Pedidos de 25 años de prisión para Bignone y Riveros por el Plan Cóndor

Tras más de tres meses de exposición ante el Tribunal Oral Federal 1, el fiscal Pablo Ouviña pidió las condenas en el juicio oral que se realiza en los tribunales de Comodoro Py desde marzo de 2013. Los exresponsables de Institutos Militares Reynado Bignone y Santiago Omar Riveros y otros 18 represores son acusados de encabezar el plan ideado por las dictaduras latinoamericanas para coordinar la represión ilegal en la región.

También se pidieron 25 años para el ex director de la escuela de Caballería Rodolfo Feroglio y el ex jefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza. Todos fueron considerados miembros de una asociación ilícita que cometió privaciones ilegales de la libertad.

Para el exservicio de inteligencia militar uruguayo Manuel Cordero Piacentini también se reclamó una pena de 25 años como partícipe necesario del secuestro de once víctimas.

Otro que tuvo un pedido de pena de 25 años por parte de la fiscalía fue el ex agente de la SIDE Miguel Angel Furci, por su rol en el centro clandestino de detención que funcionó en Automotores Orletti, considerado uno de los principales lugares de reclusión de víctimas del Plan Cóndor. Furci quedó imputado por 60 casos de privación ilegal de la libertad y 123 casos de torturas.

Ouviña reclamó la condena de diez años de reclusión para el ex jefe del área militar 112, sede del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, Federico Antonio Minicucci, y para el ex jefe del Área 331 y director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant, a quienes acusó por asociación ilícita.

En tanto, pidió 16 años de reclusión para ocho acusados, que están siendo juzgados por el rol que les cupo cuando intervinieron en los siguientes cargos: el ex jefe del área 111 con sede en el Batallón Depósito de Arsenales 601 (Quilmes), Eduardo Samuel De Lío; el ex jefe de la subzona 23 con sede en la Brigada de Infantería VII (Corrientes), Eugenio Guañabens Perelló; y el ex jefe del Área 5 de la Capital Federal con sede en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 (Ciudadela), Bernardo José Menéndez.

También pidió 16 años para el ex comandante de Operaciones Navales de la Armada Argentina, Antonio Vañek; el ex jefe del área 232 con sede en el Distrito Militar Misiones, Carlos Humberto Caggiano Tedesco; el ex segundo jefe del Regimiento de Infanteria 1 "Patricios", Felipe Jorge Alespeiti; el ex jefe del subárea 1131 con asiento en el Batallón de Comunicaciones de Comando 601 (City Bell), Néstor Horacio Falcón; y el ex jefe del Área 420 y director de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo, Luis Sadi Pepa.

Todos ellos fueron acusados como autores del delito de asociación ilícita en concurso material con el delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada, en grado de coautores mediatos, en diferentes hechos.

Por los mismos delitos y grados de autoría, Ouviña reclamó 22 años de reclusión para el ex jefe del Área 521 con sede en el Batallón Ingenieros de Construcción 182 de Neuquén, Enrique Braulio Olea, por asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad agravada en dos oportunidades.

El representante del Ministerio Público Fiscal pidió la absolución para el ex director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Juan Avelino Rodríguez, de quien no se pudo probar si fue jefe de área y la responsabilidad que en esa calidad se le atribuía en un caso de privación ilegítima de la libertad.

El juicio, a cargo de los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer, seguirá con los alegatos de las defensas de los 18 acusados.

También se pidieron 25 años para el ex director de la escuela de Caballería Rodolfo Feroglio y el ex jefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza. Todos fueron considerados miembros de una asociación ilícita que cometió privaciones ilegales de la libertad.

Para el exservicio de inteligencia militar uruguayo Manuel Cordero Piacentini también se reclamó una pena de 25 años como partícipe necesario del secuestro de once víctimas.

Otro que tuvo un pedido de pena de 25 años por parte de la fiscalía fue el ex agente de la SIDE Miguel Angel Furci, por su rol en el centro clandestino de detención que funcionó en Automotores Orletti, considerado uno de los principales lugares de reclusión de víctimas del Plan Cóndor. Furci quedó imputado por 60 casos de privación ilegal de la libertad y 123 casos de torturas.

Ouviña reclamó la condena de diez años de reclusión para el ex jefe del área militar 112, sede del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, Federico Antonio Minicucci, y para el ex jefe del Área 331 y director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant, a quienes acusó por asociación ilícita.

En tanto, pidió 16 años de reclusión para ocho acusados, que están siendo juzgados por el rol que les cupo cuando intervinieron en los siguientes cargos: el ex jefe del área 111 con sede en el Batallón Depósito de Arsenales 601 (Quilmes), Eduardo Samuel De Lío; el ex jefe de la subzona 23 con sede en la Brigada de Infantería VII (Corrientes), Eugenio Guañabens Perelló; y el ex jefe del Área 5 de la Capital Federal con sede en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 (Ciudadela), Bernardo José Menéndez.

También pidió 16 años para el ex comandante de Operaciones Navales de la Armada Argentina, Antonio Vañek; el ex jefe del área 232 con sede en el Distrito Militar Misiones, Carlos Humberto Caggiano Tedesco; el ex segundo jefe del Regimiento de Infanteria 1 "Patricios", Felipe Jorge Alespeiti; el ex jefe del subárea 1131 con asiento en el Batallón de Comunicaciones de Comando 601 (City Bell), Néstor Horacio Falcón; y el ex jefe del Área 420 y director de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo, Luis Sadi Pepa.

Todos ellos fueron acusados como autores del delito de asociación ilícita en concurso material con el delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada, en grado de coautores mediatos, en diferentes hechos.

Por los mismos delitos y grados de autoría, Ouviña reclamó 22 años de reclusión para el ex jefe del Área 521 con sede en el Batallón Ingenieros de Construcción 182 de Neuquén, Enrique Braulio Olea, por asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad agravada en dos oportunidades.

El representante del Ministerio Público Fiscal pidió la absolución para el ex director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Juan Avelino Rodríguez, de quien no se pudo probar si fue jefe de área y la responsabilidad que en esa calidad se le atribuía en un caso de privación ilegítima de la libertad.

El juicio, a cargo de los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer, seguirá con los alegatos de las defensas de los 18 acusados.

