Pedidos de 25 años de prisión para Bignone y Riveros por el Plan Cóndor

Tras más de tres meses de exposición ante el Tribunal Oral Federal 1, el fiscal Pablo Ouviña pidió las condenas en el juicio oral que se realiza en los tribunales de Comodoro Py desde marzo de 2013. Los exresponsables de Institutos Militares Reynado Bignone y Santiago Omar Riveros y otros 18 represores son acusados de encabezar el plan ideado por las dictaduras latinoamericanas para coordinar la represión ilegal en la región.

También se pidieron 25 años para el ex director de la escuela de Caballería Rodolfo Feroglio y el ex jefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza. Todos fueron considerados miembros de una asociación ilícita que cometió privaciones ilegales de la libertad.

Para el exservicio de inteligencia militar uruguayo Manuel Cordero Piacentini también se reclamó una pena de 25 años como partícipe necesario del secuestro de once víctimas.

Otro que tuvo un pedido de pena de 25 años por parte de la fiscalía fue el ex agente de la SIDE Miguel Angel Furci, por su rol en el centro clandestino de detención que funcionó en Automotores Orletti, considerado uno de los principales lugares de reclusión de víctimas del Plan Cóndor. Furci quedó imputado por 60 casos de privación ilegal de la libertad y 123 casos de torturas.

Ouviña reclamó la condena de diez años de reclusión para el ex jefe del área militar 112, sede del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, Federico Antonio Minicucci, y para el ex jefe del Área 331 y director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant, a quienes acusó por asociación ilícita.

En tanto, pidió 16 años de reclusión para ocho acusados, que están siendo juzgados por el rol que les cupo cuando intervinieron en los siguientes cargos: el ex jefe del área 111 con sede en el Batallón Depósito de Arsenales 601 (Quilmes), Eduardo Samuel De Lío; el ex jefe de la subzona 23 con sede en la Brigada de Infantería VII (Corrientes), Eugenio Guañabens Perelló; y el ex jefe del Área 5 de la Capital Federal con sede en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 (Ciudadela), Bernardo José Menéndez.

También pidió 16 años para el ex comandante de Operaciones Navales de la Armada Argentina, Antonio Vañek; el ex jefe del área 232 con sede en el Distrito Militar Misiones, Carlos Humberto Caggiano Tedesco; el ex segundo jefe del Regimiento de Infanteria 1 "Patricios", Felipe Jorge Alespeiti; el ex jefe del subárea 1131 con asiento en el Batallón de Comunicaciones de Comando 601 (City Bell), Néstor Horacio Falcón; y el ex jefe del Área 420 y director de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo, Luis Sadi Pepa.

Todos ellos fueron acusados como autores del delito de asociación ilícita en concurso material con el delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada, en grado de coautores mediatos, en diferentes hechos.

Por los mismos delitos y grados de autoría, Ouviña reclamó 22 años de reclusión para el ex jefe del Área 521 con sede en el Batallón Ingenieros de Construcción 182 de Neuquén, Enrique Braulio Olea, por asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad agravada en dos oportunidades.

El representante del Ministerio Público Fiscal pidió la absolución para el ex director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Juan Avelino Rodríguez, de quien no se pudo probar si fue jefe de área y la responsabilidad que en esa calidad se le atribuía en un caso de privación ilegítima de la libertad.

El juicio, a cargo de los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer, seguirá con los alegatos de las defensas de los 18 acusados.

También se pidieron 25 años para el ex director de la escuela de Caballería Rodolfo Feroglio y el ex jefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza. Todos fueron considerados miembros de una asociación ilícita que cometió privaciones ilegales de la libertad.

Para el exservicio de inteligencia militar uruguayo Manuel Cordero Piacentini también se reclamó una pena de 25 años como partícipe necesario del secuestro de once víctimas.

Otro que tuvo un pedido de pena de 25 años por parte de la fiscalía fue el ex agente de la SIDE Miguel Angel Furci, por su rol en el centro clandestino de detención que funcionó en Automotores Orletti, considerado uno de los principales lugares de reclusión de víctimas del Plan Cóndor. Furci quedó imputado por 60 casos de privación ilegal de la libertad y 123 casos de torturas.

