como máximo 50 años de prisión en caso de concurso real de delitos.

- 42 años de cárcel para Guañabens Perelló y 21 años para Germán A. Montenegro. En todos los casos, solicitó se considere a los delitos como parte de un obrar genocida en los términos del artículo 2 de la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio.
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miércoles, 17 de marzo de 2010

Campo de Mayo : Bignone y otros quieren la absolución

Finalizaron los alegatos en el juicio a Bignone
Los siete imputados pidieron su absolución y cuestionaron las pruebas en su contra. El Tribunal Oral Nº 1 de San Martín comenzará mañana con las réplicas. Se investigan los crímenes contra los derechos humanos cometidos en jurisdicción de Campo de Mayo

El Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín cerró este martes las audiencias de alegatos en el juicio oral que lleva adelante contra el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros seis imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito de Campo de Mayo. Todos los imputados pidieron su absolución ante el tribunal.

Entre los argumentos de las defensas, se cuestionó la veracidad de las pruebas y se plenteó que las partes querellantes tuvieron un acceso privilegiado al material probatorio. Además, indicaron que no podían tenerse en cuenta el testimonio de las víctimas.

Además del Bignone, los imputados en la causa son:
-Jorge Osvaldo García, director de la escuela de infantería de Campo de Mayo
-Santiago Omar Riveros (comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo)
-Fernando Exequiel Verplaetsen (jefe del departamento de inteligencia de Campo de Mayo)
-Carlos Alberto Tepedino (jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General  del Ejercito durante el año 1978)
-Eugenio Guañabens Perelló (director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “General Lemos”)
-Germán A. Montenegro (comisario de la Comisaría de Bella Vista en 1977).Este miércoles  el tribunal iniciará las jornadas de “réplicas” y “dúplicas” de la Fiscalía, de las querellas y de las defensas.  En tanto, aún no se informó la fecha en la que se dará a conocer el veredicto.


Cabe recordar que los delitos que se les imputan a los acusados son: allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, durante los años 1976 a 1978, ocurridos en el Centro Clandestino de detención de Campo de Mayo. El debate arrancó en noviembre pasado y prestaron declaración testimonial más de 100 personas.

Los pedidos de penas de la Fiscalía y de las querellas

Ministerio Público Fiscal
-25 años de prisión para Reynaldo Bignone (ex presidente de facto), Santiago Omar Riveros (comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo) y Fernando Exequiel Verplaetsen (jefe del departamento de inteligencia de Campo de Mayo).
- 20 años para Carlos Alberto Tepedino (jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General  del Ejercito durante el año 1978)
- 14 años para Jorge Osvaldo García (director de la escuela de infantería de Campo de Mayo)
- 12 años para Eugenio Guañabens Perelló, director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “General Lemos”.
- 2 años para Germán Montenegro (comisario de la Comisaría de Bella Vista en 1977).

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
-25 años de prisión para Bignone, Riveros, Verplaetsen,  García, Tepedino y Montenegro.
-20 años de prisión para Guañabens Perelló.

Asociación Abuelas de Plaza de Mayo
- 25 años de prisión para Bignone y Riveros

Pablo Llonto, en representación de familiares de víctimas
-25 años de prisión para Bignone, Riveros y Verplaetsen
- 23 años de prisión para Tepedino y García

Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos

- 50 años de prisión para Bignone , Riveros, Tepedino, Verplaetsen y García, por considerar que es posible la aplicación de la actual redacción del art 55 del Código Penal, que permite imponer como máximo 50 años de prisión en caso de concurso real de delitos.
- 42 años de cárcel para Guañabens Perelló y 21 años para Germán A. Montenegro. En todos los casos, solicitó se considere a los delitos como parte de un obrar genocida en los términos del artículo 2 de la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio.

jueves, 11 de febrero de 2010

Justicia Ya pide penas por genocidio para los genocidas

Penas entre 25 y 50 años para Bignone y otros, por los crímenes cometidos en el. Sólo 6 querellas por 58 víctimas, de las miles que fueron detenidas desaparecidas en el Centro Clandestino de Detención de Campo de Mayo.

Iguales penas pidieron todos los querellantes contra los generales Santiago Omar Riveros, entonces comandante de Institutos Militares, y su jefe de inteligencia, Fernando Verplaetsen, quienes ya fueron condenados el año pasado a prisión perpetua por el asesinato del adolescente Floreal Avellaneda, también en Campo de Mayo.

La ronda de alegados de la querella se completó con los de los abogados de Justicia Ya, quienes pidieron que se aplique medio siglo de prisión a cinco de los siete acusados, 42 a otro y 21 al último.
Los abogados Pablo Dinami, Luis Bonomi y Liliana Molinari reclamaron que se considere que los imputados cometieron el delito de "genocidio", duplicando así los montos pedidos por las otras cinco representaciones de las víctimas.