Tercera audiencia causa Saint Amant II : testimonios impactantes

Con testimonios impactantes, finalizó la tercera audiencia

Este miércoles declararon ante el Tribunal presidido por el Juez Otmar Paolucci el testigo Carlos Giovanetti y las víctimas Graciela Zelayeta y Eduardo Schiel, que contaron cómo fueron secuestrados y torturados. Hicieron lo propio también Jorge y Nilda Gamarra, ambos testigos de la detención ilegal de un grupo de sampedrinos.

La tercera jornada de audiencias en el marco de la mega causa Saint Amant II se desarrolló con normalidad este miércoles. Las declaraciones comenzaron a las 11.30 con el testimonio de Graciela Zelayeta, víctima de delitos de lesa humanidad; luego hizo lo propio su pareja de 1976 Eduardo Schiel. Ambos fueron secuestrados cuando caminaban por la plaza Constitución.

“Estábamos caminando por las calles cerca de la plaza de la iglesia y escuchamos que nos gritaron 'alto', yo me asusté y empecé a correr”, dijo en el principio de su relato Graciela y luego continúo: “En ese momento nos empezaron a tirar con ametralladoras, creo que eran 2 ó 3 personas”.

“Recuerdo que nos tiraron una balacera impresionante, dieron contra el frente de una casa que yo trate de ver ahora y no la pude identificar. Ese frente estuvo mucho tiempo totalmente baleado y estropeado por todas esas balas”, describió.

“Frenamos, nos hacen poner las manos en la pared y nos llevan a la prefectura de acá, después nos dejan salir y después nos vuelven a detener y ahí nos llevan a la comisaría de acá de San Pedro”, completó la mujer, que fue secuestrada junto a su pareja de ese entonces, Eduardo Schiel, quien también declaró hoy.

“Nos acusaban de pegar papeles en la vía pública”, señaló y contó que después de haber estado en la Comisaría fueron trasladados a una casa quinta donde los “desnudaron y torturaron”.

El Fiscal Murray consultó a Graciela sobre si recuerda alguno de los apellidos de las personas que participaron de la detención o secuestro y la mujer aseguró que “no”; en tanto Schiel recordó que escuchó los nombres de “Mario Sbert y Spagnuolo”.

Eduardo Shiel, de 63 años, contó que su familia se enteró que él estaba detenido en San Pedro producto del llamado que un abogado le realizó a su padre padre para pedirle "5.000 pesos" y de esa manera concederle la libertad. Consultado por el apellido del letrado, Schiel sólo recordó que “empezaba con A”. Por esta causa también declaró como testigo Carlos Giovanetti.

Eduardo Schiel es abogado y patrocina a la querella en la causa por la extraña muerte del Obispo de San Nicolás Carlos Ponce de León. Finalizada la Dictadura, Schiel fue miembro de la Conadep y participó de la redacción del Nunca Más, en el que aportó el capítulo dedicado a Ponce de León y los religiosos perseguidos por el terrorismo de Estado en la región.

Además hoy miércoles se empezó a tratar también la causa por el secuestro y torturas de Florencio Gamarra, Juan "Gina" Díaz, Alfredo Velazco, Ricardo "Perruno" Montalvo y Orlando "Naico" Brambilla, sucedido en 1977.

En horas de la mañana prestaron declaración Jorge y Nilda Gamarra. Esta causa continuará tratándose mañana con los testimonios de Ada Brambilla, José Roldán, Juana Abatangelo, Néstor Drago y la Victima Alfredo Velazco.

Se recuerda que cualquier ciudadano puede presenciar las audiencias presentando su DNI y una fotocopia del mismo y que sólo se puede entrar a la Sala antes del inicio de las Audiencias o en los momentos de receso entre cada alegato.

Juzgan los crímenes de la Dictadura cometidos en San Pedro

Las históricas audiencias comienzan miércoles y jueves. Cinco causas, 19 víctimas, 37 testigos y tres imputados, entre ellos el exsuboficial sampedrino Daniel Fernando Quintana. Habrá testimonios desgarradores, de los que podrían surgir nuevos elementos respecto de las complicidades con los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de personas.

Quien doble por calle Mitre hacia Boulevard Paraná se encontrará con un pasacalles que dice “los Juzga un Tribunal, los condenamos todos”. Si hace lo propio por Pellegrini, al llegar a la puerta del Palacio Municipal se entera con certeza de qué se trata, ya que otro cartel indica “en San Pedro se juzgan genocidas, megacausa Saint Amant II”.

Las audiencias por los delitos de lesa humanidad cometidos en esta ciudad en el marco de la sangrienta Dictadura cívico-militar que tuvo el poder en el país durante 1976 y 1983 comenzarán hoy miércoles y se extenderán hasta el 26 de noviembre.
Los testimonios que pasen por este histórico hecho pueden determinar implicaciones de militares, policías y civiles que fueron parte o al menos colaboraron con el aparato represivo que ejecutó el terrorismo de Estado en todo el territorio nacional.

Saint Amant, otra vez
Estos juicios son parte de la segunda megacausa contra el excoronel Manuel Fernando Saint Amant –actualmente detenido en Ezeiza, donde a sus 82 años cumple condena por crímenes similares– quien estuvo a cargo del área militar 132, con asiento en San Nicolás, de la que dependían San Pedro, Baradero y Pergamino.
Son 15 expedientes unificados, de los cuales cinco corresponden a delitos cometidos en San Pedro, cuyas víctimas son sampedrinos y baraderenses.
En total hay once expolicías bonaerenses y cuatro militares imputados en 75 casos de víctimas de secuestros, privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos, torturas, homicidios y desapariciones. Para lo que sucedió en nuestro territorio, los imputados son tres: Saint Amant; su segundo, el Mayor Antonio Federico Bossie; y el exsuboficial de la Policía Bonaerense Daniel Fernando Quintana, sampedrino.
Las audiencias comienzan este miércoles a las 11.30 de la mañana y se desarrollarán en el Salón Dorado de la Municipalidad. Antes, a las 11.00, habrá una radio abierta en las puertas del edificio. El público puede acceder al recinto previa acreditación con DNI y fotocopia. Además podrán seguir todos los testimonios a través del Centro de Información Judicial vía internet, en la página www.cij.gov.ar. La Mesa por la Memoria evaluaba la posibilidad de instalar una pantalla afuera del Concejo Deliberante.