Ouviña reclamó la condena de diez años de reclusión para el ex jefe del área militar 112, sede del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, Federico Antonio Minicucci, y para el ex jefe del Área 331 y director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant, a quienes acusó por asociación ilícita.

En tanto, pidió 16 años de reclusión para ocho acusados, que están siendo juzgados por el rol que les cupo cuando intervinieron en los siguientes cargos: el ex jefe del área 111 con sede en el Batallón Depósito de Arsenales 601 (Quilmes), Eduardo Samuel De Lío; el ex jefe de la subzona 23 con sede en la Brigada de Infantería VII (Corrientes), Eugenio Guañabens Perelló; y el ex jefe del Área 5 de la Capital Federal con sede en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 (Ciudadela), Bernardo José Menéndez.

También pidió 16 años para el ex comandante de Operaciones Navales de la Armada Argentina, Antonio Vañek; el ex jefe del área 232 con sede en el Distrito Militar Misiones, Carlos Humberto Caggiano Tedesco; el ex segundo jefe del Regimiento de Infanteria 1 "Patricios", Felipe Jorge Alespeiti; el ex jefe del subárea 1131 con asiento en el Batallón de Comunicaciones de Comando 601 (City Bell), Néstor Horacio Falcón; y el ex jefe del Área 420 y director de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo, Luis Sadi Pepa.

Todos ellos fueron acusados como autores del delito de asociación ilícita en concurso material con el delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada, en grado de coautores mediatos, en diferentes hechos.

Por los mismos delitos y grados de autoría, Ouviña reclamó 22 años de reclusión para el ex jefe del Área 521 con sede en el Batallón Ingenieros de Construcción 182 de Neuquén, Enrique Braulio Olea, por asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad agravada en dos oportunidades.

El representante del Ministerio Público Fiscal pidió la absolución para el ex director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Juan Avelino Rodríguez, de quien no se pudo probar si fue jefe de área y la responsabilidad que en esa calidad se le atribuía en un caso de privación ilegítima de la libertad.

El juicio, a cargo de los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer, seguirá con los alegatos de las defensas de los 18 acusados.

Tercera audiencia causa Saint Amant II : testimonios impactantes

Con testimonios impactantes, finalizó la tercera audiencia

Este miércoles declararon ante el Tribunal presidido por el Juez Otmar Paolucci el testigo Carlos Giovanetti y las víctimas Graciela Zelayeta y Eduardo Schiel, que contaron cómo fueron secuestrados y torturados. Hicieron lo propio también Jorge y Nilda Gamarra, ambos testigos de la detención ilegal de un grupo de sampedrinos.

La tercera jornada de audiencias en el marco de la mega causa Saint Amant II se desarrolló con normalidad este miércoles. Las declaraciones comenzaron a las 11.30 con el testimonio de Graciela Zelayeta, víctima de delitos de lesa humanidad; luego hizo lo propio su pareja de 1976 Eduardo Schiel. Ambos fueron secuestrados cuando caminaban por la plaza Constitución.

“Estábamos caminando por las calles cerca de la plaza de la iglesia y escuchamos que nos gritaron 'alto', yo me asusté y empecé a correr”, dijo en el principio de su relato Graciela y luego continúo: “En ese momento nos empezaron a tirar con ametralladoras, creo que eran 2 ó 3 personas”.

“Recuerdo que nos tiraron una balacera impresionante, dieron contra el frente de una casa que yo trate de ver ahora y no la pude identificar. Ese frente estuvo mucho tiempo totalmente baleado y estropeado por todas esas balas”, describió.

“Frenamos, nos hacen poner las manos en la pared y nos llevan a la prefectura de acá, después nos dejan salir y después nos vuelven a detener y ahí nos llevan a la comisaría de acá de San Pedro”, completó la mujer, que fue secuestrada junto a su pareja de ese entonces, Eduardo Schiel, quien también declaró hoy.

“Nos acusaban de pegar papeles en la vía pública”, señaló y contó que después de haber estado en la Comisaría fueron trasladados a una casa quinta donde los “desnudaron y torturaron”.

El Fiscal Murray consultó a Graciela sobre si recuerda alguno de los apellidos de las personas que participaron de la detención o secuestro y la mujer aseguró que “no”; en tanto Schiel recordó que escuchó los nombres de “Mario Sbert y Spagnuolo”.

