Pedidos de 25 años de prisión para Bignone y Riveros por el Plan Cóndor

Tras más de tres meses de exposición ante el Tribunal Oral Federal 1, el fiscal Pablo Ouviña pidió las condenas en el juicio oral que se realiza en los tribunales de Comodoro Py desde marzo de 2013. Los exresponsables de Institutos Militares Reynado Bignone y Santiago Omar Riveros y otros 18 represores son acusados de encabezar el plan ideado por las dictaduras latinoamericanas para coordinar la represión ilegal en la región.

También se pidieron 25 años para el ex director de la escuela de Caballería Rodolfo Feroglio y el ex jefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza. Todos fueron considerados miembros de una asociación ilícita que cometió privaciones ilegales de la libertad.

Para el exservicio de inteligencia militar uruguayo Manuel Cordero Piacentini también se reclamó una pena de 25 años como partícipe necesario del secuestro de once víctimas.

Otro que tuvo un pedido de pena de 25 años por parte de la fiscalía fue el ex agente de la SIDE Miguel Angel Furci, por su rol en el centro clandestino de detención que funcionó en Automotores Orletti, considerado uno de los principales lugares de reclusión de víctimas del Plan Cóndor. Furci quedó imputado por 60 casos de privación ilegal de la libertad y 123 casos de torturas.

Ouviña reclamó la condena de diez años de reclusión para el ex jefe del área militar 112, sede del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, Federico Antonio Minicucci, y para el ex jefe del Área 331 y director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant, a quienes acusó por asociación ilícita.

En tanto, pidió 16 años de reclusión para ocho acusados, que están siendo juzgados por el rol que les cupo cuando intervinieron en los siguientes cargos: el ex jefe del área 111 con sede en el Batallón Depósito de Arsenales 601 (Quilmes), Eduardo Samuel De Lío; el ex jefe de la subzona 23 con sede en la Brigada de Infantería VII (Corrientes), Eugenio Guañabens Perelló; y el ex jefe del Área 5 de la Capital Federal con sede en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 (Ciudadela), Bernardo José Menéndez.

También pidió 16 años para el ex comandante de Operaciones Navales de la Armada Argentina, Antonio Vañek; el ex jefe del área 232 con sede en el Distrito Militar Misiones, Carlos Humberto Caggiano Tedesco; el ex segundo jefe del Regimiento de Infanteria 1 "Patricios", Felipe Jorge Alespeiti; el ex jefe del subárea 1131 con asiento en el Batallón de Comunicaciones de Comando 601 (City Bell), Néstor Horacio Falcón; y el ex jefe del Área 420 y director de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo, Luis Sadi Pepa.

Todos ellos fueron acusados como autores del delito de asociación ilícita en concurso material con el delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada, en grado de coautores mediatos, en diferentes hechos.

Por los mismos delitos y grados de autoría, Ouviña reclamó 22 años de reclusión para el ex jefe del Área 521 con sede en el Batallón Ingenieros de Construcción 182 de Neuquén, Enrique Braulio Olea, por asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad agravada en dos oportunidades.

El representante del Ministerio Público Fiscal pidió la absolución para el ex director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Juan Avelino Rodríguez, de quien no se pudo probar si fue jefe de área y la responsabilidad que en esa calidad se le atribuía en un caso de privación ilegítima de la libertad.

El juicio, a cargo de los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer, seguirá con los alegatos de las defensas de los 18 acusados.

También se pidieron 25 años para el ex director de la escuela de Caballería Rodolfo Feroglio y el ex jefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza. Todos fueron considerados miembros de una asociación ilícita que cometió privaciones ilegales de la libertad.

Para el exservicio de inteligencia militar uruguayo Manuel Cordero Piacentini también se reclamó una pena de 25 años como partícipe necesario del secuestro de once víctimas.