Cinco causas, 19 víctimas
Las causas cuyos hechos se ventilarán en las audiencias en San Pedro son cinco, que entre todas suman 19 víctimas. De ellos seis fueron asesinados y desaparecidos, de los cuales sólo los restos de dos fueron identificados. Además, dos de los detenidos ilegalmente y luego liberados ya fallecieron. Los demás prestarán declaración durante las jornadas.
El primero de los casos es el de los hermanos Julio y Carlos Pheulpin. Ambos militantes del Partido Comunista, el primero detenido en diciembre de 1976 en la Comisaría de San Pedro, luego trasladado al Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de San Nicolás, donde fue torturado. Más tarde, por gestiones del entonces Obispo Carlos Ponce de León, fue legalizado y, como preso político, fue trasladado a la Unidad Penal 3, donde estuvo hasta que, tras pasar por la Justicia Federal de la Dictadura y el Consejo de Guerra, fue sobreseído. El segundo, en tanto, estuvo detenido sin explicaciones en enero de 1977 en la comisaría de San Nicolás. Siete personas testificarán por este expediente.
El segundo es el caso de los hermanos José, Raúl y Julio Peris, oriundos de Baradero. Julio, uno de los últimos miembros activos del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) permanece desaparecido.
En abril de 1976 ingresaron ilegalmente al domicilio de la familia Peris en Baradero y sometieron a sus integrantes a apremios ilegales, vejaciones incluidas. En agosto, Julio Peris fue secuestrado en proximidades a San Pedro y desde entonces nada se supo de él.
La tercera causa tiene que ver con una pareja también oriunda de Baradero, detenida en inmediaciones de la parroquia Nuestra Señora del Socorro a mediados de agosto de 1976. Sus nombres son Graciela Zelayeta y Eduardo Schiel, él abogado querellante en la causa por la extraña muerte del Obispo Ponce de León.
Ambos militantes de Montoneros, estaban distribuyendo volantes cuando los detuvieron efectivos de la Prefectura Naval, a cuya sede fueron trasladados. De allí los liberaron, pero luego, a las pocas cuadras, los volvieron a detener. Ya vendados, los habrían trasladado a la Comisaría, desde donde fueron enviados a centros clandestinos de detención, en baúles de vehículos.
Schiel fue legalizado y sometido a la Justicia Federal, a cargo del Juez Milesi. Ponce de León acompañó a sus familiares y se interesó por su caso. Los testimonios de este expediente serán importantes, en la medida en que las víctimas podrían ofrecer los nombres de algunos de sus captores.
El cuarto caso es el de cinco sampedrinos a quienes “levantaron” de sus domicilios la noche del 21 de julio de 1977 y liberaron cuatro días más tarde en inmediaciones de la estación de rebaje de Transba, ubicada en la Ruta 191.
Ricardo “Perruno” Montalvo, militante del Partido Comunista (PC) con actividades gremiales en la rama bancaria, que tenía 39 años en ese momento; Orlando “Naico” Brambilla, del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), de actividades gremiales en la docencia, con 28 años; Alfredo Velasco, que tenía 37, era miembro del PC y dirigente gremial de los papeleros; Juan Manuel “Gina” Díaz y Florencio Gamarra, ambos ya fallecidos, son las víctimas.
Cuatro fueron secuestrados entre las 23.00 y las 24.00 del 21 de julio de 1977, cada uno desde sus domicilios y en automóviles particulares. Díaz había sido secuestrado la noche anterior.
Brambilla, Montalvo y Velasco relataron a La Opinión que fueron reunidos en otro lugar, vendados y con sus manos atadas con alambres. Según recuerdan, fueron cargados en una camioneta que luego identificaron como una ambulancia del Ejército. De allí fueron trasladados hacia un edificio que luego reconocieron junto al Juez como la Brigada de Investigaciones de San Nicolás.

Allí al menos tres de ellos fueron golpeados y torturados. Hay nombres de sampedrinos que están detenidos por causas similares que podrían estar involucrados al menos en la inteligencia de sus secuestros.

La quinta causa es la que más víctimas posee: Rubén Darío “Negro” Reynoso (desaparecido, luego identificado); Rodolfo Abel Kremer (desaparecido); Miguel Angel Di Pasqua (desaparecido); Oscar Omar Hofer (desaparecido, luego identificado); Víctor Hugo Hofer (desaparecido); Ana Inés Cárdenas; y Carlos Alberto Rojas.

Fueron secuestrados unos en San Pedro y otros en Baradero entre abril y mayo de 1976. Algunos de ellos fueron vistos en el centro clandestino de detención de Campos Salles, en el denominado Gran San Nicolás; otros en la Brigada de Investigaciones. Todos los desaparecidos y los identificados por el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses eran militantes del PRT-ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo).

En las audiencias de esta causa se escucharán testimonios tan valiosos como desgarradores. Por ejemplo, se pondrá en conocimiento momentos en los que Angel Di Pasqua era obligado a “marcar” casas de compañeros, exponiéndolo a él mismo, ensangrentado producto de las torturas (picana eléctrica en los ojos y los testículos; el tristemente famoso “submarino”; golpes de todo tipo, entre otros vejámenes), frente a las viviendas, a la vista de todos los vecinos. Incluso podría revelarse una carta en la que él mismo contaría cómo “se quebró” por los tormentos.

Declararon tres médicos en la causa sobre el Hospital Posadas

La represión contra la salud

Los profesionales contaron cómo era la vida en el hospital los primeros días después del golpe de Estado. Los secuestros y la instalación, poco después, de un centro de detención en la casa que era residencia de los directores.

 Por Alejandra Dandan

Las voces de los sobrevivientes del Hospital Posadas abren la puerta a una nueva faceta de la dictadura: la destrucción del paradigma del sistema de salud pública. Ayer declararon en el juicio oral que se lleva a cabo en los tribunales de Retiro tres médicos secuestrados por horas o días apenas iniciada la última dictadura. Era la primera vez que hablaban en un juicio oral. Una de ellos no dejó de tener los ojos en lágrimas hasta horas después. Otro intentó pensar si los médicos que siguieron trabajando sabían que a metros funcionó un centro clandestino. Y se detuvo en la estructura del grupo SWAT, la patota que a partir de junio de 1976 entró para meter miedo en el edificio: “Desaparecieron en la época otros compañeros, uno iba conociendo historias en el hospital –dijo Carlos Heraldo Bevila-cqua—, esto metía terror porque a uno le tocaban el timbre y no sabía si venían por uno, por razones que uno ignoraba por completo, y esto los sabíamos por otros”.