Eduardo Shiel, de 63 años, contó que su familia se enteró que él estaba detenido en San Pedro producto del llamado que un abogado le realizó a su padre padre para pedirle "5.000 pesos" y de esa manera concederle la libertad. Consultado por el apellido del letrado, Schiel sólo recordó que “empezaba con A”. Por esta causa también declaró como testigo Carlos Giovanetti.

Eduardo Schiel es abogado y patrocina a la querella en la causa por la extraña muerte del Obispo de San Nicolás Carlos Ponce de León. Finalizada la Dictadura, Schiel fue miembro de la Conadep y participó de la redacción del Nunca Más, en el que aportó el capítulo dedicado a Ponce de León y los religiosos perseguidos por el terrorismo de Estado en la región.

Además hoy miércoles se empezó a tratar también la causa por el secuestro y torturas de Florencio Gamarra, Juan "Gina" Díaz, Alfredo Velazco, Ricardo "Perruno" Montalvo y Orlando "Naico" Brambilla, sucedido en 1977.

En horas de la mañana prestaron declaración Jorge y Nilda Gamarra. Esta causa continuará tratándose mañana con los testimonios de Ada Brambilla, José Roldán, Juana Abatangelo, Néstor Drago y la Victima Alfredo Velazco.

Se recuerda que cualquier ciudadano puede presenciar las audiencias presentando su DNI y una fotocopia del mismo y que sólo se puede entrar a la Sala antes del inicio de las Audiencias o en los momentos de receso entre cada alegato.

Juzgan los crímenes de la Dictadura cometidos en San Pedro

Las históricas audiencias comienzan miércoles y jueves. Cinco causas, 19 víctimas, 37 testigos y tres imputados, entre ellos el exsuboficial sampedrino Daniel Fernando Quintana. Habrá testimonios desgarradores, de los que podrían surgir nuevos elementos respecto de las complicidades con los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de personas.

Quien doble por calle Mitre hacia Boulevard Paraná se encontrará con un pasacalles que dice “los Juzga un Tribunal, los condenamos todos”. Si hace lo propio por Pellegrini, al llegar a la puerta del Palacio Municipal se entera con certeza de qué se trata, ya que otro cartel indica “en San Pedro se juzgan genocidas, megacausa Saint Amant II”.

Las audiencias por los delitos de lesa humanidad cometidos en esta ciudad en el marco de la sangrienta Dictadura cívico-militar que tuvo el poder en el país durante 1976 y 1983 comenzarán hoy miércoles y se extenderán hasta el 26 de noviembre.
Los testimonios que pasen por este histórico hecho pueden determinar implicaciones de militares, policías y civiles que fueron parte o al menos colaboraron con el aparato represivo que ejecutó el terrorismo de Estado en todo el territorio nacional.

Saint Amant, otra vez
Estos juicios son parte de la segunda megacausa contra el excoronel Manuel Fernando Saint Amant –actualmente detenido en Ezeiza, donde a sus 82 años cumple condena por crímenes similares– quien estuvo a cargo del área militar 132, con asiento en San Nicolás, de la que dependían San Pedro, Baradero y Pergamino.
Son 15 expedientes unificados, de los cuales cinco corresponden a delitos cometidos en San Pedro, cuyas víctimas son sampedrinos y baraderenses.
En total hay once expolicías bonaerenses y cuatro militares imputados en 75 casos de víctimas de secuestros, privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos, torturas, homicidios y desapariciones. Para lo que sucedió en nuestro territorio, los imputados son tres: Saint Amant; su segundo, el Mayor Antonio Federico Bossie; y el exsuboficial de la Policía Bonaerense Daniel Fernando Quintana, sampedrino.
Las audiencias comienzan este miércoles a las 11.30 de la mañana y se desarrollarán en el Salón Dorado de la Municipalidad. Antes, a las 11.00, habrá una radio abierta en las puertas del edificio. El público puede acceder al recinto previa acreditación con DNI y fotocopia. Además podrán seguir todos los testimonios a través del Centro de Información Judicial vía internet, en la página www.cij.gov.ar. La Mesa por la Memoria evaluaba la posibilidad de instalar una pantalla afuera del Concejo Deliberante.

