Pedidos de 25 años de prisión para Bignone y Riveros por el Plan Cóndor

Tras más de tres meses de exposición ante el Tribunal Oral Federal 1, el fiscal Pablo Ouviña pidió las condenas en el juicio oral que se realiza en los tribunales de Comodoro Py desde marzo de 2013. Los exresponsables de Institutos Militares Reynado Bignone y Santiago Omar Riveros y otros 18 represores son acusados de encabezar el plan ideado por las dictaduras latinoamericanas para coordinar la represión ilegal en la región.

También se pidieron 25 años para el ex director de la escuela de Caballería Rodolfo Feroglio y el ex jefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza. Todos fueron considerados miembros de una asociación ilícita que cometió privaciones ilegales de la libertad.

Para el exservicio de inteligencia militar uruguayo Manuel Cordero Piacentini también se reclamó una pena de 25 años como partícipe necesario del secuestro de once víctimas.

Otro que tuvo un pedido de pena de 25 años por parte de la fiscalía fue el ex agente de la SIDE Miguel Angel Furci, por su rol en el centro clandestino de detención que funcionó en Automotores Orletti, considerado uno de los principales lugares de reclusión de víctimas del Plan Cóndor. Furci quedó imputado por 60 casos de privación ilegal de la libertad y 123 casos de torturas.

Ouviña reclamó la condena de diez años de reclusión para el ex jefe del área militar 112, sede del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, Federico Antonio Minicucci, y para el ex jefe del Área 331 y director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant, a quienes acusó por asociación ilícita.

En tanto, pidió 16 años de reclusión para ocho acusados, que están siendo juzgados por el rol que les cupo cuando intervinieron en los siguientes cargos: el ex jefe del área 111 con sede en el Batallón Depósito de Arsenales 601 (Quilmes), Eduardo Samuel De Lío; el ex jefe de la subzona 23 con sede en la Brigada de Infantería VII (Corrientes), Eugenio Guañabens Perelló; y el ex jefe del Área 5 de la Capital Federal con sede en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 (Ciudadela), Bernardo José Menéndez.

También pidió 16 años para el ex comandante de Operaciones Navales de la Armada Argentina, Antonio Vañek; el ex jefe del área 232 con sede en el Distrito Militar Misiones, Carlos Humberto Caggiano Tedesco; el ex segundo jefe del Regimiento de Infanteria 1 "Patricios", Felipe Jorge Alespeiti; el ex jefe del subárea 1131 con asiento en el Batallón de Comunicaciones de Comando 601 (City Bell), Néstor Horacio Falcón; y el ex jefe del Área 420 y director de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo, Luis Sadi Pepa.

Todos ellos fueron acusados como autores del delito de asociación ilícita en concurso material con el delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada, en grado de coautores mediatos, en diferentes hechos.

Por los mismos delitos y grados de autoría, Ouviña reclamó 22 años de reclusión para el ex jefe del Área 521 con sede en el Batallón Ingenieros de Construcción 182 de Neuquén, Enrique Braulio Olea, por asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad agravada en dos oportunidades.

El representante del Ministerio Público Fiscal pidió la absolución para el ex director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Juan Avelino Rodríguez, de quien no se pudo probar si fue jefe de área y la responsabilidad que en esa calidad se le atribuía en un caso de privación ilegítima de la libertad.

El juicio, a cargo de los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer, seguirá con los alegatos de las defensas de los 18 acusados.

También se pidieron 25 años para el ex director de la escuela de Caballería Rodolfo Feroglio y el ex jefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza. Todos fueron considerados miembros de una asociación ilícita que cometió privaciones ilegales de la libertad.

Para el exservicio de inteligencia militar uruguayo Manuel Cordero Piacentini también se reclamó una pena de 25 años como partícipe necesario del secuestro de once víctimas.

Otro que tuvo un pedido de pena de 25 años por parte de la fiscalía fue el ex agente de la SIDE Miguel Angel Furci, por su rol en el centro clandestino de detención que funcionó en Automotores Orletti, considerado uno de los principales lugares de reclusión de víctimas del Plan Cóndor. Furci quedó imputado por 60 casos de privación ilegal de la libertad y 123 casos de torturas.

Ouviña reclamó la condena de diez años de reclusión para el ex jefe del área militar 112, sede del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, Federico Antonio Minicucci, y para el ex jefe del Área 331 y director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant, a quienes acusó por asociación ilícita.