A la cabeza de los acusados de un juicio que lleva años esperando el debate está Reynaldo Bignone y parte de la patota del grupo que operó dentro del hospital, instalado en “el chalet”, la casa que hasta ese momento servía de morada a los directores y con la dictadura se convirtió en centro clandestino. Ayer declararon Lidia Albano, Bevilacqua y Camilo Campos.

El Posadas es un espacio históricamente simbólico: proyectado por el primer peronismo, paralizado con “la Libertadora”, terminó de abrirse como centro de investigación y hospital modelo en 1971. Buena parte de los médicos marcados por la dictadura habían ingresado en 1973, y estaban identificados, dicen las querellas, “porque formaban parte de una línea de profesionales y científicos comprometidos con el pueblo”. En ese lugar, el pueblo eran personas concretas, como los habitantes de la villa Carlos Gardel, también politizada durante esos años.
Lidia

Para el ’76, Lidia hacía la residencia en pediatría. El 28 de marzo terminaba una guardia de 24 horas. Descansaba. De pronto, sintió golpes en la puerta y gritos que le ordenaban a ella y a otra compañera que salieran como estaban. En la entrada del hospital había dos filas: una con los que entraban, otra con los que salían. Los militares chequeaban nombres con un listado preparado de antemano. En medio del trámite, Lidia vio en la cola de enfrente al médico que iba a reemplazarla. Se cruzó de fila para darle un papel con el estado de los pacientes. La secuestraron tres horas. La obligaron a sacarse la ropa. Quien la requisó miraba el bretel de su corpiño a contraluz y le decía: “Usted no sabe dónde se guardan las cosas los subversivos”. Lloró en la sala cuando habló de ese momento: “Mi único objetivo era volver a mi casa, yo tenía un bebé de seis meses, por lo cual estaba dispuesta a sacarme la ropa para irme”. El hombre las dejó solas con la promesa de mandarles personal femenino para un tacto. “Esperamos, nos dejó encerradas, sentíamos pasos en la puerta. Habremos estado unas tres horas, hasta que vino alguien diciéndonos que no habían podido encontrar personal, que podíamos retirarnos. Nos vestimos y acompañadas por este militar, nos pusimos a hacer la cola y salimos del hospital.”

La fiscalía que encabeza Javier De Luca le preguntó por la relación con la Carlos Gardel. En uno de los interrogatorios, los militares habían preguntado si era cierto que operaban a los guerrilleros del barrio. “Era un hospital muy joven, de gente muy joven, sobre todo del servicio de pediatría, desarrollábamos la idea de un hospital abierto a la comunidad. El edificio era muy lujoso y la gente no entraba mucho porque no parecía accesible. Entonces, teníamos pocas pacientes. Se estableció un sistema para atender a la comunidad y se abrió un consultorio en el barrio, donde los pediatras rotábamos, informábamos y derivábamos al hospital. También participábamos de campañas de control en la escuela de la zona, para informar del servicio de pediatría.” Con el tiempo, algunos de esos vecinos se sumaron a las asambleas del hospital, como actores con derecho a la palabra. 

Carlos
A Carlos lo secuestraron ese mismo día. Sabía que podía pasar porque habían detenido un día antes a otra persona con un apellido parecido y cuando lo soltaron le dijeron que había sido un error. A él y a Campos se los llevaron a Coordinación Federal. Los dos estuvieron unos días.

La represión en el hospital tuvo dos etapas. La primera parte, en la que no hubo desaparecidos, por la que está acusado Bignone. La segunda, cuando el lugar pasó a depender de la Fuerza Aérea (antes estaba bajo órbita del Ejército) y empezó a operar el grupo SWAT, dejó como saldo los seis desaparecidos que integran esta causa, entre ellos Jacobo Chester y Jorge Roitman. Por esta etapa están acusados Luis Muiña y Argentino Ríos.

“No puedo precisar desde cuándo, pero durante esos años era evidente la circulación de personal armado con actitud intimidante. Podía aparecer en los lugares más insólitos: interrumpía en el consultorio o entraban en pleno ateneo exhibiendo las armas”, dijo Bevilacqua.

¿Qué se decía de las personas que de un día para el otro no estaban más?, preguntó una abogada del colectivo Kaos. “Por cosas que uno leía en el diario y cosas que iba sabiendo, uno se imaginaba que serían futuros desaparecidos. Así que se decía, hoy cayó fulanito, Jorge Roitman por ejemplo, otras personas que sin ser médicos eran detenidos y, como Chester, que había sido secretario de la terapia intensiva, una persona muy buena, muy agradable.” También preguntaron por el chalet. ¿Se sabía? “No, en ningún momento. Ni lo imaginaba”, dijo él. “Y ahora que usted me lo plantea pienso que hubiese sido terrible saber que estaban detenidos ahí, y como me enteré con los testimonios, saber de las calamidades que pasaron en ese lugar, no sé cómo decir que me preservó un poco el no saberlo.”

Acusados por homicidio

En el juicio se reconstruirán los casos de 21 víctimas, seis de las cuales permanecen desaparecidas. Las imputaciones incluyen privación ilegal de la libertad y tormentos, pero hasta ahora no hay imputaciones por homicidios. Los fiscales del juicio –Javier de Luca y Guillermo Silva, como adjunto– pidieron que se amplíe la acusación por dos de ellos como homicidios. Son los casos de Jacobo Chester y Jorge Roitman, uno de ellos sigue desaparecido y otro fue identificado. Los testimonios de dos sobrevivientes que declararon la semana pasada, Gladys Cuervo y Marta Graif, permitieron fundamentar este pedido. La defensa dio su opinión ayer y se espera que hoy se pronuncie el Tribunal Oral Federal 2.

Los alegatos en el juicio contra los represores de Campo de Mayo

Sólo queda pedir las condenas.
Con los rostros de los desaparecidos en blanco y negro sobre decenas de sillas de plástico y ante la mirada inexpresiva de los imputados, encabezados por el último dictador Reynaldo Benito Bignone, comenzó ayer en Vicente López la ronda de alegatos del juicio oral y público a los ex jerarcas de Campo de Mayo, el mayor campo de exterminio de la última dictadura. Durante casi seis horas los abogados Ciro Annichiarico y Mariana Maurer describieron los 25 casos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas que integran la acusación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN). Hoy a partir de las 9.30 desmenuzarán la responsabilidad de cada acusado y pedirán las condenas. Luego comenzará el alegato de la abogada Alcira Ríos y de los fiscales federales Javier De Luca, Marcelo García Berro y Juan Patricio Murray.

