El Tribunal Oral Federal 1 (TOF-1) de San Martín dedicó ayer un párrafo especial a la cabeza del Poder Judicial y a otros poderes del Estado por las dificultades para conseguir una sala adecuada para juzgar a Bignone & Cía., situación que obligó a postergar una semana el inicio del debate. “Desde que recibimos la causa comenzamos las gestiones”, relató su presidenta, Marta Milloc. “Libramos oficio al Consejo de la Magistratura, a la Corte Suprema y al Ministerio de Justicia con el fin de que se alquile una sala acorde, sin perjuicio de las gestiones oficiosas y pacientes del doctor (Héctor) Sagretti. No obtuvimos ninguna alternativa favorable”, afirmó. “Quien no tenía obligación institucional de resolver el problema ofreció estas instalaciones”, agregó, en referencia al intendente de Vicente López, Osvaldo García.
La postura del TOF-1, en línea con las críticas de las querellas, no se condice con el relato del tribunal supremo, para el cual “el tema estaba solucionado” y, “en cualquier caso, la solución pasaba por el Consejo de la Magistratura y por el propio tribunal” de San Martín. Según explicó a Página/12 el coordinador de la unidad de superintendencia de la Corte para juicios de lesa humanidad, Walter Venditti, “la situación fue abordada en varias reuniones y, según información del propio tribunal oral del 21 de septiembre, el inicio del debate estaba garantizado en la sala del Centro Cultural Munro”, que había “facilitado la Municipalidad de Vicente López”. Todo ello “sin perjuicio de que la Intendencia de la Cámara Federal de San Martín había conseguido un salón que reunía todas las condiciones en jurisdicción del municipio de San Martín, que finalmente fue rechazado porque al tribunal no le convenía, tal como nos lo hizo saber el Consejo de la Magistratura a través de la Dirección de Administración”, agregó.
“La Corte se enteró del nuevo inconveniente el viernes 23 de octubre por un llamado del doctor Sagretti, y desde ese momento se reactivaron en la emergencia las gestiones con los organismos pertinentes”, explicó Venditti. Tal como informó Página/12 ayer, la marcha atrás del Japonés García se produjo ante las quejas de vecinos y comerciantes de la avenida Vélez Sarsfield, quienes adujeron que el proceso “complicaría la circulación y bajaría las ventas”. “Finalmente, a partir de la nueva gestión –continuó el funcionario de la Corte–, el intendente de Vicente López, que había negado de manera repentina el auditorio antes citado, facilitó el lugar” donde ayer comenzó el juicio. “No existieron reclamos formales o informales a esta Corte, ni de los jueces actuantes ni de organismos de derechos humanos o querellas de la causa”, concluyó.
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