En tanto, pidió 16 años de reclusión para ocho acusados, que están siendo juzgados por el rol que les cupo cuando intervinieron en los siguientes cargos: el ex jefe del área 111 con sede en el Batallón Depósito de Arsenales 601 (Quilmes), Eduardo Samuel De Lío; el ex jefe de la subzona 23 con sede en la Brigada de Infantería VII (Corrientes), Eugenio Guañabens Perelló; y el ex jefe del Área 5 de la Capital Federal con sede en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 (Ciudadela), Bernardo José Menéndez.

También pidió 16 años para el ex comandante de Operaciones Navales de la Armada Argentina, Antonio Vañek; el ex jefe del área 232 con sede en el Distrito Militar Misiones, Carlos Humberto Caggiano Tedesco; el ex segundo jefe del Regimiento de Infanteria 1 "Patricios", Felipe Jorge Alespeiti; el ex jefe del subárea 1131 con asiento en el Batallón de Comunicaciones de Comando 601 (City Bell), Néstor Horacio Falcón; y el ex jefe del Área 420 y director de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo, Luis Sadi Pepa.

Todos ellos fueron acusados como autores del delito de asociación ilícita en concurso material con el delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada, en grado de coautores mediatos, en diferentes hechos.

Por los mismos delitos y grados de autoría, Ouviña reclamó 22 años de reclusión para el ex jefe del Área 521 con sede en el Batallón Ingenieros de Construcción 182 de Neuquén, Enrique Braulio Olea, por asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad agravada en dos oportunidades.

El representante del Ministerio Público Fiscal pidió la absolución para el ex director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Juan Avelino Rodríguez, de quien no se pudo probar si fue jefe de área y la responsabilidad que en esa calidad se le atribuía en un caso de privación ilegítima de la libertad.

El juicio, a cargo de los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer, seguirá con los alegatos de las defensas de los 18 acusados.

Tercera audiencia causa Saint Amant II : testimonios impactantes

Con testimonios impactantes, finalizó la tercera audiencia

Este miércoles declararon ante el Tribunal presidido por el Juez Otmar Paolucci el testigo Carlos Giovanetti y las víctimas Graciela Zelayeta y Eduardo Schiel, que contaron cómo fueron secuestrados y torturados. Hicieron lo propio también Jorge y Nilda Gamarra, ambos testigos de la detención ilegal de un grupo de sampedrinos.

La tercera jornada de audiencias en el marco de la mega causa Saint Amant II se desarrolló con normalidad este miércoles. Las declaraciones comenzaron a las 11.30 con el testimonio de Graciela Zelayeta, víctima de delitos de lesa humanidad; luego hizo lo propio su pareja de 1976 Eduardo Schiel. Ambos fueron secuestrados cuando caminaban por la plaza Constitución.

“Estábamos caminando por las calles cerca de la plaza de la iglesia y escuchamos que nos gritaron 'alto', yo me asusté y empecé a correr”, dijo en el principio de su relato Graciela y luego continúo: “En ese momento nos empezaron a tirar con ametralladoras, creo que eran 2 ó 3 personas”.

“Recuerdo que nos tiraron una balacera impresionante, dieron contra el frente de una casa que yo trate de ver ahora y no la pude identificar. Ese frente estuvo mucho tiempo totalmente baleado y estropeado por todas esas balas”, describió.

“Frenamos, nos hacen poner las manos en la pared y nos llevan a la prefectura de acá, después nos dejan salir y después nos vuelven a detener y ahí nos llevan a la comisaría de acá de San Pedro”, completó la mujer, que fue secuestrada junto a su pareja de ese entonces, Eduardo Schiel, quien también declaró hoy.

“Nos acusaban de pegar papeles en la vía pública”, señaló y contó que después de haber estado en la Comisaría fueron trasladados a una casa quinta donde los “desnudaron y torturaron”.

El Fiscal Murray consultó a Graciela sobre si recuerda alguno de los apellidos de las personas que participaron de la detención o secuestro y la mujer aseguró que “no”; en tanto Schiel recordó que escuchó los nombres de “Mario Sbert y Spagnuolo”.

Eduardo Shiel, de 63 años, contó que su familia se enteró que él estaba detenido en San Pedro producto del llamado que un abogado le realizó a su padre padre para pedirle "5.000 pesos" y de esa manera concederle la libertad. Consultado por el apellido del letrado, Schiel sólo recordó que “empezaba con A”. Por esta causa también declaró como testigo Carlos Giovanetti.