Los otros acusados son los generales Jorge García, Eugenio Guañabens Perelló y Alberto Roque Tepedino, ex jefe del batallón 601 de inteligencia del ejército y el ex comisario de Bella Vista, Germán Montenegro.

En Campo de Mayo, donde Bignone fue subjefe, funcionaron cuatro centros clandestinos de detención por los que se estima que pasaron unas 5 mil personas, que en su mayoría permanecen desaparecidas.

Las otras querellas sólo pidieron condenas de 25 años, argumentando que es el máximo previsto por del delito de "privación ilegal de la libertad agravada por el tiempo transcurrido", es decir la desaparición forzada, todos como "autores mediatos".

Las mismas penas reclamó el miércoles el abogado de las Abuelas de Plaza Mayo, Mariano Gaitán, quien pidió además que sean de cumplimiento efectivo y no domiciliario.
Los fiscales Juan Patricio Murray, Javier De Luca y Marcelo García Berro compartieron el pedido para Bignone, Riveros y Verplaetsen, pero para los restantes acusados pidieron penas escalonadas.

La semana próxima no habrá audiencias y el 25 darán sus alegatos los defensores oficiales de los acusados, con fecha probable de sentencia a partir de la segunda semana de marzo.

Una vez más las fuentes oficiales omitieron mencionar el pedido por GENOCIDIO

martes, 9 de febrero de 2010

Pueden obviarnos y silenciarnos, pero estamos y estaremos


Por Andrea Benites-Dumont

Para este miércoles 10/02/10 se prevé el inicio del alegato de la querella representada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Luego arrancará la exposición de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. En tanto, durante la semana próxima no se realizarán audiencias y el jueves 25 de febrero comenzarán los alegatos de las defensas.
El debate arrancó en noviembre pasado y prestaron declaración testimonial más de 100 personas. Se trata de la segunda causa que llega a esa instancia procesal por violaciones a los derechos humanos cometidas en el ámbito de Campo de Mayo, durante el último gobierno militar.
Los represores imputados son :
Santiago Omar Riveros (comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo)
- Fernando Exequiel Verplaetsen (jefe del departamento de inteligencia de Campo de Mayo)
- Jorge Osvaldo García (director de la escuela de infantería de Campo de Mayo)
(Cabe recordar que los tres acusados ya fueron condenados por el mismo tribunal en agosto pasado a las penas de prisión perpetua, 25 y 18 años de prisión respectivamente, en el juicio por la muerte de Floreal Avellaneda y el secuestro de su madre, Iris Pereyra de Avellaneda).
- Carlos Alberto Tepedino (jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General  del Ejercito durante el año 1978)
- Germán A. Montenegro (comisario de la Comisaría de Bella Vista en 1977).
Los delitos que se les imputan son: allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, durante los años 1976 a 1978, ocurridos en el Centro Clandestino de detención de Campo de Mayo.
Si bien los medios de comunicación oficiales y no tanto, han dado debida cobertura al número de años pedidos por tanto por el Ministerio Fiscal como de la Secretaría de Derechos Humanos, con lujo de detalle de abogados y fiscales, esquivando las peticiones e incidencias varias presentadas por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, y han obviado en cada comunicación la calificación del delito de genocidio argumentado minuciosa y contundentemente en cada escrito del procedimiento.
Y como debería ser, las pruebas ubicarían el espacio de referencia sustancial, y quienes las aportan, no son los funcionarios estatales que acumulan curriculum para su institución. Las pruebas las aportan con voz memoriosa, detallada y desgarrada los sobrevivientes.
Por el sufrimiento –y la incomprensión- de haber custodiado los detalles de la remembranza; por los padecimientos en los campos clandestinos de detención, y por presentarse ante la soledad social -cuando no rehuidos- con el mismo pacto fraterno de porque luchábamos nos desaparecieron; porque aparecimos seguimos luchando”, deberían tener la consideración y respeto, y el agradecimiento sino operaran los cánones de competición y protagonismo que denigra a todos y cada los sectores y actores que reducen la presencia, cuando lo hacen,  de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos a media línea de mención. Este síntoma de salud moral de quienes así actúan, marcan la diferencia sustancial de quienes califican Genocidio al plan de exterminio aplicado por las fuerzas represivas; marca la diferencia de encarar todos y cada uno de los segmentados y desmembrados procedimientos judiciales.
Marca la diferencia de continuar el compromiso de la búsqueda de justicia y construir la memoria, no solo del horror sino también de la lucha de nuestro pueblo y sus organizaciones por construir una sociedad más justa., que excede los ámbitos judiciales, los agrupamientos políticos, está en el compromiso inquebrantable por los 30.000.  
Y por esto, nada más ni nada menos, los juicios van a seguir adelante. 
Andrea Benites-Dumont (10/02/10)