Cinco causas, 19 víctimas
Las causas cuyos hechos se ventilarán en las audiencias en San Pedro son cinco, que entre todas suman 19 víctimas. De ellos seis fueron asesinados y desaparecidos, de los cuales sólo los restos de dos fueron identificados. Además, dos de los detenidos ilegalmente y luego liberados ya fallecieron. Los demás prestarán declaración durante las jornadas.
El primero de los casos es el de los hermanos Julio y Carlos Pheulpin. Ambos militantes del Partido Comunista, el primero detenido en diciembre de 1976 en la Comisaría de San Pedro, luego trasladado al Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de San Nicolás, donde fue torturado. Más tarde, por gestiones del entonces Obispo Carlos Ponce de León, fue legalizado y, como preso político, fue trasladado a la Unidad Penal 3, donde estuvo hasta que, tras pasar por la Justicia Federal de la Dictadura y el Consejo de Guerra, fue sobreseído. El segundo, en tanto, estuvo detenido sin explicaciones en enero de 1977 en la comisaría de San Nicolás. Siete personas testificarán por este expediente.
El segundo es el caso de los hermanos José, Raúl y Julio Peris, oriundos de Baradero. Julio, uno de los últimos miembros activos del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) permanece desaparecido.
En abril de 1976 ingresaron ilegalmente al domicilio de la familia Peris en Baradero y sometieron a sus integrantes a apremios ilegales, vejaciones incluidas. En agosto, Julio Peris fue secuestrado en proximidades a San Pedro y desde entonces nada se supo de él.
La tercera causa tiene que ver con una pareja también oriunda de Baradero, detenida en inmediaciones de la parroquia Nuestra Señora del Socorro a mediados de agosto de 1976. Sus nombres son Graciela Zelayeta y Eduardo Schiel, él abogado querellante en la causa por la extraña muerte del Obispo Ponce de León.
Ambos militantes de Montoneros, estaban distribuyendo volantes cuando los detuvieron efectivos de la Prefectura Naval, a cuya sede fueron trasladados. De allí los liberaron, pero luego, a las pocas cuadras, los volvieron a detener. Ya vendados, los habrían trasladado a la Comisaría, desde donde fueron enviados a centros clandestinos de detención, en baúles de vehículos.
Schiel fue legalizado y sometido a la Justicia Federal, a cargo del Juez Milesi. Ponce de León acompañó a sus familiares y se interesó por su caso. Los testimonios de este expediente serán importantes, en la medida en que las víctimas podrían ofrecer los nombres de algunos de sus captores.
El cuarto caso es el de cinco sampedrinos a quienes “levantaron” de sus domicilios la noche del 21 de julio de 1977 y liberaron cuatro días más tarde en inmediaciones de la estación de rebaje de Transba, ubicada en la Ruta 191.
Ricardo “Perruno” Montalvo, militante del Partido Comunista (PC) con actividades gremiales en la rama bancaria, que tenía 39 años en ese momento; Orlando “Naico” Brambilla, del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), de actividades gremiales en la docencia, con 28 años; Alfredo Velasco, que tenía 37, era miembro del PC y dirigente gremial de los papeleros; Juan Manuel “Gina” Díaz y Florencio Gamarra, ambos ya fallecidos, son las víctimas.
Cuatro fueron secuestrados entre las 23.00 y las 24.00 del 21 de julio de 1977, cada uno desde sus domicilios y en automóviles particulares. Díaz había sido secuestrado la noche anterior.
Brambilla, Montalvo y Velasco relataron a La Opinión que fueron reunidos en otro lugar, vendados y con sus manos atadas con alambres. Según recuerdan, fueron cargados en una camioneta que luego identificaron como una ambulancia del Ejército. De allí fueron trasladados hacia un edificio que luego reconocieron junto al Juez como la Brigada de Investigaciones de San Nicolás.

Allí al menos tres de ellos fueron golpeados y torturados. Hay nombres de sampedrinos que están detenidos por causas similares que podrían estar involucrados al menos en la inteligencia de sus secuestros.

La quinta causa es la que más víctimas posee: Rubén Darío “Negro” Reynoso (desaparecido, luego identificado); Rodolfo Abel Kremer (desaparecido); Miguel Angel Di Pasqua (desaparecido); Oscar Omar Hofer (desaparecido, luego identificado); Víctor Hugo Hofer (desaparecido); Ana Inés Cárdenas; y Carlos Alberto Rojas.