La jornada se inició con una hora de demora, ante un par de reporteros gráficos y poco más de veinte personas. La mayoría eran integrantes de la agrupación Peronismo 26 de Julio, que fundó y condujo hasta su muerte Juan Carlos Scarpatti, el sobreviviente que logró fugarse de Campo de Mayo y denunció ante el mundo las atrocidades que bajo la supervisión de Riveros, Verplaetsen & Cía. se cometían en El Campito y los otros tres centros clandestinos que funcionaron en la mayor unidad del Ejército.
Los chaparrones sobre el techo de chapas de la sociedad de fomento José Hernández obligaron al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín a realizar varios cuartos intermedios. Junto a Bignone, de 82 años, se sentaron en el banquillo los ex generales Santiago Riveros, Jorge Osvaldo García (ambos condenados por las torturas y el asesinato de Floreal Avellaneda), Eugenio Guañabens Perelló y, con sus anteojos negros reglamentarios, el coronel Alberto Roque Tepedino, ex jefe del Batallón de Inteligencia 601. Estuvieron ausentes el ex jefe de inteligencia del Comando de Instituto Militares general Fernando Verplaetsen, que prefirió seguir el alegato desde una sala contigua, y el ex comisario Germán Montenegro, que no figura entre los acusados de los casos que lleva la SDHN.
Annichiarico y Maurer se alternaron en la tarea de describir de manera pausada los casos que forman parte del juicio. El representante del Poder Ejecutivo se detuvo en el caso Scarpatti. Lo definió como “un verdadero héroe que permitió echar luz sobre el pozo negro de Campo de Mayo, el más grande de los centenares de centros clandestinos del país, por el que pasaron más de cinco mil personas”. Recordó que varios de los jerarcas de Campo de Mayo se jactaban de comandar “el más efectivo” de los centros de detención y contrapuso su imagen con “la valentía de Cacho Scarpatti, que logró recuperarse después de recibir ocho balazos, simuló colaborar para poder acceder a todos los rincones de Campo de Mayo y, luego de fugarse, permitió conocer el funcionamiento interno, saber de muchos cautivos que luego desaparecieron, y echó luz sobre los victimarios”.
Los abogados destacaron el ejemplo del psiquiatra Eduardo Covarrubias y su esposa, Beatriz Castiglione, sobrevivientes y testigos en el juicio. El hombre figuraba en la agenda de un amigo junto a la sigla FAP, que en su caso no significaba Fuerzas Armadas Peronistas sino Federación Argentina de Psiquiatría. Por ese motivo fue secuestrado y torturado junto a su mujer durante dos semanas, hasta que la denominada “inteligencia militar” admitió su torpeza y los liberó. Anicchiarico destacó que, “pese a no tener una militancia previa, su compromiso solidario los llevó a aportar nombres y datos fundamentales para armar el rompecabezas de Campo de Mayo”.
Uno de los casos más estremecedores fue el de la familia Meza Niella, secuestrados y torturados en el Colegio Militar de la Nación y luego en El Campito. En enero de 1978, cuando un grupo de tareas del Ejército se lo llevó encapuchado junto a su mamá y sus hermanos, Walter Meza Niella tenía apenas 14 años. Durante las semanas siguientes no sólo tuvo que soportar los tormentos, también escuchar los gritos de dolor de su madre. Antes de liberarlo un militar le dio un consejo: “Olvidate de todo lo que viste, leé mucho la Biblia y no te metas en política”.
Igual que durante las testimoniales, Bignone & Cía. siguieron el alegato como quien escucha una historia ajena y desconocida. “La gente recuerda a Bignone como el militar bueno que permitió las elecciones y le puso la banda presidencial a Alfonsín. Este juicio permite conocer su verdadero rostro, el del personaje siniestro que actuó en plena dictadura en el Comando de Institutos Militares y que a varios familiares de víctimas les sugirió olvidarse de sus seres queridos porque, decía, ‘no se puede hacer nada’”, destacó Anichiarico. Hoy la Secretaría concluirá el alegato y pedirá las condenas. Luego será el turno de la acusación de Alcira Ríos, abogada de la familia Quintela Dallasta, y del Ministerio Público Fiscal.

Aportan documentación sobre la actuación de Mercedes Benz durante la dictadura

Con expertise represivo internacional

El Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, con sede en Alemania, entregó antecedentes a la Justicia sobre cómo la empresa automotriz colaboró con totalitarismos en procura de “beneficios”. Los antecedentes de Carlos Ruckauf.

Por Gustavo Veiga

Las denuncias contra la empresa Mercedes Benz por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura se robustecieron la semana pasada con la presentación de un informe del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (Ecchr), con sede en Alemania. A modo de amicus curiae –un trámite judicial en el que terceros ajenos a un juicio ofrecen de manera voluntaria su opinión respecto del litigio para colaborar con el tribunal–, el organismo aportó antecedentes internacionales sobre hechos semejantes a los que se investigan en la Argentina y en los que estuvo involucrada la automotriz. Por caso, una denuncia que pesa sobre ella en la Justicia de Estados Unidos por haber colaborado con el apartheid sudafricano, además de antecedentes similares durante el régimen nazi que gobernó desde Berlín entre 1933 y 1945.

El largo y tortuoso camino recorrido por los familiares y compañeros de los catorce delegados y activistas desaparecidos de la compañía ahora parece más diáfano, según la abogada de la querella, Florencia Arieto: “Con la presentación del amicus curiae quedan muy claras algunas cosas. ¿Podía haber evitado la Mercedes Benz el secuestro de sus propios trabajadores? La respuesta es sí, aunque hubiera sido a costa de su propia producción. Por eso se aprovechó de una coyuntura política de totalitarismo para hacer desaparecer gente que pensaba distinto, por eso es cómplice de delitos de lesa humanidad”, dice Arieto, quien patrocina a Héctor Aníbal Ratto, uno de los sobrevivientes que declaró ante el Tribunal Oral Federal Nº 1. Junto a él, también se presentó la periodista alemana Gaby Weber, quien investigó las desapariciones de trabajadores en la compañía y aportó documentación desclasificada.