Eduardo Schiel es abogado y patrocina a la querella en la causa por la extraña muerte del Obispo de San Nicolás Carlos Ponce de León. Finalizada la Dictadura, Schiel fue miembro de la Conadep y participó de la redacción del Nunca Más, en el que aportó el capítulo dedicado a Ponce de León y los religiosos perseguidos por el terrorismo de Estado en la región.

Además hoy miércoles se empezó a tratar también la causa por el secuestro y torturas de Florencio Gamarra, Juan "Gina" Díaz, Alfredo Velazco, Ricardo "Perruno" Montalvo y Orlando "Naico" Brambilla, sucedido en 1977.

En horas de la mañana prestaron declaración Jorge y Nilda Gamarra. Esta causa continuará tratándose mañana con los testimonios de Ada Brambilla, José Roldán, Juana Abatangelo, Néstor Drago y la Victima Alfredo Velazco.

Se recuerda que cualquier ciudadano puede presenciar las audiencias presentando su DNI y una fotocopia del mismo y que sólo se puede entrar a la Sala antes del inicio de las Audiencias o en los momentos de receso entre cada alegato.

Juzgan los crímenes de la Dictadura cometidos en San Pedro

Las históricas audiencias comienzan miércoles y jueves. Cinco causas, 19 víctimas, 37 testigos y tres imputados, entre ellos el exsuboficial sampedrino Daniel Fernando Quintana. Habrá testimonios desgarradores, de los que podrían surgir nuevos elementos respecto de las complicidades con los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de personas.

Quien doble por calle Mitre hacia Boulevard Paraná se encontrará con un pasacalles que dice “los Juzga un Tribunal, los condenamos todos”. Si hace lo propio por Pellegrini, al llegar a la puerta del Palacio Municipal se entera con certeza de qué se trata, ya que otro cartel indica “en San Pedro se juzgan genocidas, megacausa Saint Amant II”.

Las audiencias por los delitos de lesa humanidad cometidos en esta ciudad en el marco de la sangrienta Dictadura cívico-militar que tuvo el poder en el país durante 1976 y 1983 comenzarán hoy miércoles y se extenderán hasta el 26 de noviembre.
Los testimonios que pasen por este histórico hecho pueden determinar implicaciones de militares, policías y civiles que fueron parte o al menos colaboraron con el aparato represivo que ejecutó el terrorismo de Estado en todo el territorio nacional.

Saint Amant, otra vez
Estos juicios son parte de la segunda megacausa contra el excoronel Manuel Fernando Saint Amant –actualmente detenido en Ezeiza, donde a sus 82 años cumple condena por crímenes similares– quien estuvo a cargo del área militar 132, con asiento en San Nicolás, de la que dependían San Pedro, Baradero y Pergamino.
Son 15 expedientes unificados, de los cuales cinco corresponden a delitos cometidos en San Pedro, cuyas víctimas son sampedrinos y baraderenses.
En total hay once expolicías bonaerenses y cuatro militares imputados en 75 casos de víctimas de secuestros, privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos, torturas, homicidios y desapariciones. Para lo que sucedió en nuestro territorio, los imputados son tres: Saint Amant; su segundo, el Mayor Antonio Federico Bossie; y el exsuboficial de la Policía Bonaerense Daniel Fernando Quintana, sampedrino.
Las audiencias comienzan este miércoles a las 11.30 de la mañana y se desarrollarán en el Salón Dorado de la Municipalidad. Antes, a las 11.00, habrá una radio abierta en las puertas del edificio. El público puede acceder al recinto previa acreditación con DNI y fotocopia. Además podrán seguir todos los testimonios a través del Centro de Información Judicial vía internet, en la página www.cij.gov.ar. La Mesa por la Memoria evaluaba la posibilidad de instalar una pantalla afuera del Concejo Deliberante.