Fueron secuestrados unos en San Pedro y otros en Baradero entre abril y mayo de 1976. Algunos de ellos fueron vistos en el centro clandestino de detención de Campos Salles, en el denominado Gran San Nicolás; otros en la Brigada de Investigaciones. Todos los desaparecidos y los identificados por el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses eran militantes del PRT-ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo).

En las audiencias de esta causa se escucharán testimonios tan valiosos como desgarradores. Por ejemplo, se pondrá en conocimiento momentos en los que Angel Di Pasqua era obligado a “marcar” casas de compañeros, exponiéndolo a él mismo, ensangrentado producto de las torturas (picana eléctrica en los ojos y los testículos; el tristemente famoso “submarino”; golpes de todo tipo, entre otros vejámenes), frente a las viviendas, a la vista de todos los vecinos. Incluso podría revelarse una carta en la que él mismo contaría cómo “se quebró” por los tormentos.

Mínimas e insultantes condenas por la Causa Hospital Posadas

El último dictador, Reynaldo Bignone fue condenado este jueves a 15 años de prisión, en su tercera condena por crímenes de lesa humanidad, esta vez por 15 privaciones ilegales de la libertad cometidos en el centro clandestino de detención “El Chalet” que funcionó en el Hospital Posadas de Haedo.
 
El Tribunal Oral Federal 2 de esta Capital condenó también a 8 años de prisión y ordenó la inmediata detención del ex brigadier Hipolito Rafael Mariani, quien fuie arrestado y cumplirá prisión domiciliaria.

El tribunal aplicó además la pena de 13 años al ex custodio del hospital Luis Muiña, todos por privaciones ilegales de la libertad y tomentos a trabajadores del establecimiento, pero no por desapariciones ni asesinatos.

Un cuarto acusado, Argentino Ríos, que integraba junto a Muiña el autodenominado comando de seguridad interna o Grupo SWAT, fue separado del juicio por "razones de salud", pero será juzgado cuando se restablezca, según el fallo.

La lectura del fallo de los jueces Pablo Daniel Bertuzzi, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini fue seguida en silencio y decepción por decenas de médicos y empleados del hospital presentes en la sala, muchos de ellos ataviados con remeras con la nómina de desaparecidos, una lista que duplica el número de casos juzgados.

En la madrugada del 28 de marzo de 1976 un operativo militar con tanques y helicópteros comandado personalmente por Bignone ocupó el hospital “Alejandro Posadas” de Haedo y capturó, entre otros, al director del establecimiento, Julio Cesar Rodriguez Otero (ya fallecido), que habitaba el llamado “Chalet”, que fue convertido en centro de detención y torturas.

En los primeros días se produjeron las 15 privaciones ilegales de la libertad y tomentos juzgados en este juicios, incluidas las del médico infectólogo Jorge Roitman, y el empleado administrativo Jacobo Chester, cuyo cuerpos asesinados aparecieron luego.

Los desaparecidos y asesinados en el Posadas denunciados por el personal : Jacobo Chester (administrativo, asesinado), Jorge Roitman (médico, asesinado), Julio César Quiroga (administrativo), Maria Esther Goulecdzian (psicóloga), María Teresa García de Cuello (técnica sanitaria), Ignacio Luna Sanchez (técnico sanitario), Eduardo Carla Sala (médico), Josefina Pedemonte (docente), Daniel Eduardo Calleja (médico psiquiatra), Osvaldo Fraga (enfermero), María Angela Cairo (enfermera).

Mariani era jefe de la Brigada Aérea de El Palomar, y ya fue condenado a 8 años de prisión como jefe de la llamada Mansión Seré, pero llegó en libertad a este juicio.

Ahora sólo fue condenado por la privación ilegal de la libertad agravada de Gladis Ester Cuervo, un enfermera sobreviviente y querellante, torturada en la base.

Al termino de la lectura del veredicto quedó detenido, pero cumplirá su pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, de la que también goza el dictador Bignone, con dos condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en la guarnición de Campo de Mayo, bajo su jefatura cuando fue Comandante de Institutos Militares.