miércoles, 3 de febrero de 2010

Los alegatos en el juicio contra los represores de Campo de Mayo

Sólo queda pedir las condenas.
Con los rostros de los desaparecidos en blanco y negro sobre decenas de sillas de plástico y ante la mirada inexpresiva de los imputados, encabezados por el último dictador Reynaldo Benito Bignone, comenzó ayer en Vicente López la ronda de alegatos del juicio oral y público a los ex jerarcas de Campo de Mayo, el mayor campo de exterminio de la última dictadura. Durante casi seis horas los abogados Ciro Annichiarico y Mariana Maurer describieron los 25 casos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas que integran la acusación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN). Hoy a partir de las 9.30 desmenuzarán la responsabilidad de cada acusado y pedirán las condenas. Luego comenzará el alegato de la abogada Alcira Ríos y de los fiscales federales Javier De Luca, Marcelo García Berro y Juan Patricio Murray.
La jornada se inició con una hora de demora, ante un par de reporteros gráficos y poco más de veinte personas. La mayoría eran integrantes de la agrupación Peronismo 26 de Julio, que fundó y condujo hasta su muerte Juan Carlos Scarpatti, el sobreviviente que logró fugarse de Campo de Mayo y denunció ante el mundo las atrocidades que bajo la supervisión de Riveros, Verplaetsen & Cía. se cometían en El Campito y los otros tres centros clandestinos que funcionaron en la mayor unidad del Ejército.
Los chaparrones sobre el techo de chapas de la sociedad de fomento José Hernández obligaron al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín a realizar varios cuartos intermedios. Junto a Bignone, de 82 años, se sentaron en el banquillo los ex generales Santiago Riveros, Jorge Osvaldo García (ambos condenados por las torturas y el asesinato de Floreal Avellaneda), Eugenio Guañabens Perelló y, con sus anteojos negros reglamentarios, el coronel Alberto Roque Tepedino, ex jefe del Batallón de Inteligencia 601. Estuvieron ausentes el ex jefe de inteligencia del Comando de Instituto Militares general Fernando Verplaetsen, que prefirió seguir el alegato desde una sala contigua, y el ex comisario Germán Montenegro, que no figura entre los acusados de los casos que lleva la SDHN.
Annichiarico y Maurer se alternaron en la tarea de describir de manera pausada los casos que forman parte del juicio. El representante del Poder Ejecutivo se detuvo en el caso Scarpatti. Lo definió como “un verdadero héroe que permitió echar luz sobre el pozo negro de Campo de Mayo, el más grande de los centenares de centros clandestinos del país, por el que pasaron más de cinco mil personas”. Recordó que varios de los jerarcas de Campo de Mayo se jactaban de comandar “el más efectivo” de los centros de detención y contrapuso su imagen con “la valentía de Cacho Scarpatti, que logró recuperarse después de recibir ocho balazos, simuló colaborar para poder acceder a todos los rincones de Campo de Mayo y, luego de fugarse, permitió conocer el funcionamiento interno, saber de muchos cautivos que luego desaparecieron, y echó luz sobre los victimarios”.
Los abogados destacaron el ejemplo del psiquiatra Eduardo Covarrubias y su esposa, Beatriz Castiglione, sobrevivientes y testigos en el juicio. El hombre figuraba en la agenda de un amigo junto a la sigla FAP, que en su caso no significaba Fuerzas Armadas Peronistas sino Federación Argentina de Psiquiatría. Por ese motivo fue secuestrado y torturado junto a su mujer durante dos semanas, hasta que la denominada “inteligencia militar” admitió su torpeza y los liberó. Anicchiarico destacó que, “pese a no tener una militancia previa, su compromiso solidario los llevó a aportar nombres y datos fundamentales para armar el rompecabezas de Campo de Mayo”.
Uno de los casos más estremecedores fue el de la familia Meza Niella, secuestrados y torturados en el Colegio Militar de la Nación y luego en El Campito. En enero de 1978, cuando un grupo de tareas del Ejército se lo llevó encapuchado junto a su mamá y sus hermanos, Walter Meza Niella tenía apenas 14 años. Durante las semanas siguientes no sólo tuvo que soportar los tormentos, también escuchar los gritos de dolor de su madre. Antes de liberarlo un militar le dio un consejo: “Olvidate de todo lo que viste, leé mucho la Biblia y no te metas en política”.
Igual que durante las testimoniales, Bignone & Cía. siguieron el alegato como quien escucha una historia ajena y desconocida. “La gente recuerda a Bignone como el militar bueno que permitió las elecciones y le puso la banda presidencial a Alfonsín. Este juicio permite conocer su verdadero rostro, el del personaje siniestro que actuó en plena dictadura en el Comando de Institutos Militares y que a varios familiares de víctimas les sugirió olvidarse de sus seres queridos porque, decía, ‘no se puede hacer nada’”, destacó Anichiarico. Hoy la Secretaría concluirá el alegato y pedirá las condenas. Luego será el turno de la acusación de Alcira Ríos, abogada de la familia Quintela Dallasta, y del Ministerio Público Fiscal.