Cinco causas, 19 víctimas
Las causas cuyos hechos se ventilarán en las audiencias en San Pedro son cinco, que entre todas suman 19 víctimas. De ellos seis fueron asesinados y desaparecidos, de los cuales sólo los restos de dos fueron identificados. Además, dos de los detenidos ilegalmente y luego liberados ya fallecieron. Los demás prestarán declaración durante las jornadas.
El primero de los casos es el de los hermanos Julio y Carlos Pheulpin. Ambos militantes del Partido Comunista, el primero detenido en diciembre de 1976 en la Comisaría de San Pedro, luego trasladado al Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de San Nicolás, donde fue torturado. Más tarde, por gestiones del entonces Obispo Carlos Ponce de León, fue legalizado y, como preso político, fue trasladado a la Unidad Penal 3, donde estuvo hasta que, tras pasar por la Justicia Federal de la Dictadura y el Consejo de Guerra, fue sobreseído. El segundo, en tanto, estuvo detenido sin explicaciones en enero de 1977 en la comisaría de San Nicolás. Siete personas testificarán por este expediente.
El segundo es el caso de los hermanos José, Raúl y Julio Peris, oriundos de Baradero. Julio, uno de los últimos miembros activos del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) permanece desaparecido.
En abril de 1976 ingresaron ilegalmente al domicilio de la familia Peris en Baradero y sometieron a sus integrantes a apremios ilegales, vejaciones incluidas. En agosto, Julio Peris fue secuestrado en proximidades a San Pedro y desde entonces nada se supo de él.
La tercera causa tiene que ver con una pareja también oriunda de Baradero, detenida en inmediaciones de la parroquia Nuestra Señora del Socorro a mediados de agosto de 1976. Sus nombres son Graciela Zelayeta y Eduardo Schiel, él abogado querellante en la causa por la extraña muerte del Obispo Ponce de León.
Ambos militantes de Montoneros, estaban distribuyendo volantes cuando los detuvieron efectivos de la Prefectura Naval, a cuya sede fueron trasladados. De allí los liberaron, pero luego, a las pocas cuadras, los volvieron a detener. Ya vendados, los habrían trasladado a la Comisaría, desde donde fueron enviados a centros clandestinos de detención, en baúles de vehículos.
Schiel fue legalizado y sometido a la Justicia Federal, a cargo del Juez Milesi. Ponce de León acompañó a sus familiares y se interesó por su caso. Los testimonios de este expediente serán importantes, en la medida en que las víctimas podrían ofrecer los nombres de algunos de sus captores.
El cuarto caso es el de cinco sampedrinos a quienes “levantaron” de sus domicilios la noche del 21 de julio de 1977 y liberaron cuatro días más tarde en inmediaciones de la estación de rebaje de Transba, ubicada en la Ruta 191.
Ricardo “Perruno” Montalvo, militante del Partido Comunista (PC) con actividades gremiales en la rama bancaria, que tenía 39 años en ese momento; Orlando “Naico” Brambilla, del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), de actividades gremiales en la docencia, con 28 años; Alfredo Velasco, que tenía 37, era miembro del PC y dirigente gremial de los papeleros; Juan Manuel “Gina” Díaz y Florencio Gamarra, ambos ya fallecidos, son las víctimas.
Cuatro fueron secuestrados entre las 23.00 y las 24.00 del 21 de julio de 1977, cada uno desde sus domicilios y en automóviles particulares. Díaz había sido secuestrado la noche anterior.
Brambilla, Montalvo y Velasco relataron a La Opinión que fueron reunidos en otro lugar, vendados y con sus manos atadas con alambres. Según recuerdan, fueron cargados en una camioneta que luego identificaron como una ambulancia del Ejército. De allí fueron trasladados hacia un edificio que luego reconocieron junto al Juez como la Brigada de Investigaciones de San Nicolás.

Allí al menos tres de ellos fueron golpeados y torturados. Hay nombres de sampedrinos que están detenidos por causas similares que podrían estar involucrados al menos en la inteligencia de sus secuestros.

La quinta causa es la que más víctimas posee: Rubén Darío “Negro” Reynoso (desaparecido, luego identificado); Rodolfo Abel Kremer (desaparecido); Miguel Angel Di Pasqua (desaparecido); Oscar Omar Hofer (desaparecido, luego identificado); Víctor Hugo Hofer (desaparecido); Ana Inés Cárdenas; y Carlos Alberto Rojas.

Fueron secuestrados unos en San Pedro y otros en Baradero entre abril y mayo de 1976. Algunos de ellos fueron vistos en el centro clandestino de detención de Campos Salles, en el denominado Gran San Nicolás; otros en la Brigada de Investigaciones. Todos los desaparecidos y los identificados por el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses eran militantes del PRT-ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo).

En las audiencias de esta causa se escucharán testimonios tan valiosos como desgarradores. Por ejemplo, se pondrá en conocimiento momentos en los que Angel Di Pasqua era obligado a “marcar” casas de compañeros, exponiéndolo a él mismo, ensangrentado producto de las torturas (picana eléctrica en los ojos y los testículos; el tristemente famoso “submarino”; golpes de todo tipo, entre otros vejámenes), frente a las viviendas, a la vista de todos los vecinos. Incluso podría revelarse una carta en la que él mismo contaría cómo “se quebró” por los tormentos.