Compañeras y compañeros secuestrados y asesinados Hospital Posadas

Jacobo Chester Empleado Estadística Desaparecido y asesinado 27 - 11 - 1976	Osvaldo Fraga Enfermero Emergencia Desaparecido 01 - 12 - 1976	María Esther Goulecdzian Psicóloga Desaparecida 01 - 08 - 1977
Josefina Pedemonte Empleada de Guardería Desaparecida 10 - 08- 1976	Julio Quiroga Empleado de Imprenta Desaparecido 05 - 01 - 1977	Daniel Eduardo Calleja Médico Psiquiatra Desaparecido 22 - 03 - 1977
Eduardo Carlas Salas Médico Desaparecido 14 - 01 - 1977	Jorge Roitman Médico Desaparecido 02 - 12 - 1976	Ignacio Jesús Luna Sánchez - Estudiante Técnico de Hemoterapia Desaparecido 25 - 07 - 1976
María Teresa de Cuello Técnica de Esterilización Desaparecida 26 - 11 - 1976	María Ángela Cairo Enfermera Emergencia Desaparecida 27 - 11 - 1976

Declararon tres médicos en la causa sobre el Hospital Posadas

La represión contra la salud

Los profesionales contaron cómo era la vida en el hospital los primeros días después del golpe de Estado. Los secuestros y la instalación, poco después, de un centro de detención en la casa que era residencia de los directores.

 Por Alejandra Dandan

Las voces de los sobrevivientes del Hospital Posadas abren la puerta a una nueva faceta de la dictadura: la destrucción del paradigma del sistema de salud pública. Ayer declararon en el juicio oral que se lleva a cabo en los tribunales de Retiro tres médicos secuestrados por horas o días apenas iniciada la última dictadura. Era la primera vez que hablaban en un juicio oral. Una de ellos no dejó de tener los ojos en lágrimas hasta horas después. Otro intentó pensar si los médicos que siguieron trabajando sabían que a metros funcionó un centro clandestino. Y se detuvo en la estructura del grupo SWAT, la patota que a partir de junio de 1976 entró para meter miedo en el edificio: “Desaparecieron en la época otros compañeros, uno iba conociendo historias en el hospital –dijo Carlos Heraldo Bevila-cqua—, esto metía terror porque a uno le tocaban el timbre y no sabía si venían por uno, por razones que uno ignoraba por completo, y esto los sabíamos por otros”.

A la cabeza de los acusados de un juicio que lleva años esperando el debate está Reynaldo Bignone y parte de la patota del grupo que operó dentro del hospital, instalado en “el chalet”, la casa que hasta ese momento servía de morada a los directores y con la dictadura se convirtió en centro clandestino. Ayer declararon Lidia Albano, Bevilacqua y Camilo Campos.

El Posadas es un espacio históricamente simbólico: proyectado por el primer peronismo, paralizado con “la Libertadora”, terminó de abrirse como centro de investigación y hospital modelo en 1971. Buena parte de los médicos marcados por la dictadura habían ingresado en 1973, y estaban identificados, dicen las querellas, “porque formaban parte de una línea de profesionales y científicos comprometidos con el pueblo”. En ese lugar, el pueblo eran personas concretas, como los habitantes de la villa Carlos Gardel, también politizada durante esos años.
Lidia

Para el ’76, Lidia hacía la residencia en pediatría. El 28 de marzo terminaba una guardia de 24 horas. Descansaba. De pronto, sintió golpes en la puerta y gritos que le ordenaban a ella y a otra compañera que salieran como estaban. En la entrada del hospital había dos filas: una con los que entraban, otra con los que salían. Los militares chequeaban nombres con un listado preparado de antemano. En medio del trámite, Lidia vio en la cola de enfrente al médico que iba a reemplazarla. Se cruzó de fila para darle un papel con el estado de los pacientes. La secuestraron tres horas. La obligaron a sacarse la ropa. Quien la requisó miraba el bretel de su corpiño a contraluz y le decía: “Usted no sabe dónde se guardan las cosas los subversivos”. Lloró en la sala cuando habló de ese momento: “Mi único objetivo era volver a mi casa, yo tenía un bebé de seis meses, por lo cual estaba dispuesta a sacarme la ropa para irme”. El hombre las dejó solas con la promesa de mandarles personal femenino para un tacto. “Esperamos, nos dejó encerradas, sentíamos pasos en la puerta. Habremos estado unas tres horas, hasta que vino alguien diciéndonos que no habían podido encontrar personal, que podíamos retirarnos. Nos vestimos y acompañadas por este militar, nos pusimos a hacer la cola y salimos del hospital.”