La causa de la Mercedes Benz ya tiene once cuerpos y el objetivo de la querella es que los jueces citen a declaración indagatoria al responsable de producción de la fábrica durante la dictadura, Juan Rolando Tasselkraut. “Está vivo y muy lúcido. Lo ubicamos en San Fernando”, señala Arieto. Según los denunciantes, los otros dos responsables de lo que ocurrió entre abril de 1976 y agosto del ’77 –período en el que desaparecieron los catorce obreros– son el ex ministro de Trabajo de Isabel Perón Carlos Ruckauf y el histórico gremialista del Smata José Rodríguez, quien falleció el pasado 6 de noviembre.

Los trabajadores desaparecidos son Rubén Oscar Caddeo, José Antonio Vizzini, Miguel Grieco, Esteban Alfredo Reimer, Víctor Hugo Ventura, Carlos Adolfo Cienciala, Oscar Alberto Alvarez Bauman, Fernando Omar Del Conte, Héctor Alberto Belmonte, Alberto Gigena, Diego Eustaquio Núñez, Jorge Alberto Leichner, Juan José Mosquera y Alberto Francisco Arenas. El primero desapareció el 5 de abril de 1976 y el último el 19 de agosto de 1977. A Juan José Martín, Alfredo Martín y a Ratto se los llevaron desde la planta de González Catán, pero fueron liberados tiempo después.

El informe presentado por el Ecchr alemán que firma su secretario general, el abogado Wolfgang Kaleck, fue realizado con el objetivo de señalar que la Argentina tiene la obligación “de perseguir y condenar a los responsables –sea cual fuere su forma de participación– de las violaciones de derechos humanos, incluyendo cuando se trata de actores no estatales”. El Centro es una organización registrada en el juzgado municipal de Berlín-Charlottenburg, trabaja con un equipo internacional de abogados y cuenta con expertos mundialmente reconocidos como Theo Van Boven, de la Universidad de Maastricht y comisionado especial de las Naciones Unidas contra la tortura.

El Ecchr, en su escrito de 36 páginas, describe que la querella presentada ante el tribunal “se dirige, entre otros, contra Juan Ronaldo Tasselkraut, quien habría cometido –si es que los hechos acusados llegan a ser probados como ciertos– actos criminales no como persona privada, sino en su función como ejecutivo de la empresa Mercedes Benz Argentina SA”. A continuación señala que “la empresa tiene antecedentes de colaboración con regímenes represivos y violadores de los derechos humanos, sobre todo en la época del nacionalsocialismo en Alemania”. Y describe que “utilizó el trabajo forzado de cerca de 50.000 prisioneros de guerra y presos de los campos de concentración ofrecidos por el régimen nazi”. Trazando un paralelo con las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Argentina, el Ecchr dice que la automotriz alemana “aparentemente tampoco habría dudado, en Sudáfrica, en entregar a las fuerzas de seguridad en bandeja a sus propios trabajadores con tendencias críticas o sindicalistas”.

El amicus curiae señala en sus conclusiones que “si no se judicializa directamente a las empresas y a sus representantes, la impunidad por las violaciones de derechos humanos sigue y se produce una situación de permisividad tácita que puede ser interpretada por las empresas en el sentido de que pueden seguir actuando en perjuicio a personas sin límites ni morales ni legales, lo cual generaría graves contradicciones y pondría en riesgo lo que aquí se ha podido determinar como principios fundamentales del derecho internacional penal: la responsabilidad penal de empresas y sus representantes por participación y colaboración en violaciones de derechos humanos”.

Arieto destacó que la audiencia en la que declararon Ratto y Weber “fue una bisagra muy interesante porque les permitió a los tres jueces del tribunal acotar el objeto de su pesquisa con el caso Ratto, como también preguntarle y solicitarle a Weber que entregara documentación como los archivos desclasificados de la Cancillería con el pedido de Ruckauf de que se echara a los trabajadores de Mercedes Benz en octubre de 1975. Smata y la empresa trabajaban como una sola unidad, legitimados por el entonces ministro, que preparó el terreno para el general Santiago Omar Riveros”, el primer condenado a prisión perpetua en la megacausa Campo de Mayo, por la desaparición del estudiante Floreal Avellaneda.

En la Justicia se tiran la pelota

Por Diego Martínez

El Tribunal Oral Federal 1 (TOF-1) de San Martín dedicó ayer un párrafo especial a la cabeza del Poder Judicial y a otros poderes del Estado por las dificultades para conseguir una sala adecuada para juzgar a Bignone & Cía., situación que obligó a postergar una semana el inicio del debate. “Desde que recibimos la causa comenzamos las gestiones”, relató su presidenta, Marta Milloc. “Libramos oficio al Consejo de la Magistratura, a la Corte Suprema y al Ministerio de Justicia con el fin de que se alquile una sala acorde, sin perjuicio de las gestiones oficiosas y pacientes del doctor (Héctor) Sagretti. No obtuvimos ninguna alternativa favorable”, afirmó. “Quien no tenía obligación institucional de resolver el problema ofreció estas instalaciones”, agregó, en referencia al intendente de Vicente López, Osvaldo García.

La postura del TOF-1, en línea con las críticas de las querellas, no se condice con el relato del tribunal supremo, para el cual “el tema estaba solucionado” y, “en cualquier caso, la solución pasaba por el Consejo de la Magistratura y por el propio tribunal” de San Martín. Según explicó a Página/12 el coordinador de la unidad de superintendencia de la Corte para juicios de lesa humanidad, Walter Venditti, “la situación fue abordada en varias reuniones y, según información del propio tribunal oral del 21 de septiembre, el inicio del debate estaba garantizado en la sala del Centro Cultural Munro”, que había “facilitado la Municipalidad de Vicente López”. Todo ello “sin perjuicio de que la Intendencia de la Cámara Federal de San Martín había conseguido un salón que reunía todas las condiciones en jurisdicción del municipio de San Martín, que finalmente fue rechazado porque al tribunal no le convenía, tal como nos lo hizo saber el Consejo de la Magistratura a través de la Dirección de Administración”, agregó.

