Tras más de tres meses de exposición ante el Tribunal Oral Federal 1, el fiscal Pablo Ouviña pidió las condenas en el juicio oral que se realiza en los tribunales de Comodoro Py desde marzo de 2013. Los exresponsables de Institutos Militares Reynado Bignone y Santiago Omar Riveros y otros 18 represores son acusados de encabezar el plan ideado por las dictaduras latinoamericanas para coordinar la represión ilegal en la región.
También se pidieron 25 años para el ex director de la escuela de Caballería Rodolfo Feroglio y el ex jefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza. Todos fueron considerados miembros de una asociación ilícita que cometió privaciones ilegales de la libertad.
Para el exservicio de inteligencia militar uruguayo Manuel Cordero Piacentini también se reclamó una pena de 25 años como partícipe necesario del secuestro de once víctimas.
Otro que tuvo un pedido de pena de 25 años por parte de la fiscalía fue el ex agente de la SIDE Miguel Angel Furci, por su rol en el centro clandestino de detención que funcionó en Automotores Orletti, considerado uno de los principales lugares de reclusión de víctimas del Plan Cóndor. Furci quedó imputado por 60 casos de privación ilegal de la libertad y 123 casos de torturas.
Ouviña reclamó la condena de diez años de reclusión para el ex jefe del área militar 112, sede del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, Federico Antonio Minicucci, y para el ex jefe del Área 331 y director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant, a quienes acusó por asociación ilícita.
En tanto, pidió 16 años de reclusión para ocho acusados, que están siendo juzgados por el rol que les cupo cuando intervinieron en los siguientes cargos: el ex jefe del área 111 con sede en el Batallón Depósito de Arsenales 601 (Quilmes), Eduardo Samuel De Lío; el ex jefe de la subzona 23 con sede en la Brigada de Infantería VII (Corrientes), Eugenio Guañabens Perelló; y el ex jefe del Área 5 de la Capital Federal con sede en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 (Ciudadela), Bernardo José Menéndez.
También pidió 16 años para el ex comandante de Operaciones Navales de la Armada Argentina, Antonio Vañek; el ex jefe del área 232 con sede en el Distrito Militar Misiones, Carlos Humberto Caggiano Tedesco; el ex segundo jefe del Regimiento de Infanteria 1 "Patricios", Felipe Jorge Alespeiti; el ex jefe del subárea 1131 con asiento en el Batallón de Comunicaciones de Comando 601 (City Bell), Néstor Horacio Falcón; y el ex jefe del Área 420 y director de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo, Luis Sadi Pepa.
Todos ellos fueron acusados como autores del delito de asociación ilícita en concurso material con el delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada, en grado de coautores mediatos, en diferentes hechos.
Por los mismos delitos y grados de autoría, Ouviña reclamó 22 años de reclusión para el ex jefe del Área 521 con sede en el Batallón Ingenieros de Construcción 182 de Neuquén, Enrique Braulio Olea, por asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad agravada en dos oportunidades.
El representante del Ministerio Público Fiscal pidió la absolución para el ex director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Juan Avelino Rodríguez, de quien no se pudo probar si fue jefe de área y la responsabilidad que en esa calidad se le atribuía en un caso de privación ilegítima de la libertad.
El juicio, a cargo de los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer, seguirá con los alegatos de las defensas de los 18 acusados.
También se pidieron 25 años para el ex director de la escuela de Caballería Rodolfo Feroglio y el ex jefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza. Todos fueron considerados miembros de una asociación ilícita que cometió privaciones ilegales de la libertad.
Para el exservicio de inteligencia militar uruguayo Manuel Cordero Piacentini también se reclamó una pena de 25 años como partícipe necesario del secuestro de once víctimas.
Otro que tuvo un pedido de pena de 25 años por parte de la fiscalía fue el ex agente de la SIDE Miguel Angel Furci, por su rol en el centro clandestino de detención que funcionó en Automotores Orletti, considerado uno de los principales lugares de reclusión de víctimas del Plan Cóndor. Furci quedó imputado por 60 casos de privación ilegal de la libertad y 123 casos de torturas.
Ouviña reclamó la condena de diez años de reclusión para el ex jefe del área militar 112, sede del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, Federico Antonio Minicucci, y para el ex jefe del Área 331 y director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant, a quienes acusó por asociación ilícita.
En tanto, pidió 16 años de reclusión para ocho acusados, que están siendo juzgados por el rol que les cupo cuando intervinieron en los siguientes cargos: el ex jefe del área 111 con sede en el Batallón Depósito de Arsenales 601 (Quilmes), Eduardo Samuel De Lío; el ex jefe de la subzona 23 con sede en la Brigada de Infantería VII (Corrientes), Eugenio Guañabens Perelló; y el ex jefe del Área 5 de la Capital Federal con sede en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 (Ciudadela), Bernardo José Menéndez.
También pidió 16 años para el ex comandante de Operaciones Navales de la Armada Argentina, Antonio Vañek; el ex jefe del área 232 con sede en el Distrito Militar Misiones, Carlos Humberto Caggiano Tedesco; el ex segundo jefe del Regimiento de Infanteria 1 "Patricios", Felipe Jorge Alespeiti; el ex jefe del subárea 1131 con asiento en el Batallón de Comunicaciones de Comando 601 (City Bell), Néstor Horacio Falcón; y el ex jefe del Área 420 y director de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo, Luis Sadi Pepa.
Todos ellos fueron acusados como autores del delito de asociación ilícita en concurso material con el delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada, en grado de coautores mediatos, en diferentes hechos.
Por los mismos delitos y grados de autoría, Ouviña reclamó 22 años de reclusión para el ex jefe del Área 521 con sede en el Batallón Ingenieros de Construcción 182 de Neuquén, Enrique Braulio Olea, por asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad agravada en dos oportunidades.
El representante del Ministerio Público Fiscal pidió la absolución para el ex director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Juan Avelino Rodríguez, de quien no se pudo probar si fue jefe de área y la responsabilidad que en esa calidad se le atribuía en un caso de privación ilegítima de la libertad.
El juicio, a cargo de los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer, seguirá con los alegatos de las defensas de los 18 acusados.