La fiscalía que encabeza Javier De Luca le preguntó por la relación con la Carlos Gardel. En uno de los interrogatorios, los militares habían preguntado si era cierto que operaban a los guerrilleros del barrio. “Era un hospital muy joven, de gente muy joven, sobre todo del servicio de pediatría, desarrollábamos la idea de un hospital abierto a la comunidad. El edificio era muy lujoso y la gente no entraba mucho porque no parecía accesible. Entonces, teníamos pocas pacientes. Se estableció un sistema para atender a la comunidad y se abrió un consultorio en el barrio, donde los pediatras rotábamos, informábamos y derivábamos al hospital. También participábamos de campañas de control en la escuela de la zona, para informar del servicio de pediatría.” Con el tiempo, algunos de esos vecinos se sumaron a las asambleas del hospital, como actores con derecho a la palabra. 

Carlos
A Carlos lo secuestraron ese mismo día. Sabía que podía pasar porque habían detenido un día antes a otra persona con un apellido parecido y cuando lo soltaron le dijeron que había sido un error. A él y a Campos se los llevaron a Coordinación Federal. Los dos estuvieron unos días.

La represión en el hospital tuvo dos etapas. La primera parte, en la que no hubo desaparecidos, por la que está acusado Bignone. La segunda, cuando el lugar pasó a depender de la Fuerza Aérea (antes estaba bajo órbita del Ejército) y empezó a operar el grupo SWAT, dejó como saldo los seis desaparecidos que integran esta causa, entre ellos Jacobo Chester y Jorge Roitman. Por esta etapa están acusados Luis Muiña y Argentino Ríos.

“No puedo precisar desde cuándo, pero durante esos años era evidente la circulación de personal armado con actitud intimidante. Podía aparecer en los lugares más insólitos: interrumpía en el consultorio o entraban en pleno ateneo exhibiendo las armas”, dijo Bevilacqua.

¿Qué se decía de las personas que de un día para el otro no estaban más?, preguntó una abogada del colectivo Kaos. “Por cosas que uno leía en el diario y cosas que iba sabiendo, uno se imaginaba que serían futuros desaparecidos. Así que se decía, hoy cayó fulanito, Jorge Roitman por ejemplo, otras personas que sin ser médicos eran detenidos y, como Chester, que había sido secretario de la terapia intensiva, una persona muy buena, muy agradable.” También preguntaron por el chalet. ¿Se sabía? “No, en ningún momento. Ni lo imaginaba”, dijo él. “Y ahora que usted me lo plantea pienso que hubiese sido terrible saber que estaban detenidos ahí, y como me enteré con los testimonios, saber de las calamidades que pasaron en ese lugar, no sé cómo decir que me preservó un poco el no saberlo.”

Acusados por homicidio

En el juicio se reconstruirán los casos de 21 víctimas, seis de las cuales permanecen desaparecidas. Las imputaciones incluyen privación ilegal de la libertad y tormentos, pero hasta ahora no hay imputaciones por homicidios. Los fiscales del juicio –Javier de Luca y Guillermo Silva, como adjunto– pidieron que se amplíe la acusación por dos de ellos como homicidios. Son los casos de Jacobo Chester y Jorge Roitman, uno de ellos sigue desaparecido y otro fue identificado. Los testimonios de dos sobrevivientes que declararon la semana pasada, Gladys Cuervo y Marta Graif, permitieron fundamentar este pedido. La defensa dio su opinión ayer y se espera que hoy se pronuncie el Tribunal Oral Federal 2.

Un acusado admitió que durante la última dictadura funcionó en el Hospital Posadas, un centro clandestino de detención

Con la intención de despegarse de los cargos en su contra, el ex brigadier Hipólito Rafael Mariani confirmó ayer la existencia del centro clandestino El Chalet. Fue en el inicio del juicio por la represión en el Hospital Posadas, que tiene cuatro acusados.