“La Corte se enteró del nuevo inconveniente el viernes 23 de octubre por un llamado del doctor Sagretti, y desde ese momento se reactivaron en la emergencia las gestiones con los organismos pertinentes”, explicó Venditti. Tal como informó Página/12 ayer, la marcha atrás del Japonés García se produjo ante las quejas de vecinos y comerciantes de la avenida Vélez Sarsfield, quienes adujeron que el proceso “complicaría la circulación y bajaría las ventas”. “Finalmente, a partir de la nueva gestión –continuó el funcionario de la Corte–, el intendente de Vicente López, que había negado de manera repentina el auditorio antes citado, facilitó el lugar” donde ayer comenzó el juicio. “No existieron reclamos formales o informales a esta Corte, ni de los jueces actuantes ni de organismos de derechos humanos o querellas de la causa”, concluyó.

Bignone empezó a ser juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo

El último dictador es juzgado desde ayer junto a otros cinco generales y un comisario bonaerense, acusados de 58 secuestros, desapariciones y tormentos cometidos hace tres décadas en Campo de Mayo, el mayor centro clandestino de detención del país. Julio Alak presenció el proceso y afirmó que "se trata de uno de los juicios más esperados".

Centenares de familiares levantaron las fotos de las víctimas apenas los imputados ingresaron en fila a la sala de audiencias, donde se destacaba la presencia del ministro de Justicia, Julio Alak, y miembros de organismos de derechos humanos, entre ellos Taty Almeida, Angela Boitano e HIJOS.

"Se trata de uno de los juicios mas esperados por la comunidad y por los organismos de derechos humanos, por la magnitud de lo crímenes allí cometidos", dijo Alak, quien se declaró interesado "personalmente" por haber patrocinado, tras la restauración democrática, denuncias de enterramientos clandestinos en le cementerio de Boulogne.

En los alrededores de tinglado de la localidad de Florida, conseguido a último momento por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín para sesionar, un centenar de manifestantes de la Corriente 26 de Julio, y el PC agitaban banderas.

A último momento fue excluido del juzgamiento el ex jefe de la escuela de ingenieros, Eduardo Alfredo Espósito, a quien el tribunal declaró "sin las facultades mentales plenas", aunque recomendó rehacer las pericias en seis meses.

En cambio, solo autorizó a abandonar la audiencia por la jornada inicial al ex jefe de inteligencia, Fernando Verplaetsen, afectado por un "cuadro de diarreas" con certificado médico.

Los restantes acusados son los ya condenados generales Jorge Omar Riveros, que fue jefe del Comando de Instituto Militares de Campo de Mayo, y Jorge Osvaldo García, que comandó la escuela de infantería; el ex jefe de la inteligencia militar Carlos Tepedino, y Eugenio Guañabens Perelló, ex director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate "General Lemos".

Este es el segundo juicio donde se ventilan delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, donde funcionaron al menos cuatro centros clandestinos de detención de los cuales, a diferencia de la ESMA, hubo muy pocos sobrevivientes, la mayoría de los cuales comenzará a testimoniar en los próximos días.

Los primeros casos leídos ayer referían a detenidos que lograron identificar su lugar de cautiverio a los conocidos como "El Campito" y La Casita", de donde fueron "blanqueados" en la comisaría de Bella Vista, a cargo del también imputado comisario Germán Montenegro.

El TOF 1de San Martín, que integran jueces Marta Isabel Milloc, Héctor Sagretti, Daniel Alberto Cisneros y Lidia Soto (sustituto), sesionará los martes, miércoles y jueves, con un máximo de cinco horas, para preservar la salud de los acusados, en su mayoría octogenarios que tras eludir la justicia durante tres décadas, llegan al juicio bajo el régimen atenuado de prisión preventiva domiciliaria.

Bignone, el último presidente de la dictadura

El ex dictador Reynaldo Bignone será juzgado por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo. Riveros y Verplaetsen van por su segunda condena. Debuta el coronel Tepedino, ex jefe del Batallón de Inteligencia 601.

Por Diego Martínez

Un cuarto de siglo después de colocarle la banda presidencial a Raúl Alfonsín, el último dictador rendirá cuentas ante la Justicia. Reynaldo Benito Bignone, el general que ordenó incinerar los archivos de las Fuerzas Armadas sobre la guerra sucia y que confesó ante una periodista francesa que los desaparecidos “sólo fueron ocho mil”, comenzará a ser juzgado mañana por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, el mayor centro de torturas y exterminio del país durante la última dictadura. El ex presidente de facto tras la aventura de Malvinas, de 81 años, estará acompañado por cinco generales, incluidos tres condenados en agosto por el asesinato de Floreal Avellaneda, más el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601, coronel Carlos Alberto Tepedino, y el ex comisario Germán Montenegro. Están imputados por 56 casos de secuestros, tormentos y homicidios.

Ultima escala de miles de desaparecidos, Campo de Mayo es tal vez la mayor deuda del Poder Judicial con la sociedad argentina. A diferencia de la causa ESMA, con setenta procesados y ninguna condena, la mayor guarnición del Ejército va por su segundo juicio con el noventa por ciento de sus represores libres e impunes. La escasez de sobrevivientes es uno de los motivos, tan real como las deficiencias en la instrucción y los obstáculos de la Cámara Federal de San Martín. El condenado más famoso es el general Santiago Riveros, ex jefe del Comando de Institutos Militares, de la ex Zona IV, y responsable de los centros clandestinos El Campito, Las Casitas, el Hospital Militar donde funcionó la maternidad clandestina, y la ex Cárcel de Encausados, que hoy aloja a represores con preventiva pero donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular.

Riveros, de 86 años, quien purga su sentencia en el penal de Marcos Paz, volverá a ser juzgado junto con otros dos condenados: los generales Fernando Ezequiel Verplaetsen, 84 años, ex jefe de inteligencia, y Jorge Osvaldo García, 82 años, que esta vez no será juzgado como ex director de la Escuela de Infantería sino del Colegio Militar de la Nación, escala previa al “Campito” de varios secuestrados. García lamentó hace dos meses la pasividad de sus cómplices civiles, “entusiastas de las Fuerzas Armadas de entonces” a quienes “no se les pide adhesión pero sí memoria”. El nuevo juicio le permitirá seguir pensando el tema, ya que incluirá el caso de Héctor Ratto, obrero de Mercedes Benz. Su gerente de producción Juan Rolando Tasselkraut entregó en presencia de Ratto la dirección de uno de los catorce delegados de la firma que permanecen desaparecidos.