Otro que tuvo un pedido de pena de 25 años por parte de la fiscalía fue el ex agente de la SIDE Miguel Angel Furci, por su rol en el centro clandestino de detención que funcionó en Automotores Orletti, considerado uno de los principales lugares de reclusión de víctimas del Plan Cóndor. Furci quedó imputado por 60 casos de privación ilegal de la libertad y 123 casos de torturas.

Ouviña reclamó la condena de diez años de reclusión para el ex jefe del área militar 112, sede del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, Federico Antonio Minicucci, y para el ex jefe del Área 331 y director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant, a quienes acusó por asociación ilícita.

En tanto, pidió 16 años de reclusión para ocho acusados, que están siendo juzgados por el rol que les cupo cuando intervinieron en los siguientes cargos: el ex jefe del área 111 con sede en el Batallón Depósito de Arsenales 601 (Quilmes), Eduardo Samuel De Lío; el ex jefe de la subzona 23 con sede en la Brigada de Infantería VII (Corrientes), Eugenio Guañabens Perelló; y el ex jefe del Área 5 de la Capital Federal con sede en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 (Ciudadela), Bernardo José Menéndez.

También pidió 16 años para el ex comandante de Operaciones Navales de la Armada Argentina, Antonio Vañek; el ex jefe del área 232 con sede en el Distrito Militar Misiones, Carlos Humberto Caggiano Tedesco; el ex segundo jefe del Regimiento de Infanteria 1 "Patricios", Felipe Jorge Alespeiti; el ex jefe del subárea 1131 con asiento en el Batallón de Comunicaciones de Comando 601 (City Bell), Néstor Horacio Falcón; y el ex jefe del Área 420 y director de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo, Luis Sadi Pepa.

Todos ellos fueron acusados como autores del delito de asociación ilícita en concurso material con el delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada, en grado de coautores mediatos, en diferentes hechos.

Por los mismos delitos y grados de autoría, Ouviña reclamó 22 años de reclusión para el ex jefe del Área 521 con sede en el Batallón Ingenieros de Construcción 182 de Neuquén, Enrique Braulio Olea, por asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad agravada en dos oportunidades.

El representante del Ministerio Público Fiscal pidió la absolución para el ex director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Juan Avelino Rodríguez, de quien no se pudo probar si fue jefe de área y la responsabilidad que en esa calidad se le atribuía en un caso de privación ilegítima de la libertad.

El juicio, a cargo de los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer, seguirá con los alegatos de las defensas de los 18 acusados.

Juzgan los crímenes de la Dictadura cometidos en San Pedro

Las históricas audiencias comienzan miércoles y jueves. Cinco causas, 19 víctimas, 37 testigos y tres imputados, entre ellos el exsuboficial sampedrino Daniel Fernando Quintana. Habrá testimonios desgarradores, de los que podrían surgir nuevos elementos respecto de las complicidades con los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de personas.

Quien doble por calle Mitre hacia Boulevard Paraná se encontrará con un pasacalles que dice “los Juzga un Tribunal, los condenamos todos”. Si hace lo propio por Pellegrini, al llegar a la puerta del Palacio Municipal se entera con certeza de qué se trata, ya que otro cartel indica “en San Pedro se juzgan genocidas, megacausa Saint Amant II”.

Las audiencias por los delitos de lesa humanidad cometidos en esta ciudad en el marco de la sangrienta Dictadura cívico-militar que tuvo el poder en el país durante 1976 y 1983 comenzarán hoy miércoles y se extenderán hasta el 26 de noviembre.
Los testimonios que pasen por este histórico hecho pueden determinar implicaciones de militares, policías y civiles que fueron parte o al menos colaboraron con el aparato represivo que ejecutó el terrorismo de Estado en todo el territorio nacional.