En su intento por despegarse de los delitos que se le imputan, el ex brigadier Hipólito Rafael Mariani confirmó ayer la existencia del centro clandestino El Chalet, que funcionó en el predio del Hospital Posadas. El oficial de la Fuerza Aérea, quien ya fue condenado como responsable de secuestros, torturas y asesinatos en Mansión Seré, fue el único de los cuatro acusados que aceptó prestar declaración indagatoria, ante una sala repleta en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py. Por guardar silencio optaron el último dictador, Reynaldo Benito Bignone, y los civiles Luis Muiña y Argentinos, únicos ex miembros del denominado “grupo Swat” que llegaron vivos el juicio. Mientras Mariani aseguraba que ordenó detener a los represores al asumir como jefe de la Brigada Aérea de Palomar, en enero de 1977, Ríos sufrió un dolor en el pecho y debió abandonar los tribunales de Retiro en ambulancia. El proceso oral y público ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 continuará hoy a las 14.

El juicio por delitos de lesa humanidad en el Hospital Posadas se inició ayer, luego de dos postergaciones y a casi tres años desde que el juez Daniel Rafecas concluyera la instrucción de la causa. La audiencia comenzó con la lectura de elevación, en la que se resumen los hechos y las acusaciones, y al mediodía los jueces les dieron la palabra a los represores. Bignone, de 83 años, ex delegado de la Junta Militar en el área de Bienestar Social, pasó al frente caminando con bastón sólo para dejar en claro que no iba a declarar. Ríos, de 66 años, que se ganó algunos gritos de “cobarde” cuando entró a la sala con muletas, se limitó a dar sus datos personales, igual que Muiña, de 57 años.

Mariani, de 84 años, reiteró el discurso con el que intentó defenderse durante las indagatorias de los últimos años. Dijo que en enero de 1977 supo “por un anónimo” de la existencia de un grupo parapolicial “al que llamaban Swat”, que hacía “ostentación visible de armas y perturbaba la tranquilidad del hospital” y que “respondía al entonces director del hospital, coronel (médico Julio) Estévez”. “Intenté morigerar la actuación de ellos, pero dijeron que tenían sus propias órdenes a las que atenerse y entonces ordené la detención de todos y los entregué a Inteligencia de la Fuerza Aérea”, declaró Mariani. Aseguró que, una vez trasladados a Palomar, ordenó liberar a todas los cautivos de El Chalet. “No tuve absolutamente nada que ver con ese tema”, intentó defenderse el militar, que a su manera confirmó la existencia del centro de detención en un área militar que el Ejército había delegado a la Fuerza Aérea y que a pesar de múltiples evidencias niega la existencia de detenidos en la base de El Palomar, unidad militar desde la que también partieron vuelos de la muerte, según la investigación del fiscal federal Federico Delgado.

Las certezas de Mariani, igual que en la etapa de instrucción, comenzaron a diluirse ante las preguntas de los fiscales federales Javier de Luca y Guillermo Silva. Indagado sobre el destino de los miembros del grupo de tareas que operaba en El Chalet, el ex brigadier dijo ignorarlo. Sobre los secuestrados, respondió de forma ambigua, invocando la falta de memoria que achaca a sus 84 abriles. “Se los mandó a su casa”, sugirió, aunque dijo ignorar los más elementales pormenores de las supuestas liberaciones. Mariani también insistió sobre una supuesta “confusión histórica” respecto de la orden de operaciones Provincia 2/76, por la cual la Fuerza Aérea se hizo cargo de la “lucha contra la subversión” en la subzona militar 16, que abarcó los partidos de Merlo, Moreno y Morón. El condenado octogenario niega esa delegación de funciones, por la cual incluso las comisarías bonaerenses quedaron bajo su jurisdicción.

El juicio ante el tribunal que integran Pablo Bertuzzi, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini continuará hoy con la declaración testimonial del Cristina Pfluger, integrante de la Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Hospital Posadas, que tiene a su cargo actualmente la muestra permanente Construyendo Memoria en el Hospital Posadas. La comisión se reúne en el aula “Los Compañeros” de la Escuela de Enfermería, que desde 1999 y con el lema “Por una enfermería con compromiso social” funciona en la casa de dos pisos donde hace 35 se instaló el centro clandestino El Chalet.