Los otros dos generales tienen 83 años. Eugenio Guañabens Perelló será juzgado como autor mediato de secuestros y homicidios cuando dirigía en 1977 la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate General Lemos y comandaba el área militar 470, en el partido de General Sarmiento. Eduardo Alfredo Espósito fue ese mismo año director de la Escuela de Ingenieros y jefe del área 410, que abarcaba Escobar y Tigre, pagos del preso más famoso de la causa: el ex intendente y torturador confeso Luis Patti.

El séptimo militar es Tepedino, a quien Página/12 fotografió y denunció en 2003 por violar su arresto domiciliario. El coronel retirado de 82 años fue director de Inteligencia Interior de la SIDE entre 1975 y 1977 y comandó el Batallón de Callao y Viamonte en 1978 y 1979. El 601 procesaba y redistribuía la información que los destacamentos de inteligencia del Ejército de todo el país arrancaban en las mesas de torturas. Tanto Bignone como Riveros destacaron en sus indagatorias el rol de los subordinados de Tepedino. “El traslado de detenidos era decidido por personal de inteligencia del Batallón 601 destinado en Campo de Mayo, ya que eran los especialistas en interrogatorios. Gracias a ellos se ganó la guerra”, celebró Riveros.

Uno de los torturadores más recordados entre los sobrevivientes fue Néstor León López, miembro de Prefectura Naval a quien el 601 destinó en comisión a El Campito, donde se especializó en militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. “El Alemán”, que usaba una fusta para realzar su autoridad, fue identificado cuando ya había muerto por Juan Carlos Scarpati, que no dudó al ver las fotos de su legajo. También murió a tiempo el teniente coronel Jorge Voso, alias “Ginebrón” o “Víctor”, ex responsable del centro clandestino.

Otro interrogador impune pero vivo es Carlos Eduardo Somoza, alias “Gordo” o “Fito”, ex miembro de Gendarmería y de la Central de Reunión del 601. Hace treinta años usaba el nombre de cobertura César Ernesto Segal y se especializaba en militantes de Montoneros. Tal como informó Página/12, Somoza se fugó hace tres meses con la colaboración de un agente de la División Operaciones del Departamento Seguridad del Estado de la Policía Federal, que tocó timbre en su casa y fue a un locutorio a avisar que no estaba. La captura frustrada la había requerido el juez Ariel Lijo por su rol en el Operativo Murciélago. Su detención en la causa Campo de Mayo fue solicitada hace dos años, pero ni el ex juez Martín Suares Araujo ni su subrogante Juan Manuel Yalj la ordenaron aún.

El rostro final

Tras la guerra de las Malvinas, el general Cristino Nicolaides designó en nombre del Ejército al entonces general retirado Reynaldo Benito Antonio Bignone en el Poder Ejecutivo. Las crónicas de la época hablaban de la designación por “un solo voto”, el voto del Ejército, en una estructura en la que la Junta de Comandantes se disolvía. Bignone asumió el 1º de julio de 1982 como cuarto jefe del gobierno de la última dictadura. Tenía 54 años. A fuerza del trabajo de los organismos de derechos humanos, en el país se abría el camino de la recuperación democrática. En ese contexto, Bignone inició la negociación con los partidos políticos nucleados en la multisectorial que lideraba Raúl Alfonsín y preparaba la firma de un paquete de leyes de amnistía a los militares.

“¿Cualquier gobierno surgido de las elecciones es mejor que un gobierno militar?”, preguntó por aquellos días la revista Gente. “¡No!”, respondió el general Bignone. “El fundamento esencial del sistema democrático es que surja el mejor gobierno y entonces le digo que sí, que el mejor gobierno surgido de elecciones, es mejor que un gobierno militar.”

Los sobrevivientes de los campos clandestinos recordaron años después otras frases. “En una guerra sucia, el inocente paga por los culpables.” Y Bignone es la misma persona que años más tarde, en 2003, admitió ante una cámara oculta que los instructores franceses enseñaron a los militares argentinos el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina de personas. O que el Episcopado argentino aprobó aquella práctica. “Fue una copia”, le dijo a la periodista Marie-Monique Robin, intentando comparar la batalla de Argel con la Argentina. “Inteligencia, cuadriculación del territorio dividido en zonas. La diferencia era que Argelia era una colonia y lo nuestro fue dentro del país, era una diferencia de fondo pero no de forma en la aplicación de la doctrina.”

Bignone nació en Morón, el 21 de enero de 1928. A los 19 años entró a la Infantería de Marina del Ejército, estudió en la Escuela Superior de Guerra y en la España de Franco. En 1964 ascendió a jefe del VI Regimiento de Infantería, en 1975 a secretario del Estado Mayor del Ejército y quedó como director del Colegio Militar del Palomar. Tras participar del derrocamiento de Isabel Perón, el 28 de marzo de 1976 envió a una patota que ocupó el policlínico Posadas de Haedo, convertido en centro clandestino en un operativo que terminó con 40 secuestrados. Fue subjefe del Comando de Institutos Militares debajo de Santiago Omar Riveros. Dicen que su retiro en 1981, tras la caída de Videla y el distanciamiento con las cúpulas militares que siguieron, le dio una imagen ideal a la que apeló el Ejército para la transición.

Ante la sociedad, dijo que venía a restaurar la democracia. Pero su mandato iba a incluir una tarea clave: la negociación con las fuerzas políticas para el retiro ordenado, sin investigaciones ni sanciones de los dictadores, como recuerdan Eduardo Kimel y María del Carmen Ruiz en 20 años de historia política argentina. El 28 de abril de 1983 firmó el decreto 2726 para destruir la documentación sobre detenciones, tortura y asesinato de desaparecidos. Y dictó el documento final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo, que dictaminaba la muerte de los desaparecidos. El 23 de septiembre firmó la ley de Amnistía o Pacificación Nacional para los miembros de las FF.AA. sobre todos los actos cometidos en la guerra contra la subversión que el Congreso después anulará.

El Juicio a las Juntas de diciembre de 1985 juzgó a nueve integrantes de las tres primeras juntas. La última, presidida por Bignone, fue excluida. En 1984 quedó detenido por la desaparición de dos conscriptos, pero quedó en libertad por las leyes de la impunidad. Fue detenido nuevamente en 1999, en el marco de la investigación por el robo de bebés y el secuestro y desaparición de médicos del Hospital Posadas.