Saint Amant, otra vez
Estos juicios son parte de la segunda megacausa contra el excoronel Manuel Fernando Saint Amant –actualmente detenido en Ezeiza, donde a sus 82 años cumple condena por crímenes similares– quien estuvo a cargo del área militar 132, con asiento en San Nicolás, de la que dependían San Pedro, Baradero y Pergamino.
Son 15 expedientes unificados, de los cuales cinco corresponden a delitos cometidos en San Pedro, cuyas víctimas son sampedrinos y baraderenses.
En total hay once expolicías bonaerenses y cuatro militares imputados en 75 casos de víctimas de secuestros, privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos, torturas, homicidios y desapariciones. Para lo que sucedió en nuestro territorio, los imputados son tres: Saint Amant; su segundo, el Mayor Antonio Federico Bossie; y el exsuboficial de la Policía Bonaerense Daniel Fernando Quintana, sampedrino.
Las audiencias comienzan este miércoles a las 11.30 de la mañana y se desarrollarán en el Salón Dorado de la Municipalidad. Antes, a las 11.00, habrá una radio abierta en las puertas del edificio. El público puede acceder al recinto previa acreditación con DNI y fotocopia. Además podrán seguir todos los testimonios a través del Centro de Información Judicial vía internet, en la página www.cij.gov.ar. La Mesa por la Memoria evaluaba la posibilidad de instalar una pantalla afuera del Concejo Deliberante.

Cinco causas, 19 víctimas
Las causas cuyos hechos se ventilarán en las audiencias en San Pedro son cinco, que entre todas suman 19 víctimas. De ellos seis fueron asesinados y desaparecidos, de los cuales sólo los restos de dos fueron identificados. Además, dos de los detenidos ilegalmente y luego liberados ya fallecieron. Los demás prestarán declaración durante las jornadas.
El primero de los casos es el de los hermanos Julio y Carlos Pheulpin. Ambos militantes del Partido Comunista, el primero detenido en diciembre de 1976 en la Comisaría de San Pedro, luego trasladado al Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de San Nicolás, donde fue torturado. Más tarde, por gestiones del entonces Obispo Carlos Ponce de León, fue legalizado y, como preso político, fue trasladado a la Unidad Penal 3, donde estuvo hasta que, tras pasar por la Justicia Federal de la Dictadura y el Consejo de Guerra, fue sobreseído. El segundo, en tanto, estuvo detenido sin explicaciones en enero de 1977 en la comisaría de San Nicolás. Siete personas testificarán por este expediente.
El segundo es el caso de los hermanos José, Raúl y Julio Peris, oriundos de Baradero. Julio, uno de los últimos miembros activos del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) permanece desaparecido.
En abril de 1976 ingresaron ilegalmente al domicilio de la familia Peris en Baradero y sometieron a sus integrantes a apremios ilegales, vejaciones incluidas. En agosto, Julio Peris fue secuestrado en proximidades a San Pedro y desde entonces nada se supo de él.
La tercera causa tiene que ver con una pareja también oriunda de Baradero, detenida en inmediaciones de la parroquia Nuestra Señora del Socorro a mediados de agosto de 1976. Sus nombres son Graciela Zelayeta y Eduardo Schiel, él abogado querellante en la causa por la extraña muerte del Obispo Ponce de León.
Ambos militantes de Montoneros, estaban distribuyendo volantes cuando los detuvieron efectivos de la Prefectura Naval, a cuya sede fueron trasladados. De allí los liberaron, pero luego, a las pocas cuadras, los volvieron a detener. Ya vendados, los habrían trasladado a la Comisaría, desde donde fueron enviados a centros clandestinos de detención, en baúles de vehículos.
Schiel fue legalizado y sometido a la Justicia Federal, a cargo del Juez Milesi. Ponce de León acompañó a sus familiares y se interesó por su caso. Los testimonios de este expediente serán importantes, en la medida en que las víctimas podrían ofrecer los nombres de algunos de sus captores.
El cuarto caso es el de cinco sampedrinos a quienes “levantaron” de sus domicilios la noche del 21 de julio de 1977 y liberaron cuatro días más tarde en inmediaciones de la estación de rebaje de Transba, ubicada en la Ruta 191.
Ricardo “Perruno” Montalvo, militante del Partido Comunista (PC) con actividades gremiales en la rama bancaria, que tenía 39 años en ese momento; Orlando “Naico” Brambilla, del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), de actividades gremiales en la docencia, con 28 años; Alfredo Velasco, que tenía 37, era miembro del PC y dirigente gremial de los papeleros; Juan Manuel “Gina” Díaz y Florencio Gamarra, ambos ya fallecidos, son las víctimas.
Cuatro fueron secuestrados entre las 23.00 y las 24.00 del 21 de julio de 1977, cada uno desde sus domicilios y en automóviles particulares. Díaz había sido secuestrado la noche anterior.
Brambilla, Montalvo y Velasco relataron a La Opinión que fueron reunidos en otro lugar, vendados y con sus manos atadas con alambres. Según recuerdan, fueron cargados en una camioneta que luego identificaron como una ambulancia del Ejército. De allí fueron trasladados hacia un edificio que luego reconocieron junto al Juez como la Brigada de Investigaciones de San Nicolás.

Allí al menos tres de ellos fueron golpeados y torturados. Hay nombres de sampedrinos que están detenidos por causas similares que podrían estar involucrados al menos en la inteligencia de sus secuestros.

La quinta causa es la que más víctimas posee: Rubén Darío “Negro” Reynoso (desaparecido, luego identificado); Rodolfo Abel Kremer (desaparecido); Miguel Angel Di Pasqua (desaparecido); Oscar Omar Hofer (desaparecido, luego identificado); Víctor Hugo Hofer (desaparecido); Ana Inés Cárdenas; y Carlos Alberto Rojas.

Fueron secuestrados unos en San Pedro y otros en Baradero entre abril y mayo de 1976. Algunos de ellos fueron vistos en el centro clandestino de detención de Campos Salles, en el denominado Gran San Nicolás; otros en la Brigada de Investigaciones. Todos los desaparecidos y los identificados por el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses eran militantes del PRT-ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo).

En las audiencias de esta causa se escucharán testimonios tan valiosos como desgarradores. Por ejemplo, se pondrá en conocimiento momentos en los que Angel Di Pasqua era obligado a “marcar” casas de compañeros, exponiéndolo a él mismo, ensangrentado producto de las torturas (picana eléctrica en los ojos y los testículos; el tristemente famoso “submarino”; golpes de todo tipo, entre otros vejámenes), frente a las viviendas, a la vista de todos los vecinos. Incluso podría revelarse una carta en la que él mismo contaría cómo “se quebró” por los tormentos.

Bignone, el último presidente de la dictadura

El ex dictador Reynaldo Bignone será juzgado por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo. Riveros y Verplaetsen van por su segunda condena. Debuta el coronel Tepedino, ex jefe del Batallón de Inteligencia 601.

Por Diego Martínez

Un cuarto de siglo después de colocarle la banda presidencial a Raúl Alfonsín, el último dictador rendirá cuentas ante la Justicia. Reynaldo Benito Bignone, el general que ordenó incinerar los archivos de las Fuerzas Armadas sobre la guerra sucia y que confesó ante una periodista francesa que los desaparecidos “sólo fueron ocho mil”, comenzará a ser juzgado mañana por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, el mayor centro de torturas y exterminio del país durante la última dictadura. El ex presidente de facto tras la aventura de Malvinas, de 81 años, estará acompañado por cinco generales, incluidos tres condenados en agosto por el asesinato de Floreal Avellaneda, más el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601, coronel Carlos Alberto Tepedino, y el ex comisario Germán Montenegro. Están imputados por 56 casos de secuestros, tormentos y homicidios.

Ultima escala de miles de desaparecidos, Campo de Mayo es tal vez la mayor deuda del Poder Judicial con la sociedad argentina. A diferencia de la causa ESMA, con setenta procesados y ninguna condena, la mayor guarnición del Ejército va por su segundo juicio con el noventa por ciento de sus represores libres e impunes. La escasez de sobrevivientes es uno de los motivos, tan real como las deficiencias en la instrucción y los obstáculos de la Cámara Federal de San Martín. El condenado más famoso es el general Santiago Riveros, ex jefe del Comando de Institutos Militares, de la ex Zona IV, y responsable de los centros clandestinos El Campito, Las Casitas, el Hospital Militar donde funcionó la maternidad clandestina, y la ex Cárcel de Encausados, que hoy aloja a represores con preventiva pero donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular.

Riveros, de 86 años, quien purga su sentencia en el penal de Marcos Paz, volverá a ser juzgado junto con otros dos condenados: los generales Fernando Ezequiel Verplaetsen, 84 años, ex jefe de inteligencia, y Jorge Osvaldo García, 82 años, que esta vez no será juzgado como ex director de la Escuela de Infantería sino del Colegio Militar de la Nación, escala previa al “Campito” de varios secuestrados. García lamentó hace dos meses la pasividad de sus cómplices civiles, “entusiastas de las Fuerzas Armadas de entonces” a quienes “no se les pide adhesión pero sí memoria”. El nuevo juicio le permitirá seguir pensando el tema, ya que incluirá el caso de Héctor Ratto, obrero de Mercedes Benz. Su gerente de producción Juan Rolando Tasselkraut entregó en presencia de Ratto la dirección de uno de los catorce delegados de la firma que permanecen desaparecidos.

Los otros dos generales tienen 83 años. Eugenio Guañabens Perelló será juzgado como autor mediato de secuestros y homicidios cuando dirigía en 1977 la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate General Lemos y comandaba el área militar 470, en el partido de General Sarmiento. Eduardo Alfredo Espósito fue ese mismo año director de la Escuela de Ingenieros y jefe del área 410, que abarcaba Escobar y Tigre, pagos del preso más famoso de la causa: el ex intendente y torturador confeso Luis Patti.

El séptimo militar es Tepedino, a quien Página/12 fotografió y denunció en 2003 por violar su arresto domiciliario. El coronel retirado de 82 años fue director de Inteligencia Interior de la SIDE entre 1975 y 1977 y comandó el Batallón de Callao y Viamonte en 1978 y 1979. El 601 procesaba y redistribuía la información que los destacamentos de inteligencia del Ejército de todo el país arrancaban en las mesas de torturas. Tanto Bignone como Riveros destacaron en sus indagatorias el rol de los subordinados de Tepedino. “El traslado de detenidos era decidido por personal de inteligencia del Batallón 601 destinado en Campo de Mayo, ya que eran los especialistas en interrogatorios. Gracias a ellos se ganó la guerra”, celebró Riveros.

Uno de los torturadores más recordados entre los sobrevivientes fue Néstor León López, miembro de Prefectura Naval a quien el 601 destinó en comisión a El Campito, donde se especializó en militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. “El Alemán”, que usaba una fusta para realzar su autoridad, fue identificado cuando ya había muerto por Juan Carlos Scarpati, que no dudó al ver las fotos de su legajo. También murió a tiempo el teniente coronel Jorge Voso, alias “Ginebrón” o “Víctor”, ex responsable del centro clandestino.

Otro interrogador impune pero vivo es Carlos Eduardo Somoza, alias “Gordo” o “Fito”, ex miembro de Gendarmería y de la Central de Reunión del 601. Hace treinta años usaba el nombre de cobertura César Ernesto Segal y se especializaba en militantes de Montoneros. Tal como informó Página/12, Somoza se fugó hace tres meses con la colaboración de un agente de la División Operaciones del Departamento Seguridad del Estado de la Policía Federal, que tocó timbre en su casa y fue a un locutorio a avisar que no estaba. La captura frustrada la había requerido el juez Ariel Lijo por su rol en el Operativo Murciélago. Su detención en la causa Campo de Mayo fue solicitada hace dos años, pero ni el ex juez Martín Suares Araujo ni su subrogante Juan Manuel Yalj la ordenaron aún.

El rostro final

Tras la guerra de las Malvinas, el general Cristino Nicolaides designó en nombre del Ejército al entonces general retirado Reynaldo Benito Antonio Bignone en el Poder Ejecutivo. Las crónicas de la época hablaban de la designación por “un solo voto”, el voto del Ejército, en una estructura en la que la Junta de Comandantes se disolvía. Bignone asumió el 1º de julio de 1982 como cuarto jefe del gobierno de la última dictadura. Tenía 54 años. A fuerza del trabajo de los organismos de derechos humanos, en el país se abría el camino de la recuperación democrática. En ese contexto, Bignone inició la negociación con los partidos políticos nucleados en la multisectorial que lideraba Raúl Alfonsín y preparaba la firma de un paquete de leyes de amnistía a los militares.

“¿Cualquier gobierno surgido de las elecciones es mejor que un gobierno militar?”, preguntó por aquellos días la revista Gente. “¡No!”, respondió el general Bignone. “El fundamento esencial del sistema democrático es que surja el mejor gobierno y entonces le digo que sí, que el mejor gobierno surgido de elecciones, es mejor que un gobierno militar.”

Los sobrevivientes de los campos clandestinos recordaron años después otras frases. “En una guerra sucia, el inocente paga por los culpables.” Y Bignone es la misma persona que años más tarde, en 2003, admitió ante una cámara oculta que los instructores franceses enseñaron a los militares argentinos el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina de personas. O que el Episcopado argentino aprobó aquella práctica. “Fue una copia”, le dijo a la periodista Marie-Monique Robin, intentando comparar la batalla de Argel con la Argentina. “Inteligencia, cuadriculación del territorio dividido en zonas. La diferencia era que Argelia era una colonia y lo nuestro fue dentro del país, era una diferencia de fondo pero no de forma en la aplicación de la doctrina.”

Bignone nació en Morón, el 21 de enero de 1928. A los 19 años entró a la Infantería de Marina del Ejército, estudió en la Escuela Superior de Guerra y en la España de Franco. En 1964 ascendió a jefe del VI Regimiento de Infantería, en 1975 a secretario del Estado Mayor del Ejército y quedó como director del Colegio Militar del Palomar. Tras participar del derrocamiento de Isabel Perón, el 28 de marzo de 1976 envió a una patota que ocupó el policlínico Posadas de Haedo, convertido en centro clandestino en un operativo que terminó con 40 secuestrados. Fue subjefe del Comando de Institutos Militares debajo de Santiago Omar Riveros. Dicen que su retiro en 1981, tras la caída de Videla y el distanciamiento con las cúpulas militares que siguieron, le dio una imagen ideal a la que apeló el Ejército para la transición.

Ante la sociedad, dijo que venía a restaurar la democracia. Pero su mandato iba a incluir una tarea clave: la negociación con las fuerzas políticas para el retiro ordenado, sin investigaciones ni sanciones de los dictadores, como recuerdan Eduardo Kimel y María del Carmen Ruiz en 20 años de historia política argentina. El 28 de abril de 1983 firmó el decreto 2726 para destruir la documentación sobre detenciones, tortura y asesinato de desaparecidos. Y dictó el documento final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo, que dictaminaba la muerte de los desaparecidos. El 23 de septiembre firmó la ley de Amnistía o Pacificación Nacional para los miembros de las FF.AA. sobre todos los actos cometidos en la guerra contra la subversión que el Congreso después anulará.

El Juicio a las Juntas de diciembre de 1985 juzgó a nueve integrantes de las tres primeras juntas. La última, presidida por Bignone, fue excluida. En 1984 quedó detenido por la desaparición de dos conscriptos, pero quedó en libertad por las leyes de la impunidad. Fue detenido nuevamente en 1999, en el marco de la investigación por el robo de bebés y el secuestro y desaparición de médicos del Hospital Posadas.